Tijuana es un caos. Como hace unos 30 años, es una ciudad que se ve abandonada. Sin agua, muchas veces sin energía eléctrica, con un servicio harto deficiente en la recolección de basura y, por tanto, baches, calles sucias y en pésimo estado que averían vehículos y ponen en peligro la vida de automovilistas y peatones, sin ahondar en la inseguridad que mata, que lacera, que acaba con patrimonios lícitos y lleva al éxodo.
Al caos provocado por la falta de atención a los servicios básicos y el mantenimiento urbano, se suma la crisis de tráfico debido a innecesarias, mal planeadas, descoordinadas y carísimas obras. Sin estudios de impacto para su construcción en coordinación unas con otras, las obras las desarrollan a su libre albedrío tanto Federación, como Estado y Municipio.
En una ciudad ahogada por el crecimiento no ordenado, las vías alternas no existen. El tráfico vehicular se desvía a otras vialidades ya de suyo con aglomeraciones, y se cambian sentidos de carriles sin el menor recato.
Es de suponer que este entramado, surgido por la incapacidad gubernamental para establecer planes de desarrollo acorde a las necesidades del crecimiento de las ciudades y apegarse a ellos a pesar del cambio de siglas en los partidos gobernantes, trae otras consecuencias trágicas: accidentes vehiculares, atropellamientos, hundimiento de calles, socavones (muchas de las vialidades utilizadas como alternas no están construidas para el exceso de tráfico) y cientos de baches en bulevares, avenidas, calles, colonias.
Pero si los tres órdenes de gobierno no se organizan o acuerdan un calendario de obras para su realización sin afectar a la sociedad, las municipales solas tampoco lo hacen.
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En medio del caos del tráfico, la Policía Municipal le aporta a la crisis levantando retenes sin considerar los pasos ya de por sí ralentizados para verificar vehículos, instalar alcoholímetros o cerrar el paso después de un hecho delictivo.
En esas condiciones, los ciudadanos tampoco abonan a la tranquilidad y el orden.
Muchos de los automovilistas, ante una larga fila debido a que la vía de comunicación habitual está cerrada por una obra, utilizan el carril de acotamiento de la “alterna”, como si fuera un tercer, cuarto carril o quinto carril, tal cual sucede en el acceso a la Avenida Internacional, cuando da la casualidad y el contentillo de las constructoras que trabajan en el segundo piso sin salidas ni retornos.
¿Y la Policía de Tránsito? Ni sus luces. Generalmente no están donde deben poner orden, sino donde pueden sacar una mordida a un automovilista joven, con placas extranjeras o llamativo vehículo conducido por una persona común.
Sea en la Vía Rápida Oriente, en la Internacional, en el Bulevar Cuauhtémoc Sur, en el Libramiento, en la subida de la colonia Libertad, en la bajada de Otay Universidad, a la salida de Tijuana para encaminarse a Tecate o en los carriles de acceso a la Carretera Escénica, en el centro de la ciudad, en las líneas para llegar a la garita fronteriza o en cualquier bulevar, en todos los casos, vías con baches y limitada señalización que hacen de alternas. Los automovilistas se aprovechan de la corrupción municipal para transgredir el reglamento municipal y establecer carriles inexistentes en zonas de acotamiento, provocando no sólo un cuello de botella y caos vial, sino accidentes con otros vehículos a los que intentan burlar para acelerar por segundos y entrar en el carril correcto.
No hay, pues, una cultura vial en la ciudadanía, porque no hay una fuerza municipal de tránsito que trabaje para ordenar la movilidad en la ciudad. No es un tema que interese a las autoridades municipales porque no deja tanto como la corrupción, pese a tratarse de un fenómeno urbano que afecta la economía, la tranquilidad, la seguridad y el desarrollo de los ciudadanos.
Considerando las desordenadas obras que se realizan en este momento, la población debe contemplar horas para llegar de un punto a otro. Dos, tres horas para llegar a la UABC, al Tecnológico de Tijuana o a cualquier escuela privada en Playas de Tijuana. La pérdida de tiempo en el tráfico, sea en transporte público, también harto deficiente, anárquico en sus rutas y con unidades en pésimo estado que contaminan más de lo que conectan, ya sea en un vehículo privado o propio, lleva a la pérdida de tiempo de trabajo, de academia y de calidad en familia.
No hay autoridad alguna que se atreva, especialmente la Policía de Tránsito Municipal, a regular los flujos vehiculares, a multar a ciudadanos abusivos u omisos del reglamento municipal, para poner un poco de orden al caos vehicular que provocan con la falta de coordinación en la planeación (no existe) de las obras.
Eso sí, cuando una candidata dice que Tijuana está fea, las gobernantes de la ciudad y del Estado saltan a defender no sólo lo indefendible, sino lo evidente: una ciudad sucia, con baches, mal planeada, sin vías alternas, sin autoridad de tránsito, con policías corruptos, sin servicios básicos y un gobierno municipal omiso. Ingredientes todos, para un caldo de corrupción, impunidad y desorden. Y un tercer carril, cuarto, o el quinto… el que sea. Total, no hay Ley ni autoridad.
