El 17 de abril de 2024, en el pleno de la Cámara de Diputados fue suspendida la discusión del dictamen con que Morena y partidos afines pretenden modificar diversas leyes para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que “procurará” compensar la pensión que recibirán trabajadores que comenzaron a cotizar en el Seguro Social en 1997 y en el Issste en 2007.
La propuesta ha sido tildada de “un robo en despoblado” y “expropiación” por legisladores de oposición (PAN, PRI, PRD, MC), ya que si se aprueba en el pleno de San Lázaro y el Senado, se transferirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar los ahorros de dos millones de cuentas de las personas que en algún momento trabajaron en el sector privado cotizando para el IMSS y/o el gobierno federal (Issste) al llegar a la edad de 70 y 75 años, respectivamente, de no ser reclamadas por los trabajadores y/o beneficiarios.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, había afirmado que la transferencia de recursos -estimada en 40 mil millones de pesos- sería sólo de cuentas inactivas (personas que ya no están trabajando en la formalidad). Pero de último momento, en el pleno de San Lázaro, diputados panistas acusaron que entre una docena de cambios hechos irregularmente al dictamen aprobado en la Comisión de Seguridad Social se eliminó la especificación de que la transferencia no sería aplicable a las cuentas de trabajadores con una relación laboral activa. Hecho que fue atribuido a “un error humano” por Mier Velazco y provocó que el dictamen fuera regresado a la Comisión.
Horas antes, en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “es mentira que se quiera expropiar el dinero de los trabajadores” y acusó que las Afores están detrás de la “campaña” contra la iniciativa morenista en medio de la contienda electoral.
La propuesta de Mier Velazco e Ivonne Cisneros Luján no establece claramente cómo serán devueltos al trabajador o sus beneficiarios el recurso transferido, con todo y que el documento al que tuvo acceso ZETA manifiesta textualmente la “imprescriptibilidad” de ese derecho.
Por otro lado, el dictamen avalado el lunes pasado en la Comisión de Seguridad Social difiere de la iniciativa Constitucional presentada por López Obrador a principios de febrero, pues la propuesta de los legisladores morenistas señala que el Fondo “procurará que los trabajadores que alcancen 65 años y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS reciban un complemento”, sin establecer una cantidad, a diferencia de la de AMLO, que establece un mínimo de 16 mil 770 pesos mensual.
El dictamen rebotado tampoco establece el monto global del fondo, aunque Cisneros Luján dijo a ZETA que sería de 60 mil millones pesos. Ni proyecta cuántas personas serán beneficiadas.
De prosperar el dictamen morenista, el primer año beneficiaría a siete mil personas que se pensionarían; en el segundo año, 14 mil personas; y hasta 2050, dos millones, aseguró el diputado perredista José Juan Barrientos Maya desde la tribuna de San Lázaro.
ELECTORERA: NO RESUELVE PROBLEMAS DEL SISTEMA
Enrique Díaz Infante, director del sistema financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que la propuesta morenista implica una “doble injusticia” contra las personas con cuentas inactivas, ya que se les privará de su ahorro y de la posibilidad de pensionarse, al no ser trabajadores con una relación laboral vigente, ahondándose la brecha entre pensionados y no pensionados.
“Es una reforma totalmente perjudicial” para las finanzas públicas; no viene acompañada con una reforma fiscal y hacendaria que la haga sostenible. “Se le va a quitar a unos para dárselo a otros”.
Por ello, desde el CEEY se propone hacer un inventario de todos los esquemas pensionarios. “Hacer estudios actuariales que nos permitan determinar a cuánto equivale esta obligación pensionaria, y para eso es fundamental que haya una ley marco, y un Instituto Nacional de Pensiones que haga ese trabajo y establezca parámetros”, para luego definir la edad de retiro conforme a cambio demográfico y la realidad del mercado laboral, donde más del 50 por ciento de las personas trabaja en la informalidad.
El especialista calificó como “electorera” la propuesta de Morena y de AMLO, toda vez que “no resuelven ninguno de los problemas” del sistema de retiro como es la baja cobertura (24 por ciento en 2022); la desigualdad entre las pensiones de beneficios definidos (CFE, Pemex), las contributivas por cuentas individuales (Afores) y las no contributivas (programas sociales); así como el envejecimiento de la población; y la sostenibilidad financiera.
Pese a la gravedad de los problemas, ninguna candidatura presidencial -Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PT, PVEM), Xóchitl Gálvez Ríos (PAN-PRI-PRD), Jorge Álvarez Máynez (MC)- tiene una propuesta clara para mejorar el sistema, que es “el problema más grande de las finanzas públicas del país”, criticó el especialista.
Datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señalan que la reforma constitucional de AMLO y las propuestas de las candidatas (que redundan en bajar la edad para del programa social de adultos mayores) aumentaría el gasto para pensiones de 5.8 a 7.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de 2024 a 2030.
Díaz Infante dijo que, la ausencia de una reforma fiscal y hacendaria ha provocado que se esté recortando el gasto a educación, infraestructura y salud para pagar pensiones. “Esto viene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y se ha hondado en este sexenio”, comprometiéndose el crecimiento incluyente del país en perjuicio de los más jóvenes.
“Es una bola de nieve que está creciendo y no se está haciendo nada al respecto; los candidatos no están hablando de estos temas que nos deberían interesar a todos”, sentenció.
EL FONDO
El recurso del Fondo de Pensiones para el Bienestar provendrá de:
*Las cuentas inactivas de Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez, Subcuenta de vivienda de los trabajadores, pasarán al Fondo de Pensiones del Bienestar cuando cumplan 70 años, en el caso del IMSS, y 75 años en el Issste, y no hayan sido reclamados.
*Se emitirá un aviso, dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 y/o 75 años, afín de que el recurso sea reclamado.
*Los adeudos (valuados en 88 mil 528 mdp en 2023) que logre cobrar el Issste por concepto de cuotas y aportaciones registradas en 2023 y 2024. Así como los ingresos por la venta de inmuebles propiedad del instituto en 2024 y 2025.
*Ingresos federales por créditos fiscales que sean cobrados por entidades federativas.
*75 por ciento de los ingresos netos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a partir de 2024.
*Fondos resultantes de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
*25 por ciento de ingresos de las paraestatales sectorizadas al Ejército y la Marina, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, AIFA.
¿CÓMO OPERARÁ?
*Se establecerá un fideicomiso, cuyo fiduciario será el Banco de México (Banxico), así como un Comité Técnico, que deberá emitir las reglas de la recepción, administración, inversión del recurso.
*El Fondo tendrá una reserva para que el IMSS, Infonavit y el Issste puedan devolver el recurso, con base en una metodología que deberá aprobar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
*La reserva será determinada cada dos años por el IMSS, Infonavit e Issste (actualmente se revisa al año).
PRI VISLUMBRA PROBLEMAS FINANCIEROS EN IMSS E ISSSTE
Al respecto, el PRI presentará una acción de inconstitucionalidad, porque de prosperar la iniciativa morenista se estaría tomando las cuentas individuales sin permiso de los trabajadores, adelantó Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro.
Consideró que el Gobierno Federal tiene prisa de aprobar el dictamen porque “trae broncas el IMSS y el Issste, y les quieren echar un tanto de dinero de vida”. Además de que se intenta “atar a la siguiente presidenta, en este caso Xóchitl Gálvez, para que no pueda hacer muchas cosas”.
En su opinión, la iniciativa morenista es una “ocurrencia” y una “gran falacia” que no tiene un fondeo claro, porque los 40 mil millones de pesos de los ahorros de los trabajadores no alcanzarían para dar pensiones de 16 mil pesos; amén de que ese monto no se estableció en el dictamen, aseveró.
PAN ALISTA AMPAROS
Patricia Terrazas Baca, diputada federal del PAN, adelantó que se presentarán amparos si el dictamen transita por el Congreso de la Unión, y criticó que el gobierno no busque a los propietarios de los recursos que no han sido reclamados en las cuentas inactivas de las Afores.
“La obligación del Estado es dar certidumbre jurídica, y nadie puede ser molestado en sus propiedades salvo juicio. Aquí el Presidente está tomándose atribuciones que no le corresponden y apropiándose de cantidades que no le corresponde al gobierno; son propiedad de los trabajadores. Esto de que unos trabajadores van a financiar a otros es un despropósito”.
Consideró que el cambio haría más difícil que las personas recuperen sus recursos, y existe el riesgo de que, si no les alcanza el dinero, “porque no se ha hecho una corrida financiera”, luego van a ir por el ahorro de personas de menor edad o incluso desaparecerán las Afores.
Sobre la iniciativa de Morena a un propósito electoral, “están preocupados. No levantan y quieren levantar a través de contar mentiras, y crear una falsa expectativa en los trabajadores”, acusó la legisladora en entrevista telefónica.
NO SE MODIFICA SISTEMA DE AFORES
Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, justificó su iniciativa, al señalar que las Afores implantadas en 1997 destruyeron el sistema solidario de ahorro de pensión de beneficios definidos que operaba en México, y no han cumplido con la promesa de que la tasa de reemplazo alcance el 90 por ciento.
A lo mucho, afirma, llega al 45 por ciento del último salario del trabajador antes de retirarse (alrededor de cinco mil pesos al mes, según la Secretaría de Gobernación), por lo que en automático quien se jubila inicia un proceso de empobrecimiento.
“Ha dicho la derecha que nos queremos robar los ahorros de las personas. El robo lo hizo la derecha en esos años, cuando agarró todo ese recurso y lo pasó al sector financiero. Aquí ni estamos planteando cambiar el sistema de cuentas individuales, no estamos pensando de ninguna manera tomar recursos de los trabajadores en activo”.
Ante esto, ZETA cuestionó sobre por qué no reformar todo el sistema de pensiones, si no han funcionado para los trabajadores.
Cisneros Luján indicó que “sería bueno” que la oposición se enfocara al contenido de la propuesta y no a su preocupación electoral. “Ellos tendrán que explicar por qué no quieren mejorar el sistema de pensiones. Nosotros estamos trabajando para lograrlo”.
Hasta febrero de 2024, existían 74 millones 489 mil 897 cuentas administradas por las Afores, que sumaban 6.9 billones de pesos administrados por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)