Con 258 votos a favor -de legisladores de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo (PT)-, 205 sufragios en contra -de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC)-, y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 24 de abril de 2024, en lo general, una iniciativa de reforma que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía.
Tras un debate que duró más de seis horas, en las cuales se inscribieron 71 reservas, con 22 oradores, el Pleno de San Lázaro aprobó las modificaciones a la Ley de Amnistía, en lo particular, con 250 votos a favor y 197 sufragios en contra.
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La Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión ordenó el envío del proyecto de decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que lo publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las nuevas disposiciones pudieran entrar en vigor. Sin embargo, los legisladores de los diversos grupos parlamentarios de oposición en San Lázaro, anunciaron que presentarían una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esta adecuación, se faculta a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, de manera exclusiva, otorgue dicho beneficio de manera directa, sin estar sujeto al procedimiento establecido, cuando las personas reúnan elementos comprobables, que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Además, cuando en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, de Morena, expresó que el objetivo era garantizar el derecho a la verdad y que las víctimas directas e indirectas, pudieran conocer los hechos por los que fueron afectadas.
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Del PAN, el diputado Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez afirmó que la reforma era inadmisible, porque, según él, se rompía la división de poderes, al dar facultad al Presidente de la República, de pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. “Este es un ingrediente más de la receta con la que quieren destruir la República”, dijo.
María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del PRI, resaltó que esta era una “reforma indignante”, porque se pretendía otorgar al presidente de la República la facultad para liberar a las personas que se encontraban sujetas a un proceso penal o que, incluso, ya estaban en la cárcel. “Se dice que se trata de liberar a inocentes y garantizar los derechos humanos, pero lo que se quiere hacer es facultar al Presidente para generar impunidad”, indicó.
La diputada María Fernanda Félix Fregoso, MC, dijo que la posición de su bancada era no apoyar una reforma que, según ella, vulneraba derechos, destruía al país y violentaba la figura de la amnistía. “Otra vez las cárceles se llenarán de pobres a quienes no les alcanza para pagar su boleto dorado llamado amnistía directa”, señaló.
Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD, comentó que la amnistía era un instrumento por el cual se eliminaba la responsabilidad del delito, la cual debía aplicarse bajo condiciones específicas y no a discrecionalidad de un individuo. También enfatizó que la amnistía como potestad presidencial, haría que el Ejecutivo defendiera a quienes eran sus “consentidos y cómplices”.
