Yo soy Roque, soy del Cártel de Tijuana, todo el Gobierno está bajo las órdenes de nosotros”, fue la amenaza que repitió por lo menos en cuatro ocasiones, el delincuente que secuestró dos veces al ingeniero de 73 años Eliú Quezada, para obligarlo a firmar un documento y cederles una propiedad de 170 hectáreas en la Zona Este de Tijuana.
Al ponerse a salvo, la familia revisó en redes sociales con la finalidad de ubicar al agresor y medir la dimensión de la amenaza. La víctima identificó a Roque García como el líder de sus secuestradores, cuya fotografía fue publicada en abril de 2017 por ZETA, identificándolo como cabecilla de una célula del Cártel Arellano Félix (CAF), quien en aquel momento amenazó con balear las instalaciones del Semanario.
La propiedad de la que pretenden despojar a Quezada se localiza en el Kilómetro 2,969+409 de la Carretera Nacional México Tijuana, al sur del rancho El Refugio que le compró en 1988 -la inscripción en el Registro Público es de 1994- al señor Remedios Campos Rodríguez. Originalmente le pidió 70 mil dólares y terminó vendiéndole por 20 mil dólares.
“Compré el metro a menos de un centavo y los vendí a razón de 40 a 80 dólares el metro cuadrado. Una gran diferencia”, dijo.
La jornada criminal en su contra empezó el lunes 29 de enero de 2024, cuando Quezada se transportaba de Rosarito a Tijuana rumbo a su rancho, y al salir del Bulevar 2000 y tomar el camino de terracería, había avanzado unos 300 metros cuando un pick-up blanco con estrobos se le atravesó de golpe y lo obligó a frenar.
De un auto Mercedes que acompañaba el pick-up, bajaron primero dos hombres -como uniformados- con camisas rojas y después el hombre que se identificó como Roque.
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“Se vienen como haciendo seguridad a su patrón”, se acercan a Quezada y ordenan: “Ya bájate, cabrón, muy amenazantes… me bajan de mi carro, me suben al blanco, me hacen agacharme muy inclinado, con mucha fuerza, como para que no vean, ni yo los vea a ellos”.
Eran seis atacantes: los tres del pick-up blanco con estrobos que llevaban camisas identificándose como agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) conforme a lo dicho por el secuestrado. Además, el conductor del Mercedes, el presunto Roque y dos escoltas de camisas rojas que tenían tatuajes grandes en los brazos.
“Yo sí trato de ver a las personas porque estaban confundido y se veían del Gobierno, todavía no tengo claro lo que está pasando, y dije, bueno, alguna orden de aprehensión o algo. Se las preparan a uno, y uno no sabe, o a veces sí son cosas que hizo uno, porque blanca palomita pues no soy, ¿verdad? Pero dije, bueno ¿qué será esto?”, relató Quezada.
“Subieron a una velocidad increíble, dos veces que hubo trafiquito prendieron sus sirenas y pum, pum, pum. Llegamos, más o menos me doy cuenta que estamos en Puerto Nuevo porque creo que todos lo conocemos. Entramos, no puedo decir con certeza si fueron dos o tres calles, me imagino que fueron dos y a la tercera dimos vuelta a mano izquierda y ahí es donde me bajaron, en el mentado Jatay. Me tratan así, como que no me quieren hacer daño, ni al parecer que se sepa que me llevan secuestrado. Sí amenazas de que no vaya a hacer show, – lo apuraron- que súbele, súbele– y se metieron a un inmueble, al frente- estaban para recibirlos, pero gente con rifle, armados”.
Era un local grande, “yo subí tres pisos, en el tercer piso ya no estoy seguro si posiblemente conecta a la calle de atrás, porque vi el pasillo así grande, que es donde estaban parados unos diez -sujetos- formaditos en un pasillo, cuatro con ropa táctica y rifles grandes…los otros vestidos muy diferentes, pero traían las pistolas y todo eso”.
Le ordenaron sentarse frente a una mesa y el sujeto identificado como Roque se sentó en el extremo opuesto y le dijo: “Mira, aquí traigo todos los datos en un folder, todos tus datos, tu firma; aquí traigo todo. Aquí se trata de lo siguiente, y no vayas a pelear con nosotros porque te vamos a ganar, y te vamos a matar. Tengo a toda tu familia, tengo todo esto. Acabamos de hablar con tu hijo, con un hijo acabamos de hablar… Estuvimos en el Murúa, acabamos de hablar con tu hijo y me imagino que no quieres que muera”, relató Eliú Quezada.
“Entonces, ya sacan un contrato, no me dejan leer, lo quiero leer e inmediatamente dos hombres de atrás, como que ya estaban preparados, sacan los rifles y se ponen acá como con la culata: ‘Fírmame, queremos el rancho, y si le sigues buscando, también la propiedad…’. Se refería al Registro Público de la Propiedad, tengo una propiedad de 2 mil metros, tengo unas cosas ahí; mi hijo tiene un negocio de cambio de aceites, un taller. Duramos mucho, si acaso diez, quince minutos”. Lo hicieron firmar al calce de un documento de cuatro horas, según recuerda. “Se los firmé porque la verdad tenía miedo, esto no vale nada por un hijo”.
Estaba firmando cuando empezaron a decir “viene el Gobierno”.
“Hacen todo rápido, me voy con ellos porque me jalan vente, vente, vente. Y me dice: ‘Te hablamos’ y me dejan ahí en la calle. Me di cuenta que dos pick-ups de patrulleros se fueron delante de él, de la Municipal”, detalló Quezada.
CONTACTO TELEFÓNICO
“El 30 de enero me llama como cinco o siete, para decirme: ‘Nos vemos en el rancho, voy a llevar a un abogado para que me hagas entrega del rancho, para que se arregle con el abogado’. Yo ya le había dicho a él que parte del rancho está vendido, tengo ahí como unas cuarenta o cincuenta familias a las que yo les vendí hace cuatro, cinco o veinte años”.
Fue el martes 31 de enero cuando llegaron al rancho, de nuevo en el vehículo Mercedes, Roque y un sujeto que se identificó como abogado, esta vez, acompañados de un pick-up negro y uno blanco, “ahora sí ya veo a los ministeriales, dos hombres y una mujer, una muchacha guapa, tal vez… no sé, muy joven, de unos 27 años se me hace mucho, joven y muy guapa”.
Ese martes, Eliú Quezada intentó negociar con los delincuentes, les ofreció diez hectáreas que no están ocupadas, y otras 20 hectáreas que tiene en juicio de prescripción, dice a punto de serle entregadas, con valor de 30 a 40 dólares el metro cuadrado. “Te quedas con treinta hectáreas que valen aproximadamente 9 millones de dólares. La respuesta fue: ‘Quiero las propiedades de la ciudad, también’, o sea, todo el tiro me salió por la culata, y el maldito abogado ese lleva la lista de supuestas propiedades que tengo”.
Enlistaron sus propiedades y le incluyeron una casa en Otay que, asegura, no es suya.
SEGUNDO SECUESTRO
Después de varios minutos le ordenan subir al pick-up negro, porque lo van a llevar con el abogado y el notario para que haga una narración de todas sus propiedades.
“Cuando nos ponemos de acuerdo con el licenciado, que ya nos vamos, que me voy a ir con él, más bien, me dice: ‘No te preocupes, es cuestión de un día o dos para hacer esto, tenemos un notario’. Antes de eso, él me toma de la cabeza, me agarra, me pone la pistola aquí, me quedó la huella dos o tres días. O sea, quería que me inclinara y yo siempre mantuve la cabeza fuerte, y los nervios, los tendones de la cabeza, me siguen doliendo”.
Salir del rancho lleva alrededor de 10 minutos por terracería: “Venimos bajando muy despacio, él -Roque- viene hablando, como que mensajeando, y de repente como que bajan la velocidad y le dice al individuo ‘bájalo, bájenlo, bájenlo aquí’, y me bajan”.
La familia había hablado al 911 para denunciar el secuestro, así que elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se dirigían al lugar y los delincuentes fueron informados.
Liberado Eliú Quezada, fue recogido por uno de sus hijos y huyeron de la propiedad por un camino vecinal, “la verdad sí me sentía un poco mal de mi corazón, porque mi corazón necesita pastillas y todo eso”. Al llegar las autoridades lo buscaron y no lo encontraron. “Pero los agentes de la FESC golpearon a algunos hombres de las familias que viven en el rancho con la excusa de buscarme. Va el Gobierno, pregunta que si no tienen armas, el patrón, lo hacen en forma de burla”.
ESCONDERSE TRAS LA AMENAZA Y DENUNCIAR
Quezada tiene 15 hijos, los días siguientes todos recibieron amenazas contra su vida, a través de sus teléfonos celulares. Así que la familia dejó sus propiedades conocidas, casi todos abandonaron Baja California y cambiaron de teléfonos para evitar ser contactados.
Cercaron la entrada al racho, pusieron vigilancia y más cámaras.
Pero los sistemas de videovigilancia de algunas propiedades de Quezada y sus hijos han detectado que algunas de sus casas están siendo vigiladas por sujetos en pick-ups negras y blancas.
La denuncia la presentaron hasta el 19 de febrero, cuando se sintieron a salvo, pero lo hicieron a través de la opción de atención telefónica que tiene la FGE. Quezada fue entrevistado por Patricia Medrano Ureña y la denuncia cuyo contenido es genérico de una cartilla registrada con el número de folio 3944/2024/1, asignada al agente del Ministerio público Roberto Carlos Velázquez Sánchez.
Medrano le dijo al denunciante que se comunicarían, pero al cierre de esta edición, no sucedió.
“Por algunos comentarios de gente seria, sé que es la técnica que están utilizando y están quitando bastantes propiedades… utilizan un Juzgado de cualquier parte del país, notarías”, señaló uno de los hijos.
RELACIONES Y ANTECEDENTES
Cuestionado respecto a si sostiene algún pleito legal por esas tierras, Eliú Quezada refirió: “No, no hay nadie. Soy ingeniero en Electromecánica y gané mucho dinero, nunca tuve necesidad de enredarme en tonterías. Mucha gente que conocí, gente que aprecié, anda en esas cosas -crimen organizado-, y también les puedo decir que aquí los Arellano Félix, allá en el Rodeo, los conocí y no una vez, y en muchas partes. Ellos se paseaban por todo Tijuana, así que yo nada más no los conocí, quizá ustedes también, todo mundo los llegó a conocer antes en ciertos lugares que ellos frecuentaban”.
Agregó que alguien le ofreció ser socios, poner 20 mil dólares para traer y comercializar un cargamento de marihuana, pero asegura que los rechazó.
De acuerdo a archivos en poder de ZETA, en octubre de 2002, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, FGR) cateó el salón de fiestas propiedad del hijo de Eliú. Lugar en el que Rafael Loza Cruz, informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), denunció que lo habían tenido secuestrado una semana antes. El inmueble tenía sótano, un falso lavabo daba acceso a túneles, así como salida por dos calles. Al final nadie fue detenido.
En noviembre del mismo 2002, tras un cateo en el rancho de Quezada, desde la PGR salió la versión de que se almacenaban estupefacientes, pero no hubo registro de que fueran capturados.
El 5 de septiembre de 2015, los abogados Dionisio Arévalo Corona, José Martín Dimas Palafox Cervantes y Juan Antonio Rodríguez Moreno (también catedrático de la UABC), fueron secuestrados y asesinados cuando se dirigían a reunirse con Quezada para tratar de llegar a un acuerdo en un pleito jurídico que llevaron por once años, por la propiedad de unos terrenos ubicados en el Kilómetro 14.5 en Valle Bonito.
Sus cadáveres fueron localizados calcinados dentro de un auto el 8 de septiembre, en un cañón en la delegación La Presa de Tijuana (https://zetatijuana.com/2015/09/mensajes-del-narco/).
Previo a la muerte de Joaquín Rodríguez Moreno, dos de sus hermanos fueron asesinados: Miguel Ángel en enero de 1988, identificado en el reportaje “La mafia invade Baja California”, publicado por J. Jesús Blancornelas en la edición del 20 de septiembre de 1985 en ZETA, como uno de los ministeriales corruptos que organizaba el resguardo de bodegas de droga al servicio del CAF. A Joaquín Rodríguez Moreno lo asesinaron el viernes 13 de junio de 2008, cuando llegaba a una reunión de la Confederación Nacional Campesina en un restaurante de Mexicali. Adela Navarro Bello
