Decenas de residenciales privados o de acceso controlado operan en Mexicali, y desde 2023, se encuentran reconocidos en la Ley, sin que a la fecha cuenten con un reglamento que rija el tipo de actividad y los parámetros de funcionamiento del mismo, lo que permite -al menos en la opinión de un abogado- que estas zonas se conviertan en verdaderos feudos, donde se sustituye la intervención gubernamental por un regente electo o impuesto por los mismos comunales.
En febrero de 2023, el Congreso local reconoció la conformación de los residenciales privados en Baja California, al incluir el Artículo 160 Quater de la Ley de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, donde se identificó que podrán autorizarse este tipo de fraccionamientos “en la modalidad de acceso controlado, para lo cual, deberán contar con lo siguiente:
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“I. Barda perimetral completa, cuando las características específicas de los fraccionamientos lo ameriten, con accesos suficientes para el aforo vehicular calculado;
“II. Casetas de vigilancia, cámaras de seguridad y dispositivos seguros para efecto de regular el acceso;
“III. Asociación Civil de Vecinos o Locatarios con Reglamento Interior, aprobado por la asamblea e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y,
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“IV. Cumplir con la reglamentación que establezca la Autoridad Municipal correspondiente, de la cual será coadyuvante. Para los efectos de este artículo, la solicitud de autorización podrá ser presentada por el urbanizador, o bien, por el comité de vecinos del fraccionamiento respectivo”.
Esta definición dio el primer indicio de certeza en este tipo de comunidades privadas, que sí bien ya existían -sobre todo desde su proliferación a partir de la década de 2000- la realidad es que han operado fuera de cualquier marco legal.
Bajo el argumento de que brindan un apoyo para el control y la seguridad, algunas de estas comunidades se vuelven autogobiernos donde el presidente del Comité de Vecinos y su respectiva planilla, toman decisiones por encima -incluso- de los Derechos Humanos.
Apenas en febrero se cumplió un año de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, no obstante, el Cabildo de Mexicali no ha logrado concretar el reglamento que permita concretar el proyecto.
CONFLICTO POR UNA BARDA
Ricardo Fernández y su hermana Adriana son propietarios de viviendas en el fraccionamiento Cerrada del Sol, pequeña comunidad de acceso restringido que se ubica en la Zona Dorada de Mexicali.
En entrevista para ZETA, Ricardo se dijo inconforme con los abusos cometidos dentro de dicha comunidad, y aseguró, se han dado conductas prepotentes y abusivas por parte de la Presidencia del Comité de Vecinos.
Y es que por votación general de los residentes de la demarcación, definieron en asamblea que querían ampliar a un carril más el punto de acceso a dicha comunidad, con la intención de reducir las largas filas al ingresar.
La decisión fue avalada por los vecinos y, tras hacer una solicitud a la Dirección de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, iniciaron la demolición del mismo. Lo que no contemplaron es que la estructura perimetral pertenecía a Adriana, propietaria del terreno.
La residente, quien se mostró en contra de la invasión a su propiedad privada, presentó demanda de amparo que recayó en el Juzgado Quinto de Distrito, la cual quedó plasmada con el número 754/2023 en contra del Ayuntamiento de Mexicali, de la presidenta del Comité de Vecinos de Cerradas del Sol II, AC, Claudia Alejandra Inzunza Núñez, y la propia agrupación de residentes.
El documento indica que tanto las autoridades como los representantes del Comité de Vecinos, violaron el Derecho al Patrimonio de la Familia en su intento por ampliar los puntos de acceso al residencial privado.
Asimismo, precisa que el fraccionador Brasa diseñó el residencial con jardineras, vías de acceso, banquetas, muro y demás especificaciones, las cuales quedaron perfectamente definidas al momento de realizar la construcción; sin mencionar que la obra no contemplaba los reglamentos y afectaciones relacionadas con el tamaño de banquetas y de la vialidad misma.
También se define la propiedad de las personas y el derecho que tiene a la misma, por lo que el juez federal protegió a la señora Adriana Fernández Cazares. A raíz del incidente, refiere Ricardo Fernández, han recibido acoso y hostigamiento por parte del Comité de Vecinos, el cual -según dijeron- se ha perpetuado en el poder e incluso ha hecho algunas estrategias que podrían sugerir un fraude electoral para mantener su designación, como el hecho de que se permita votar a propietarios de inmuebles -que no radican en dicho residencial- por medio de WhatsApp y sin un protocolo definido.
No es la única irregularidad que se denuncia por parte de residentes o propietarios de inmuebles, pues en algunos casos, no se inscribe a las personas en las asociaciones de vecinos, pero sí se les exige cumplir con los requisitos; también se colocan lonas con el nombre de los deudores del pago de aportaciones para el funcionamiento del residencial, o se les complica el acceso a sus domicilios.
Javier Ponce, propietario de un inmueble en Toledo Residencial, indicó que tuvo conocimiento de que el propio Comité de Vecinos, relacionado a empresas inmobiliarias, informa a estos negocios sobre las viviendas que no están habitadas para que las invadan.
Esto ocurrió con su vivienda, por lo que -consideró- es necesario tener mayores certezas sobre el manejo de los residenciales privados.
REGLAMENTO DE ACCESO A RESIDENCIALES, “ATORADO”
El primer intento de regularizar esta situación en el Ayuntamiento de Mexicali fue realizado por los regidores Yolanda Castillo Orduño y José Ramón López Hernández, de Morena, los cuales iniciaron con la creación del Reglamento de Controles de Acceso y Casetas de Vigilancia” con el que buscan garantizar que no se viole el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, pero también a garantizar la seguridad.
“Las asociaciones civiles que administran los residenciales privados, el administrador de las asociaciones civiles, se vuelve el señor feudal o el sheriff donde utiliza a los guardias para imponer reglas, y esto se debe a una omisión del Cabildo”, refirió el abogado Emiliano Reyna, quien a su vez, aseveró que se vuelven gobiernos internos que cometen violaciones a Derechos Humanos como la Libertad de Asociación.
El proyecto permanece en Cabildo de Mexicali y ni siquiera se ha dictaminado. De hecho, según la regidora Trinidad Castillo, se siguen haciendo mesas de trabajo y semanas atrás se le notificó una serie de observaciones al planteamiento.
El proyecto planteado por los ediles -en poder de ZETA– conceptualiza los residenciales de acceso restringido, las asociaciones civiles de vecinos, la vía pública y que dicho reglamento tiene como obligación el respeto a los Derechos Humanos de las personas, entre estos, el Libre Tránsito.
Entre las determinaciones se contempla que todos los residenciales, nuevos y existentes, deberán comenzar a regirse bajo este esquema, donde se reconoce la instalación de casetas de vigilancia y la petición de información para el acceso al residencial, pero bajo ninguna circunstancia se permite -según el documento- retener documentación o exigir apertura de puertas o cajuelas, sino limitarse a la información que pueda percibirse a la vista.
El texto también refiere que se llevará una relación de los visitantes, pero tampoco se les podrá impedir el acceso al residencial.
Uno de los principales puntos a analizar, radica en que los guardias de seguridad están imposibilitados para impedir el acceso de las autoridades a los residenciales, tal y como ocurre actualmente con elementos de la Dirección de Bomberos, Policía Municipal estatal o federal, e incluso con actuarios y empleados que realizan diligencias gubernamentales.
Emiliano Reyna comentó que su despacho se ha visto obligado a interponer amparos o solicitar la intervención de jueces para exigir a los guardias de seguridad, les permitan el acceso para efectuar diligencias, lo cual implica una obstrucción a la justicia.
Otro de los puntos que define el proyecto, es que no se puedan instalar casetas en vialidades primarias o secundarias; tampoco donde se tenga trazado el trayecto de unidades de transporte público.
El Ayuntamiento de Mexicali solicitará un dictamen técnico anual para la función construcciones como muros, cámaras de vigilancia y todos los aditamentos de seguridad necesarios, así como un dictamen de Protección Civil para que defina posibles riesgos.
“El objetivo no es recaudatorio, sino apoyar a los vecinos de los fraccionamientos, es una propuesta en primer término de una petición del Comité de Vecinos de esta ciudad, interesados porque se regularice, ya que no hay nada que los sustente; regularizar el funcionamiento de las casetas que ya son existentes”, declaró la regidora Trinidad Castillo, por lo cual ya trabajan con asociaciones de vecinos para definir un marco legal que los ayude.
De igual manera, contempla un dictamen vial donde se defina el tamaño de las calles y si afectaría el tránsito de la zona su instalación.
“Por ejemplo, un fraccionamiento como San Pedro tiene su acta constitutiva, dice que porque ya vives ahí, eres parte de la asociación civil y renuncias a conformar a otra asociación civil. En su reglamentación pacta cuotas de servicio, demoras, ejecución, cuotas del abogado que llevará el asunto y, aunque nunca des tu consentimiento, ellos te pueden demandar por todo lo que consideren”, advirtió el jurista.
Y aunque se resida en un fraccionamiento, de no formar parte del acta constitutiva de la asociación de vecinos, se encuentra incapacitado para demandar o reclamara transparencia, toda vez que se carece de personalidad jurídica, pese a cumplir con el pago de cuotas correspondiente.
El documento también presenta multas para los guardias o representantes comunales que impidan el acceso a funcionarios de Seguridad Pública, jurisdiccional o de emergencias; igualmente, es irregular modificar los protocolos de atención y control de acceso en los residenciales.
Cuestionada respecto a si se trata de pequeños feudos, la regidora morenista puntualizó:
“No lo considero de esa manera, aquí la solicitud que nos han hecho es para no tener problemas, que se regularice y la gente acceda a lo que es un reglamento, que se hagan precisamente esos feudos que me comentan, que no quiera una persona mandar, que haya una reglamentación, que ya saben qué es lo que se requiere para que se viva en paz”.
