La activista en la lucha contra la violencia obstétrica y participante de colectivas feministas, Daniela Reyes, lanzó un mensaje a la ciudadanía en general, exigiendo justicia y protección, derivado a que días antes fueron acosadas por instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Reyes comentó a la población que el 7 de marzo, un día antes de la marcha del 8M, agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al domicilio de sus familiares para informarle que la iban a apoyar y cuidar durante la marcha, siempre y cuando lo hiciera de manera pacífica, lo cual dijo es intimidación por parte del gobierno de Víctor Castro Cosío.
“¿Cuidarme la policía? No, a mí la policía me hostiga y violenta mis derechos, principalmente la del gobierno de Baja California Sur a cargo del gobernador morenista, Víctor Castro Cosío; porque el pasado 7 de marzo un día antes de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, elementos a bordo de la policía estatal en La Paz se presentaron en el domicilio de mis familiares, preguntando por mi nombre para apoyarme y para decirme que iban a estarme cuidando durante la marcha, siempre y cuando me manifestara de forma pacífica. Y no fui sólo yo, visitaron al menos el domicilio de otras tres personas a las que intimidaron”, denunció Daniela Reyes.
Ella y tres personas más, de las que tuvieron conocimiento, fueron intimidadas para, de alguna manera, desarticular el movimiento feminista, sin embargo, sólo despertaron más inconformidades de parte de colectivas.
Lamentaron que se usen las instituciones para amedrentar a los mismos pobladores y no en contra de los delincuentes que les siguen haciendo daño a los habitantes, con la desaparición de hombres y mujeres, y la presencia de grupos criminales en las calles.
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“Esto es ilegal por todas partes, porque, primero, ¿cómo obtuvieron los domicilios?, ¿utilizando inteligencia contra las activistas? Sea la forma en la que sea, es un delito filtrar datos personales y que sea de personas defensoras de derechos humanos, me parece gravísimo. Y segundo, el Artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia y domicilio, si no es a través de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, cosa que no sucedió; y por lo tanto, el actuar de la policía estatal es totalmente anticonstitucional”, detalló la activista.
Manifestó que esos recursos públicos bien podrían ser aprovechados en investigaciones necesarias para castigar a feminicidas que siguen internos en los centros penitenciarios, pero en calidad de procesados o en espera de sentencia porque no hay más que hacer en los casos.
“Ojalá la policía, en lugar de hostigar e intimidar activistas, usaran esos recursos, personal, tiempo e inteligencia para prevenir y atender la violencia de género; porque para eso sí tiene atribuciones. No sabemos qué es lo que buscan exactamente con esta estrategia: ¿Infundir miedo en las activistas para debilitar la causa? ¿Buscan provocar al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública? Pues no lo sabemos, pero lo que sí preocupa es que el gobierno estatal emprenda estas estrategias cada vez más hostigadoras hacia las activistas”, cuestionó Daniela Reyes.
Por último, hizo un exhorto a las instituciones públicas, a las de justicia y seguridad para que tomen en cuenta lo ocurrido; por ello los responsabilizó, en especial al gobernador, de cualquier cosa que les suceda. “Quiero hacer responsable al gobierno de Baja California Sur a cargo de Víctor Castro si algo me sucede a mí, alguna de las manifestantes o a nuestras familias”, finalizó Daniela.
