De acuerdo a organizaciones de análisis de la estadística sobre la impunidad en México, nada ha cambiado en los últimos 15 años. Se mantienen los números por arriba del 90 por ciento, como sucedió en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La tasa de impunidad en promedio es del 95%, lo cual indica que sólo -y es mucho decir- un 5% de los casos de homicidios dolosos se resuelven en el país.
Hay clarísimos ejemplos de esto en el presente sexenio. El asesinato de cinco jóvenes estudiantes en Celaya, Guanajuato el 3 de diciembre de 2023 sigue en la impunidad. A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador parecía tener información privilegiada, dado que acusó fueron asesinados por una compra de droga en un lugar equivocado a la banda equivocada, nada ha sucedido. Días después, la teoría del primer mandatario caería con los exámenes toxicológicos a los cuerpos de los estudiantes de medicina que darían negativo a consumo de sustancias ilícitas.
En el mismo mes, pero el día 17 en Salvatierra, Guanajuato, otra vez atacó el narco. Asesinó a 12 personas que celebraban una posada y dejó heridas a 14 más. El caso, a pesar que hubo testimonios de los sobrevivientes sobre cómo y por qué sucedieron los trágicos hechos, continúa en la impunidad.
El 5 de enero de 2023, en el Rancho Jesús María en Culiacán, Sinaloa, fue aprehendido Ovidio Guzmán Loera. Aunque el operativo oficial se hizo con secrecía, las hordas criminales respondieron con disparos, persecuciones y enfrentamientos. Al final del día, después de la captura del capo sinaloense, el gobierno informó de la muerte de 29 personas, a saber, 10 elementos de las Fuerzas Armadas y 19 integrantes de la célula de Los Chapitos.
Aquel día, como en octubre de 2019 cuando detuvieron -aunque horas después lo liberaron- por primera vez a Ovidio, sucedieron bloqueos del narco, incendio de vehículos, cierre de vialidades y, aparte de los asesinatos, hubo más de 30 lesionados sólo en las Fuerzas Armadas que participaron en la aprehensión.
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Esto se sabe por investigaciones periodísticas, deslices de información del Gobierno del Estado y filtraciones de instancias federales. La Fiscalía General de la República debió abrir sendas carpetas de investigación, pero se desconoce si lo hizo. Tampoco se sabe si Ovidio Guzmán fue vinculado a proceso por cualquiera de los dos culiacanazos, dado que hubo muertos, heridos, incendios de automóviles y bloqueos de vías de comunicación. La realidad es que antes de ser extraditado a Estados Unidos, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera sólo tenía una carpeta conocida activa con orden de aprehensión, establecida en Sonora y por delitos contra la salud.
En estas condiciones, los asesinatos de los 10 elementos de las Fuerzas Armadas, los 19 presuntos criminales, los bloqueos de calles, los incendios de vehículos, continúan en la impunidad.
El viernes 22 de marzo, fuerzas criminales, de esas que ya están más organizadas y más armadas y avitualladas que las oficiales, privaron de la libertad a 66 personas en Culiacán. Con toda impunidad, los sustrajeron de sus viviendas de forma inmisericorde, niños, niñas, mujeres, hombres, tomaron por parejo y se los llevaron.
Los narcotraficantes impunes someten a ciudadanos a su propia justicia criminal. Juzgan y castigan con las privaciones de la libertad y los asesinatos, a quien les conviene en su guerra por territorios del narcotráfico.
Al transcurrir los días, de los 66 levantados, la mayoría han vuelto a sus casas. No por investigaciones o rescates de las fiscalías estatal o federal, sino porque los captores criminales así lo decidieron. Dejarlos en libertad para amedrentar con las consecuencias de estar o no en una u otra línea del narcotráfico.
Los liberados del narco no quieren hablar. Tampoco denunciar formalmente el ilícito del que fueron objeto. Tienen miedo de las consecuencias de hacerlo, además, saben que su caso no será propiamente investigado. Algunos han optado por abandonar la ciudad, el estado el país, para salvaguardar la vida. En México no se puede vivir entre balas, sangre y la impunidad que provee el Estado mexicano.
El Presidente López Obrador lo recomendó personalmente: no denunciar. Porque no confía en la autoridad administradora de la justicia, y aunque se pasó de largo a la procuración de justicia, tampoco es confiable. Se refería a la denuncia que su hermano Pío presentó contra el periodista Carlos Loret de Mola porque en uno de sus noticieros exhibió videos donde claramente se le ve recibir sobres con dinero en efectivo.
Pero esa es la realidad, los ciudadanos no denuncian porque anticipan la impunidad. Hace unas semanas en Tijuana, Baja California, un hombre de 72 años denunció a través de ZETA cómo un grupo de criminales del Cártel Arellano Félix, escoltados por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, con uniformes y unidades oficiales, lo levantaron para obligarlo a firmar documentos y ceder un rancho de 170 hectáreas a la organización criminal. ¿Cómo acudirá este hombre a denunciar, si quienes tomarán su denuncia participan de la delincuencia? Lo hizo por la vía digital, pero no hay investigación en proceso y el hombre y su familia ya abandonaron la ciudad.
La impunidad es lo que más daño hace a la sociedad. Al no haber castigo ejemplar para los asesinos, secuestradores y traficantes de droga, lo que impera es la luz verde para la comisión de delitos. Si no hay investigación, procesos ministeriales ni judiciales para castigar a los delincuentes, es un llamamiento a la conducta ilícita. Total, no terminarán en prisión.
Hace unos días, AMLO concedió una entrevista al programa estadounidense “60 Minutos”. Mintió abiertamente sobre lo que sucede en el país que gobierna. A pregunta expresa, dijo que en México a los asesinos “claro que los procesamos, no hay impunidad en México, todos son procesados”. Nada más alejado de la realidad, y existen decenas de casos para comprobar la falacia presidencial: masacres que han quedado en la impunidad, asesinatos de periodistas, ataques a las Fuerzas Armadas.
Pero el Presidente parece estar encapsulado en Palacio Nacional y ausente de la realidad en los pueblos y municipios de México, consumidos por la inseguridad y la violencia. Respondió que “no hay impunidad”, que “todos son procesados”.
Esto es terrible en un país en el que anualmente se asesina a más de 30 mil personas, y un sexenio que ya va por los 180 mil homicidios dolosos… la gran mayoría, en la impunidad que López Obrador no ve.
