Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024, que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con una demanda que acusaba a cinco empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.
La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.
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Márquez dijo que el Gobierno de México hacía afirmaciones plausibles que estaban exentas de la protección de la PLCAA, incluyendo que las cinco empresas violaron varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño al país centroamericano.
El Gobierno de México alegó que los comerciantes de armas de Arizona facilitaron el tráfico de armas de asalto de estilo militar como el AR-15 y municiones, a los cárteles del narcotráfico, mediante prácticas imprudentes e ilegales, incluida la venta de armas de fuego a compradores testaferros, que adquirían ilegalmente estos productos para terceros.
No obstante, aunque la jueza federal permitió que gran parte de la demanda avanzara, desestimó varias de las reclamaciones legales individuales del Gobierno de México, incluida la acusación de que las empresas violaron la ley estadounidense contra el crimen organizado y causaron perjuicios públicos.
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Tras la decisión de la juzgadora estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana señaló que en las siguientes etapas de la demanda se presentaría evidencia para demostrar la “conducta negligente” de dichas empresas y se buscaría obtener una reparación del daño.
“El día de hoy, la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó una sentencia favorable para México en su demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado. En octubre de 2022, México inició este litigio argumentando que las demandadas, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder a nuestro país”, señaló la SRE, en un comunicado.
“En la sentencia de este día, la jueza Rosemary Márquez estableció que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos. Por ello, la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población”, abundó la Cancillería.
“Resulta destacable que la jueza señaló que México argumentó exitosamente que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. Esta decisión se suma a la sentencia favorable de enero de 2024, emitida en el marco de la primera demanda presentada por nuestro país. En esa sentencia, una Corte de Apelaciones resolvió que empresas fabricantes de armas tampoco gozan de inmunidad y que deben responder por sus conductas ante un tribunal”, enfatizó la SRE.
“Tras la decisión de hoy, la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez”, detalló la Cancillería.
“Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país. México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance”, insistió la SRE.
Abogados de México, incluido Jonathan Lowy, presidente de Acción Global por la Violencia Armada (GAGV, por sus siglas en inglés) -un grupo de defensa del control de armas con sede en Estados Unidos- explicaron que esperaban afianzar este caso en los tribunales.
“El fallo de hoy es un gran paso para responsabilizar a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada y para detener la avalancha de armas que se trafican hacia los cárteles”, comentó Lowy, en un comunicado.
