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martes, abril 9, 2024
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INM presume indemnización a víctimas de incendio en Juárez, pero omite responsabilizar a Garduño

A un año del incendio en la estación provisional Juárez, que dejó como saldo 40 personas migrantes muertas y 28 más heridas, el Instituto Nacional de Migración (INM) presumió, el 27 de marzo de 2024 que ofreció “acompañamiento integral” a los familiares de las víctimas, lo que incluyó una “indemnización” para 29 de ellas.

La noche del 27 de marzo de 2023, un incendio se registró en la estación provisional Juárez del INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, ubicada junto al Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, en Juárez, Chihuahua -ciudad fronteriza con Estados Unidos-, lo que provocó la muerte de 40 migrantes (6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano).y lesiones en 27 personas extranjeras más.


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En un boletín, la institución dirigida por Francisco Garduño Yáñez, omitió mencionar la responsabilidad de sus agentes y del propio INM, en la muerte de los migrantes, a pesar de que sus elementos abandonaron a los hombres encerrados en una celda de la estación mientras se propagaba el fuego, y que el centro de detención no contaba con los elementos básicos de seguridad, como extintores y ventanas.

El INM se limitó en indicar que pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal, que llevaran a cabo una investigación para “esclarecer los hechos y responsabilidades”, pero no dio a conocer sus resultados. Además, tampoco mencionó la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), en la que el propio Garduño Yáñez estaba vinculado proceso penal, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con dicho caso.

El Instituto Nacional de Migración apuntó que el 17 de abril de 2023, solicitó formalmente la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para atender la sustanciación del procedimiento y clarificar la forma de pago a los deudos de los 40 migrantes muertos, así como a los 27 lesionados.


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“A través de la coordinación institucional federal, estatal y municipal se dio acompañamiento integral a familiares de los lesionados y de las personas migrantes fallecidas. El pasado 10 de julio de 2023, la CEAV resolvió los montos a entregar para cada uno de los núcleos familiares de las personas fallecidas, que por seguridad solicitaron no hacer públicas las cantidades. A la fecha han recibido la indemnización 29, de un total de 40″, detalló el INM.

Sobre los 11 faltantes de pago, el INM explicó que, de manera coordinada con la CEAV, se avanzaba en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que debían demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización.

Respecto a los 27 migrantes que resultaron lesionados, el INM enfatizó que continuaba las gestiones relativas a los dictámenes sobre los montos que correspondían a cada persona, “para que esta autoridad migratoria dé cumplimiento al pago”, agregó el Instituto Nacional de Migración.
El INM recordó que el 30 de marzo de 2024 solicitó el apoyo de Jorge Varela Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, así como a Zoé Alejandro Robledo Aburto y Bertha María Alcalde Luján, directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente, para valorar, por parte de médicos especialistas, a los heridos por el incendio y la procedencia de su traslado a hospitales de alta especialidad.

Los traslados de las personas heridas graves que requerían atención especializada fueron canalizados en ambulancias aéreas de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR) e IMSS, a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y el Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ).

El INM garantizó el recibimiento y alojamiento de las víctimas lesionadas y sus familiares, tanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en la capital de la República Mexicana, además de alimentación y entrega de artículos de higiene personal. También se asignó personal y vehículos para el traslado a los diferentes hospitales, a las oficinas de sus representantes consulares y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, se entregó a víctimas y familiares, un total de 40 boletos de avión y el INM expidió un total de 68 tarjetas de visitante por razones humanitarias. Respecto a las personas migrantes muertas, solicitó a la SEDENA y a la SEMAR, transporte aéreo para llevar a cabo la repatriación, así como los servicios de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), para la preparación y traslado a sus países de origen.

Además, el 28 de marzo de 2023, la autoridad migratoria solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al entonces Órgano Interno de Control (OIC) -en la actualidad Área de Especialidad de Control Interno en el ramo de Gobernación de la SFP-, llevar a cabo una investigación por lo acontecido en la estancia de Ciudad Juárez, con el propósito de esclarecer los hechos y responsabilidades.

El mismo 27 de marzo de 2024, el Consejo Consultivo del INM (CCINM), una instancia civil que supervisa el actuar del Instituto Nacional de Migración, emitió también un comunicado, en el que denunció la falta de “disponibilidad” de las autoridades involucradas, para “reparar el daño y establecer medidas para la no repetición”, y reiteró su petición de que Garduño Yáñez renunciara a su cargo.

Asimismo, el CCINM pidió al Instituto Nacional de Migración, que presentara una “disculpa pública”, debido a que aseveró que dicha institución dependiente de la SEGOB, había “sido omisa en pronunciarse al respecto”.

“Lamentablemente, el Estado mexicano, a través del INM, continúa con su política migratoria de contención, detención, deportación y militarización, sin que existan cambios estructurales en la dinámica de la atención a personas migrantes”, abundó el organismo civil.

Un día antes, un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales denunció la “indolencia” y la “omisión” del Gobierno Federal en lo que calificó como “uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante”. En un pronunciamiento conjunto, las ONG’s denunciaron que “a la fecha no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas”.

El 25 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Migración reveló en un informe, que eliminó candados, cerrojos y cerraduras de sus estaciones migratorias y estancias provisionales. También precisó que también se retiraron rejas y barrotes de puertas y ventanas, mismas que se sustituyeron por acrílicos.

Esta medida forma parte de los “trabajos de transformación” de esas instalaciones, para la no repetición de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. “Se eliminan candados y cerrojos en puertas de acceso internas de estaciones migratorias y estancias provisionales; se retiran barrotes de puertas y ventanas”, afirmó.

“El INM trabaja en la mejora y modernización de sus espacios de alojamiento e infraestructura con el propósito de responder a su misión de atender con perspectiva humanista”, detalló el INM, que luego abundó que a partir del 20 de junio de 2023, se implementó un programa integral y progresivo en materia de protección civil para los espacios de alojamiento.

El programa ha consistido en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas, eliminación del uso de candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno, y retiro de barrotes. Según el reporte del INM, se habían instalado mil 511 detectores de humo en los espacios de alojamiento migratorio.

“Y en nueve instalaciones se han colocado tomas de agua para incendio (hidrantes), así como 23 alertas sísmicas […] De las 54 estaciones migratorias, 53 cuentan con equipos de extinción de incendios; de manera permanente se supervisa su operatividad y la carga vigente de los extintores”, explicó el INM.

El Instituto Nacional de Migración aseveró que también ordenó el retiro inmediato de las rejillas de protección metálica de medallones y costados, de 424 unidades vehiculares de transporte que se utilizaban para el traslado de migrantes.

“Al momento, de las 54 estancias con las que cuenta el INM para alojar a la población migrante, 33 continúan suspendidas temporalmente desde el 29 de abril de 2023 […] El Instituto solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar”, relató el INM.

Según el Instituto Nacional de Migración, se trataba de 33 estancias clasificadas como tipo “A” y “B”, que tienen capacidad de alojamiento para mil 306 migrantes. El informe agregó que en 17 instalaciones se ofrecía atención integral, con capacidad para alojar 4 mil 786 personas. Cuatro de estas sedes tenían alta capacidad: Tapachula, Chiapas (para 960); Acayucan, Veracruz (836); Villahermosa, Tabasco (532), e Iztapalapa, Ciudad de México (502).

Además, reveló que la estación migratoria siniestrada el 27 de marzo de 2023, la Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, estba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, como parte de la carpeta de investigación derivada del incendio.

En materia de salud, el INM insistió en que se puso en marcha el Proyecto de Equipamiento, Mejoramiento y Rehabilitación de Instalaciones Destinadas a la Atención de la Población Migrante, con el cual se habían instalado 34 consultorios médicos en instalaciones migratorias de todo el país.

“Es importante destacar la participación de autoridades y organismos nacionales e internacionales que mantienen observación permanente sobre el funcionamiento y atención a la protección de los derechos humanos en estancias migratorias”, finalizó el INM.

Foto: Captura de pantalla de video

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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