La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusó, el 1 de marzo de 2024, a Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa-, de sobornar a al menos dos reos del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés) -donde el ex funcionario federal ha estado prisionero, desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas-, para realizar declaraciones falsas y promover su solicitud para un nuevo juicio.
“La investigación del gobierno ha revelado evidencia convincente de un complot por parte del acusado para producir declaraciones y testimonios falsos para su moción para un nuevo juicio al ofrecer dinero y otros incentivos a prisioneros, en el Centro Metropolitano de Detención”, detalló la Fiscalía neoyorquina, en un comunicado.
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Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, la trama diseñada por García Luna se centró en demostrar que Juan Carlos Nava Valencia, alias “El Tigre”, se habría comunicado de forma ilegal con un teléfono móvil de contrabando, con su hermano, Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, y con Édgar Veytia Cambero, “El Diablo”, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit -de enero del 2013 a febrero del 2017-, para preparar los testimonios de los últimos dos, que dirigían durante el juicio del funcionario mexicano, a principios de 2023.
Los hermanos Nava Valencia fueron líderes del Cártel del Milenio. “El Lobo” testificó contra García Luna, respecto a cómo el ex funcionario federal mexicano supuestamente recibió sobornos para facilitar el tráfico de cocaína para el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, tras la ruptura de la alianza entre estos últimos.
El Gobierno estadounidense presentó varias evidencias para demostrar el complot de García Luna. Por ejemplo, que el contacto directo de el ex funcionario federal mexicano, identificado como “Individuo 2”, ayudó a escribir en una hoja lo que el “Individuo 1” -quien supuestamente fue usado por el ex titular de la SSP, para su moción en un nuevo juicio-, debía memorizar respecto a los contactos indebidos entre “El Tigre”, “El Lobo” y “El Diablo”.
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“El acusado ofreció inicialmente al ‘Individuo 2’, mil 500 mil dólares para hacerlo, pero después aumentó el soborno propuesto a un millón de dólares y luego a 2 millones de dólares, con el acusado asegurando que un asociado mexicano del acusado, podría entregar el dinero a alguien asociado con el ‘Individuo 2’”.
La Fiscalía neoyorquina también presentó como prueba, una llamada grabada provista por el ‘Individuo 2’, supuestamente realizada el 12 de abril de 2023, casi dos meses después del veredicto de culpabilidad en contra del funcionario federal mexicano. En la misma se acordaba el presunto complot entre dicho sujeto y García Luna.
Según lo dicho por el ‘Individuo 2’, el ex funcionario federal mexicano le pidió que le dijera a su abogado, César de Castro, que asegurara que “El Tigre” trabajaba como narcotraficante, con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, la Fiscalía neoyorquina aseguró que los otros argumentos de la defensa del ex funcionario federal mexicano, como que no se entregó evidencia inculpatoria de algunos de los testigos que se usaron en el juicio, no demostraba nada, debido a que dicha información sí se entregó a los abogados de García Luna y no cambiaría el sentido del veredicto.
Aunado a lo anterior, el Gobierno estadounidense enfatizó que era falso que García Luna y los altos mandos de la SSP, fueran verificados en sus antecedentes, en uso de drogas y con la prueba del polígrafo, como aseguraba la defensa del funcionario federal mexicano, debido a que dicha medida solo aplicaba para los agentes que sí formaban parte de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y no para sus supervisores.
El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, aplazó, el 24 de julio de 2023, una vez más, hasta el 1 de marzo de 2024, el dictado de sentencia contra el ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, durante el Gobierno e Calderón Hinojosa.
“Luego de haber leído la moción 247 de la defensa, la Corte determina que ha demostrado una buena causa para la extensión requerida”, dictaminó Cogan, en una declaración escrita. “Desde el veredicto, varias personas, incluyendo antiguos agentes del orden, nos han contactado con nuevas evidencias potencialmente favorables para la defensa”, se leía en el escrito presentado por representantes legales del ex funcionario mexicano.
La nueva fecha de sentencia propuesta por la defensa de García Luna -encabezada por el abogado César de Castro- y aceptada por el juez federal, fue para el 1 de marzo de 2024, lo que representó un aplazamiento de cinco meses respecto de la fecha en que se tenía prevista la sentencia: el 27 de septiembre de 2023.
Asimismo, los litigantes pidieron al juez Cogan que la fecha límite para presentar mociones tras el juicio, cambiara del 7 de julio de 2023 al 15 de diciembre de 2023. Además, para la respuesta de las autoridades, del 4 de agosto de 2023 al 19 de enero de 2024.
Aunado a lo anterior, la respuesta de la defensa de García Luna, del 18 de agosto de 2023 al 2 de febrero de 2024. Mientras que la sentencia final contra el ex funcionario mexicana se daría a las 10:00 horas del 1 de marzo de 2024, en la Sala 8D Sur de la Corte neoyorquina.
