Para dejarlos operar o liberarlos, los líderes de células implicados en el traslado, distribución y venta de drogas al menudeo en Baja California, están pagando cuotas de protección a los comandantes de la Fiscalía General del Estado, designados al inicio de su administración; así lo informaron a la fiscal general María Elena Andrade, a través de una carta anónima, quienes aseguraron ser elementos de la misma corporación.
A estas capturas-liberaciones que en ocasiones implican robo de dinero o droga, las llaman “operativos fantasmas”.
“…lo que pondría en riesgo la seguridad de los que día a día hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplir con honestidad nuestras responsabilidades”, compartieron los agentes, manifestando su temor de ser atacados o asesinados por hacer su trabajo, debido a que sus superiores tienen acuerdos económicos de impunidad con los criminales; solicitaron que los casos expuestos fueran investigados a través de la Visitaduría.
Dos mensajes con señalamientos similares se han hecho llegar a la fiscal Andrade y a la prensa bajacaliforniana por medios electrónicos, uno en febrero y otro en marzo del presente 2024.
Respecto a estos actos de corrupción, elementos de la Fiscalía de diferentes áreas, consultados por ZETA, corroboraron que los comandantes designados al inicio de la administración, llegaron “…pidiendo dinero por asuntos a los grupos de robo de vehículos, les piden dinero, ya que en los yonkes hay carros robados y quincenalmente Robo de Vehículos le pide su dinero para no proceder legalmente”.
Además confirmaron al Semanario: “Igual que narcomenudeo, que lo usa para poner tiendas a trabajar y ciertas -tienditas- las revienta si no le llegan al precio”.
Otro caso referido en esas entrevistas fue el de los traficantes de personas; un contacto en la FGE comentó, “como se sabe también los arreglos que se tienen con los polleros”.
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Y entre otras irregularidades confirmadas por personal de la FGE:
*Jefes “dan pitazos de operativos y cateos” a criminales y líderes de células del narcotráfico.
*Agentes de la FGE “fueron los que levantaron a Quezada para robarle sus hectáreas”. El caso del señor Eliú Quezada, levantado para hacerle firmar documentos y apropiarse de su rancho, fue publicado en ZETA con los testimonios de la víctima.
*A elementos de la Fiscalía también les piden dinero o cuotas,“…para cambiarte de grupo, para sacarte de los clavos -agentes investigados al ser detectados con relaciones mafiosas, enviados como guardias a puntos fijos para que no den información a los criminales-, para que te den un arma mejor, para que te den unidades”.
EL DESCONGELADO PÉREZ OBISPO: ASESINO SOLITARIO
De hecho, uno de los informantes de ZETA comentó que uno de los elementos “que sacaron del clavo” en la presente administración, fue el agente Alfredo Pérez Obispo, asesinado esta semana: “Lo congelaron en la fiscalía de Carpio -enero 2022 a agosto 2023- y llegando los nuevos, lo regresaron como agente investigador de robos en Mariano Matamoros como cabezas de un grupito”.
De las razones del mencionado “congelamiento”, internamente, la FGE lo investigó desde 2018; ese año, para la edición del 1 de junio, las autoridades del Grupo Coordinación informaron a ZETA de:
Agentes de la misma institución empezaron a investigar a Pérez Obispo ese año, señalado como uno de los contactos de agentes y ex agentes ministeriales que estaban participando en secuestros.
Además, ya lo habían intentado matar hace siete años. A las 7:30 a.m. del 28 de mayo del 2018, le dispararon cuando circulaba en una unidad oficial por la avenida Gato Bronco a la altura de la colonia Ampliación Guaycura; la patrulla recibió 12 impactos, él tuvo unos rozones de esquirlas en la cabeza y ambos hombros. Dos horas después, sobre el bulevar Insurgentes en la colonia Los Álamos, encontraron abandonado el auto de los atacantes, una camioneta tipo Suburban gris con placas de California.
Incluso antes había sido amenazado por medio de un narcomensaje, la cartulina firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación contra el agente al que identificaron como “Freedy”, la dejaron sobre el cadáver de un hombre en el Bulevar 2000 en agosto de 2017.
El asesinato de Pérez Obispo fue reportado a las 3:41 p.m. del 10 de marzo de este 2024; el homicida llegó y, por detrás, le disparó en siete ocasiones, impactándolo cinco veces en la parte media superior de la espalda.
Extrañamente el asesinó iba solo, conduciendo una Cherokee verde. Cámaras de vigilancia de la zona detectaron que empezó a dar vueltas por el área dos horas antes y se dio cuenta cuando el agente salió a lavar el pick up blanco de su propiedad -una patrulla gris que tenía asignada, también estaba estacionada en la cuadra-, lo vio y dio una vuelta más.
El sicario detuvo el auto y lo dejó en doble fila a cuadra y media de distancia sobre la calle que cruza transversalmente con la calle Pípila, donde estaba Pérez, entronque al que el elemento le estaba dando la espalda al momento del ataque.
El verdugo se acercó despacio, descargó el arma, regresó corriendo y se subió a la Cherokee. Avanzó, llegó al entronque de la misma calle Pípila y huyó sobre la misma vialidad, pero en sentido contrario a donde había dejado el cadáver.
Cerca de la medianoche del 12 de marzo, en el puente ubicado en la calle Amistad de la colonia Empleados Federales en Tijuana, colgaron una manta con el siguiente mensaje: “Alfredo Pérez, El lagarto, por fin nos encontramos en el infierno ya que tengo amigos que nada se les olvida, así vamos a ir por todos los objetivos” (sic).
Un día antes, el 11 de marzo, una manta fue colgada en la colonia Jardín; el mensaje era similar, pero en esta especificaban que los objetivos son “los que tengan línea con los hermanos Arzate”. El narco mensaje fue firmado por “El Loco, CJNG”.
El 13 de marzo, cuestionado por la prensa local, el fiscal central de Baja California, Rafael Orozco Vargas, aceptó que una de las líneas de investigación en el asesinato de Pérez Obispo, es la de su posible relación con el crimen organizado.
“Tenemos que agotar todas las líneas y una de ellas lamentablemente tiene que ser si se encontraba involucrado en este medio -crimen organizado-; toda vez que ya hay varios señalamientos, que si bien es cierto no dejan de ser indicios, tenemos que tomar en cuenta esa línea de investigación y vamos a agotarla”, dijo.
OTROS AGENTES ATACADOS
Con el triple homicidio del trasegador de droga identificado desde 2014 con el CDS-, Jorge Antonio Meléndrez alias “El Pitufo” (esposa lesionada), y sus dos hijos de 15 y 22 años, cometido el 10 de febrero en la calle Mauricio Campo de la colonia Gómez Morín.
Y con el asesinato del ex policía de Ensenada, Raúl Herrera Garzón, a quien mataron el 9 de febrero en la calle Mina, también de la colonia Independencia. Todos en el mismo municipio.
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COMANDANTES SEÑALADOS
Los entrevistados por este Semanario también pidieron anonimato porque -aseguraron- los comandantes corruptos han amenazado la vida de algunos agentes que no han mostrado disposición a participar, o les han iniciado campañas negras desde el interior de la corporación “para que renuncien”.
Entre los vendedores de protección, señalaron a una serie de jefes:
(Se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
*Federico Iván Miramontes Molina, agente de la FGE desde el año 2004 con licenciatura en Derecho en una universidad privada; designado el 9 de octubre del 2023, comandante Operativo Zona Tijuana. “El Rojo, le apodan; toda su carrera policíaca ha sido en Mexicali donde recibe dinero del Cártel de Sinaloa, ya que es compadre de alguien del cártel. Por eso esta tan tranquilo solo en Mexicali”.
Pero en Tijuana no se sentía seguro, aseguró la fuente, y agregó: “fue el único comandante al que hemos visto que pidió camioneta blindaba y andaba con un puñado de escoltas”.
*David Castro Jiménez, comandante Zona Tijuana, designado el mismo 9 de octubre; descrito por sus detractores como “títere manipulable”.
El 29 de febrero del 2024 anunciaron ajustes en las filas de la corporación y presentaron a los nuevos comandantes de zona. En Tijuana, retiraron a Castro y entró Mario Alberto Ponce Fimbres, licenciado en Derecho, con 20 años en la corporación; en Ensenada, salió Ángel Aispuro y quedó René Ignacio Arroyo Ruiz; y en Rosarito, removieron a Ramón Armenta y presentaron a Jorge Nazario Anda Ángeles, licenciado en Derecho, quien tiene nueve años de antigüedad.
Los comandantes también fueron señalados en la investigación “Mujeres torturadas, la impunidad en Tijuana”, de la autoría de Gabriela Martínez Córdova/Quinto Elemento Lab, reproducido por medios locales y nacionales el 7 de marzo.
“Otro elemento que también participó en la detención de Laura Xóchitl Moreno ascendió a Coordinador General de Comandantes”, se lee en la investigación, pero no precisa nombres.
Al momento de la redacción del reportaje, el comandante de Tijuana era Ponce Fimbres, y el coordinador general Gregorio Quintana Meza, quien se mantiene en el cargo.
MÁS FUNCIONARIOS SEÑALADOS
Los denunciantes anónimos también apuntaron su denuncia hacia:
(Se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
*Alberto Melo Santander, designado el 30 noviembre del 2023 como director Estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, a quien señalan: “…está buscando el acercamiento con todos los grupos de narcomenudeo para venderles la plaza de Tijuana en grandes cantidades de dinero, empezando con los agentes que forman parte de la banda que ha estado robando cocaína y metanfetamina a varias organizaciones criminales contrarias al Cártel de Los Arellano”.
*Juan Carlos Buenrostro, mano derecha de la fiscal Andrade, designado desde el inicio de su gestión como coordinador del gabinete de la Fiscalía.
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Los denunciantes aseguran que, en su discurso de reclutamiento de agentes corruptos, Melo asegura que “la instrucción y bendición para hacer -cobrar cuotas, operativos fantasmas- y dar protección” a los maleantes, proviene de Buenrostro.
Con el nombramiento de Melo en la dirección de Narcomenudeo, y Mario Alberto Martínez Cervantes, como Coordinador de la AEI -el 12 de octubre del 2023, con 13 años FGE-, reunieron la autoridad necesaria para los “operativos fantasmas” con los vendedores de droga. No necesitan al Fiscal especializado, Juan Carlos Pelayo, a quien este nuevo grupo de poder al interior de la FGE responsabiliza por la carta del 15 de febrero. “Lo acusaron y todos los sabemos”, señalaron.
A partir de entonces surgieron también señalamientos públicos en su contra. En las dos narcomantas colgadas en Tijuana, una el 23 de febrero y otra el 8 de marzo del 2024, Pelayo es acusado de recibir dinero de un cártel y de apoyar a Pablo Edwin Huerta Nuño alias “El Flaquito”.
Igualmente, el fiscal fue denunciado por oficiales de investigación, quienes facilitaron a ZETA documentos e información fidedigna de la participación de Pelayo, en la construcción de una casa, en la cual él -o sus socios- han invertido casi 10 millones de pesos en el Valle de Guadalupe, donde el funcionario sólo reconoce haber aportado 29 mil 235 dólares para unas piscinas y seis mil 500 dólares en paneles solares, a cambio de un porcentaje de ganancia por el presunto préstamo, y algunos beneficios aún no especificados, cuando el lugar se convierta en alquiler de habitaciones a través de la aplicación Airbnb.
ROBO DE DROGA Y TERRENO
En cuanto a la participación de agentes en al robo de la cocaína y marihuana, el 17 de noviembre del 2023 en la Privada ALTITUD 58 en Tijuana, la misma FGE inició una carpeta en la que resultó que sus agentes investigadores, Óscar Gauci Orozco y Melissa Ramos Curiel, habían acompañado a Salvador Vargas -asesinado el 27 de noviembre del 2023- en el operativo criminal para sustraer la droga.
Estaban bajo las órdenes de Cristóbal Ruiz León, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación, quien renunció a su cargo el 29 de noviembre, y fue suplido por Gustavo Francisco Olivo Lorona; pero -de nuevo- personal de la Unidad de Procesamientos (incluida una joven y llamativa agente) fueron identificados por la víctima, participando el 29 y 30 de enero del 2024, en el secuestro del ingeniero de 73 años, Eliú Quezada, para obligarlo a firmar un documento y cederles una propiedad de 170 hectáreas en la Zona Este de Tijuana.
El 20 de febrero de este año, se dio un tercer cambio: Hibael Suárez Osorio fue nombrado comisionado de la AEI.
Sin embargo, en estos casos la hipótesis oficial de los investigadores, es que estos elementos son reclutados de manera individual e independiente por los criminales.
En la conferencia semanal del Gobierno del Estado el 13 de marzo, la gobernadora Marina Ávila pidió reconocer a los elementos de todas las corporaciones que todos los días se la juegan por los ciudadanos y que son los más. Y aseguró que la FGE está implementando un régimen de consecuencias para los malos elementos.
Por su parte, la fiscal María Elena Andrade aceptó que “unos pocos se pudieran desviar de sus responsabilidades” por las injusticias, que hasta la llegada de este gobierno sufrieron, relacionadas con sus sueldos y seguridad social.