Las empresas que sean detectadas con intenciones de desaparecer, sin liquidar a sus empleados conforme a la Ley, podrían enfrentar hasta seis años de cárcel, de aprobarse la iniciativa de ley que propone la creación de tres delitos contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Michel Sánchez Allende, diputada de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presentó la iniciativa en la conferencia matutina del Gobierno del Estado, el 13 de marzo, sin embargo, ésta aún no ha sido aprobada.
En su turno al micrófono, la legisladora local señaló que desde noviembre de 2023 se comenzó a trabajar en la propuesta, después de lo ocurrido con los 63 empleados de la empresa KH Yellow, de Ensenada.
La empresa, propiedad del empresario de origen coreano Kevin Choi, cerró de manera sorpresiva el pasado 12 de septiembre, dejando sin su liquidación correspondiente y su pago salarial de una o dos semanas, a sus empleados.
El 17 de marzo, un grupo de ex empleados de KH Yellow se volvieron a manifestar, en esta ocasión, frente al restaurante 260° en Tijuana, propiedad de Choi.
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“Hicieron las cosas mal. La Secretaría del Trabajo según embargó máquinas, embargó cajas de sopa, embargó unos microondas todos podridos que no servían, entonces fuimos y les dijimos que qué pasó con el embargo que se hizo. Y decía que todo iba marchando bien, pero nosotros descubrimos por nuestra cuenta que no era cierto, que no embargaron lo que ellos dijeron, sólo unas poquitas máquinas”, dijo Miguel Ángel Lugo, uno de los afectados.
Al respecto, Alejandro Arregui, titular de la STyPS, señaló que la atención se le brindó a todos los afectados, sin embargo, no todos aceptaron y otros más optaron por representación privada.
Específicamente en el caso de KH Yellow, sólo 63 empleados eligieron poner su denuncia en la Procuraduría del Trabajo.
Golondrinas
Arregui Ibarra dijo a ZETA que desde que inició su gestión, se han detectado entre 10 y 15 empresas “golondrinas”, caracterizadas por cerrar sus puertas e irse de un día para otro sin cumplir con sus empleados, más seis en lo que va de 2024.
El caso más reciente, es el de la empresa Sigue, en Tijuana, la cual comenzó a despedir a sus trabajadores desde junio de 2023, pero fue hasta enero de este año que se hicieron las denuncias ante la STyPS, y en febrero del mismo año, los empleados fueron despedidos de repente.
“Hemos identificado seis casos, de los cuales hemos tenido conocimiento después de que se da el hecho y aproximadamente otros 10 o 15 casos más en los que pudimos intervenir antes de que se diera el cierre, y logramos que los trabajadores tuvieran la garantía del pago de sus liquidaciones, de seguridad social, etcétera”, dijo.
Asimismo, resaltó que en 2023 se logró recaudar más de 100 millones de pesos en concepto de sanciones a estas empresas, por incumplimiento a los trabajadores, durante las inspecciones realizadas tras denuncias.
Las empresas detectadas han sido de distintos rubros, continuó, desde la industrial textil, envío de remesas, call centers, maquiladoras variadas, las cuales no ha sido posible establecer un patrón específico.
“Las más recurrentes son las textiles, con inversiones de origen asiático, principalmente, pero no hay un patrón que nos determine un modus operandi de un sector determinado”, afirmó.
La dependencia afirmó que muchas de las empresas aún se encuentran en litigio, por lo que no es posible revelar los nombres, para evitar algún obstáculo en las investigaciones.
La propuesta de Sánchez Allende se encuentra en Comisión, sin embargo, espera que en dos meses se apruebe de forma directa, y de hacerlo, se considerarían tres delitos nuevos y 11 supuestos para el patrón.
Uno de ellos es el delito contra el Trabajo y Previsión Social, cometido por patrones contra trabajadores, con sanción de prisión de dos meses hasta tres años y multa de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Este delito está relacionado con patrones que paguen salarios por debajo del mínimo o que lo hagan en especie o mercancía, fuera del lugar de trabajo, o bien, que se retrasen más de 10 días.
Así como jornadas de trabajo de más de 11 horas en el día y siete horas en la noche, organizar sindicatos blancos que beneficien al patrón y no al trabajador, y no entregar utilidades.
Se sancionará con de uno a seis años de cárcel y de 100 a 500 UMAS de multa, a quien cierre operaciones de un momento a otro, sin cumplir con las prestaciones e indemnizaciones previstas en la Ley Federal de Trabajo.
Será delito, si el patrón simula no tener solvencia para cubrir indemnizaciones o para pagar proveedores y acreedores.
Arregui Ibarra recalcó que, para poder proceder con las inspecciones a empresas, es importante que se denuncie cualquier irregularidad, de lo contrario, no será posible que puedan detectar a tiempo este tipo de prácticas.
