La veda obliga a limitar “campañas” a temas de salud, educación y protección civil; pero los funcionarios sí pueden dar entrevistas, información y opinión, sin promover el voto
La propaganda prohibida por la Ley en periodos electorales es la autopromoción, la información en la que se ensalza explícita o veladamente a un personaje o un partido en campaña. Y evidentemente, las manifestaciones en las que se solicita o se promueve para la obtención de votos.
Este año, tales expresiones están prohibidas para funcionarios públicos, del 1 de marzo al 29 de mayo del presente 2024, con miras al día de la elección el 2 de junio. La veda incluye a todos los empleados de los gobiernos, incluidos los alcaldes, diputados y senadores, quienes, por decenas, van por la reelección desde el poder y el privilegio económico de sus cargos públicos.
En el presente proceso electoral hay más de 99 millones de votantes inscritos en la lista nominal, se están disputando 20 mil 708 cargos públicos, se elegirá un nuevo (a) Presidente (a) de la República; también se modificara la conformación del Congreso: 500 diputados – 467 quieren reelegirse- y 128 senadores- 88 buscan repetir-; además, cambiarán los gobernadores en nueve estados, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
El objetivo de la veda electoral es tratar de evitar que estos miles de candidatos y sus partidos en el poder utilicen el erario para su beneficio, como lo han hecho sus predecesores de todos los partidos durante décadas, incluidos los recién llegados -2018- de Morena que, por sus votos, gobiernan el 70 por ciento del país, tiene el 21 por ciento de los municipios.
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De hecho, como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se la ha vivido el sexenio en campaña, a partir del 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo ha señalado y sancionado por incurrir de manera reiterada en violaciones a principios electorales.
Por sus constantes menciones a personajes políticos, alabando a los afines y desdeñando a los contras, por la promoción personalizada de sus informes, por violencia política, por llamar a votar por Morena, por llamado a no votar en bloque. Este mes de marzo, lo recurrieron por la entrevista que le dio a la reportera Inna Afinogenova para Canal Red, plataforma del español Pablo Iglesias, en la que López Obrador aseguró que “va a continuar la transformación”, y la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum “tiene todo” y está preparada.
Incluso, en la conferencia mañanera realizada este 14 de marzo en Mexicali, AMLO se manifestó molesto y se dijo censurado, mientras la gobernadora Marina del Pilar Ávila aprovechaba -como siempre- para hacer culto a la imagen de López y mencionar las inversiones en el estado, como si provinieran de la cartera del Presidente.
Total, que los hechos muestran que hasta el momento el objetivo de la veda los tiene sin cuidado, sin embargo, conforme avanzan los días, algunos empiezan aprovecharla para limitar el acceso a la información; como el caso de la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, quien cuando creyó que sería candidata para repetir en su cargo, anunció que ya no daría conferencias tempraneras los lunes, y cuando la dejaron fuera dijo que siempre sí, aunque no se ha presentando.
Sin embargo, el área de comunicación del ayuntamiento tijuanenses decidió -por la veda- que la solicitud de información y entrevistas se debe hacer ahora a través de en hoja membretada, detallando los datos requeridos, para que se analice si puede ser concedida.
Olvidando que esos límites son para los funcionarios, no para la prensa.
“Los servidores públicos deben abstenerse de utilizar las cuentas oficiales en redes sociales y las páginas electrónicas oficiales de las instituciones, entidades o dependencias públicas, para difundir mensajes con fines político-electorales. Y la información que difundan deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, instruyen en la página de Gobernación.
La ley obliga a los gobiernos a limitar sus “campañas” a los temas de servicios educativos, de salud o protección civil, pero los funcionarios sí pueden realizar eventos de carácter privado y público, sí pueden difundir sus actividades, sí pueden hacer transmisiones en vivo, y si pueden dar su opinión, pero sin llamar al voto.
De nuevo, el límite temático es para los discursos oficiales de gobierno, no para las investigaciones realizadas por los periodistas.
La libertad de prensa está garantizada, ha referido el INE en repetidas ocasiones, reiterando el mensaje de agosto del 2022, con el que respondieron al pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (DGDDH/061/2022):
“El Instituto Nacional Electoral, siempre ha respetado, promovido y garantizado el derecho humano a la libertad de expresión de periodistas, actores políticos, así como de usuarios, comentaristas, activistas en redes sociales y de la ciudadanía en general”.
Entonces, si las entrevistas y los datos requeridos no se usan para promover partidos, candidatos o figuras públicas -como lo hacen algunos reporteros entregados al gobierno-, entonces, el acceso a la información no puede ser limitado.
