Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -precandidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, criticó, el 6 de febrero de 2024, que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado, un día antes, en Palacio Nacional, un paquete de iniciativas (dos legales y 18 constitucionales), que envió al Congreso de la Unión y que fueron entregadas a la Cámara de Diputados, por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Durante una gira por Washington, D.C., la política hidalguense dijo que la intención del titular del Poder Ejecutivo Federal era un distractor, para no aclarar que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), incluyendo una de sus agencias, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de que en 2006 recibió al menos 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, para su campaña presidencial, era un “tema cerrado”.
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Dicha información fue publicada, el 30 de enero de 2024, en los medios estadounidenses Propublica -agencia de noticias independiente- e InSight Crime -fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe-, así como una columna opinión escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández García y publicada en el medio alemán Deutsche Welle (DW).
“Me llama la atención que quiera desaparecer prácticamente órganos autónomos que son fundamentales en la democracia del país. Lo que él busca es llamar la atención para no responder ante los señalamientos de la prensa libre como ProPublica en cuanto a esta relación con la delincuencia organizada. Lo que tiene que hacer es limpiar su nombre y el de México”, enfatizó la senadora con licencia, cuestionada al respecto por la prensa, al salir de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital de Estados Unidos.
Asimismo, Gálvez Ruiz explicó que entregó una carta a Luis Leonardo Almagro Lemes, secretario general de la OEA, para urgir la presencia de observadores del organismo internacional, en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.
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“Debido a lo que está pasando en México, a la erosión de las instituciones democráticas, hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. De hecho, nos comentó que todavía no reciben la petición por parte del [Instituto Nacional Electoral] INE, que es algo que ojalá el INE haga para que ellos puedan preparar todo lo necesario para llevar a cabo esta observación”, aseguró la política hidalguense.
En la misiva entregada al secretario general de la OEA, Gálvez Ruiz expresó el riesgo de injerencia gubernamental en el proceso electoral, preocupación por el debilitamiento institucional y alerta por posible violencia.
“El contexto de violencia que se vive en México, lo que puede provocar que la elección de este año se convierta en la más violenta de la historia de México”, expuso la senadora con licencia, quien expuso que, hasta el momento, habían ocurrido seis asesinatos de aspirantes a diversos cargos de elección popular y alertó respecto a la violencia política digital, “que se refiere a intervención ilegal de comunicaciones privadas, donde se registran 85 agresiones contra diversos actores políticos”.
“De ahí que resulte necesaria la labor de observación electoral desplegada por la OEA en coordinación y cooperación con las autoridades mexicanas, previo a la jornada electoral. La temporalidad actual del proceso permite la implementación de mecanismos y medidas que auxilien en la prevención y mitigación del impacto de los niveles de violencia en los resultados electorales”, según indicó la política hidalguense.
En la misiva, la precandidata presidencial señaló “la intervención reiterada del titular del Ejecutivo Federal” en el desarrollo de la elección “y sus constantes descalificaciones a los candidatos de la oposición”, además del riesgo de que servidores públicos intervinieran en el proceso electoral “y la indebida conformación de las autoridades electorales”.
“Resulta necesario prevenir y evitar la intervención de actores que generen desequilibrios en la contienda electoral y que supongan un riesgo a la integridad electoral y al Estado de derecho”, expuso, en su carta, la política hidalguense al secretario general de la OEA.
