Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtieron, el 8 de febrero de 2024, que la injerencia del crimen organizado podría ser una causa para anular casillas o hasta una elección. Sin embargo, dijeron que para ello deberían reunirse los elementos necesarios, para que se acreditara dicha acción.
Asimismo, durante un encuentro con medios de comunicación, los tres magistrados sostuvieron que no se podía ignorar el tema de seguridad en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.
En su turno, el magistrado De la Mata Pizaña expuso que sí estaba contemplada la anulación de una elección por violencia generalizada, sin embargo, consideró que no era deseable llegar a este punto.
“¿La pregunta de que si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es ‘sin duda’; el marco normativo, particularmente la ley correspondiente establece supuestos por las que se puede anular la elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada, pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral”, subrayó el magistrado.
“Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera esos eventos no sucedan. Para eso, pues tiene que haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que haya en un determinado lugar un evento de este tipo y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. Es decir, se deben establecer mesas en lugares diferentes, que tengan resguardo especial de las autoridades de autoridad, que se busquen soluciones, como podría ser el voto anticipado”, manifestó De la Mata Pizaña.
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Por su parte, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, recordó casos como el de Michoacán, en el que si bien se anularon algunas casillas, ello no derivó en declarar la nulidad de la elección a nivel estatal.
“El Tribunal Electoral tiene sentencias muy claras en las que se anula toda elección que no cumplió con la calidad que tiene que tener una elección, y así lo hemos hecho en un sinnúmero de casos en donde se han anulado elecciones y casillas, como en Michoacán, en donde hubo nulidad porque se comprobó que hubo intervención del crimen organizado, y estas nulidades de casilla, en donde se comprobó alguna situación irregular, se anularon”, detalló la magistrada.
“Es importante dejar claro que el Tribunal no es una institución investigadora de casos. Nosotros resolvemos los medios de impugnación que llegan a esta instancia con los elementos que obran en el expediente […] El tema de la nulidad de elección sí será un recurso. Yo aseguro que nunca, ni ha sido, ni será un recurso. Las garantías de las elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley siempre serán resueltas en esta instancia, como lo han sido, analizando todos y cada uno de, como lo señalé, los agravios, las pruebas, el contexto en el que se dan los casos”, expresó Soto Fregoso.
En tanto que el magistrado Fuentes Barrera explicó que no sólo se tiene que detectar la violencia política generalizada en una elección, sino acreditar por qué dicho factor influyó en la jornada electoral.
“No es que detectemos anomalías en ciertos lugares, que haya permisión, se viole la Constitución, pero poquito. No. Lo que sucede es que la propia Constitución nos marca pautas para actuar en caso de nulidades de elección. Nos señala no sólo identifíquese violencia generalizada, sino también cómo influyó esa violencia generalizada en el resultado”, sostuvo Fuentes Barrera.
Asimismo, el magistrado dijo que si bien era innegable la preocupación del tema de la inseguridad, se debía respetar la autonomía constitucional que tenía el Instituto Nacional Electoral (INE).
“No puedo pronunciarme sobre lo que hace o debe hacer el Instituto Nacional Electoral porque seguramente eso será materia de algún litigio que tenga que verse en el Tribunal y, desde luego, no podría adelantar o prejuzgar en este asunto”, apuntó Fuentes Barrera.
Sin embargo, la magistrada Soto Fregoso se abstuvo de comentar respecto a lo que tendría que hacer el INE en materia de seguridad y consideró que en el TEPJF sólo debían pronunciarse en casos concretos.
“Yo creo que están atendiendo el tema, y si son suficientes o no, no me atrevería a calificar en este momento porque es un asunto que puede llegar a esta instancia [Sala Superior]. Tenemos casos en donde hay una realidad, pero el papel del Tribunal es garantizar, en el caso concreto, cualquier situación anómala que pueda reflejarse en una elección”, apuntó la magistrada presidenta, quien refrendó a la ciudadanía y a los actores políticos, que el TEPJF no era un actor político.
“El Tribunal Electoral está, por supuesto, para confrontar, para responder a la crítica, a los cuestionamientos que se deban hacer como institución impartidora de justicia, pero con una visión o de un enfoque que tiene que ser con el tema de cómo, por ejemplo, el INE cómo organiza las elecciones y el Tribunal Electoral cómo resuelve los medios de impugnación”, apuntó Soto Fregoso.
La noche del 7 de febrero de 2023, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, se reunió con líderes nacionales de los partidos políticos y reconoció que había zonas del país que por diferentes razones “no podemos entrar a hacer recorridos”.
La consejera presidenta del órgano constitucional autónomo presentó a los representantes de los partidos políticos, un protocolo de protección para candidatos a la Presidencia, a gobernadores, al Congreso de la Unión y también a cargos locales.
En el proyecto titulado “Esquema de Seguridad para las Candidatas (os) que contenderán a las Gubernaturas de los Estados, Senado de la República y Cámara de Diputados”, se incluyen indicadores de riesgos, así como también la participación de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), así como de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, además de la Guardia Nacional (GN).
“Hoy por hoy nos avisaban de unas zonas en Michoacán en donde no podíamos estar entrando a buscar a los que ya salieron sorteados para ser funcionarios de casilla. Hay que respetar”, dijo Taddei Zavala, al recordar que había comunidades que tenían sus propias reglas.
“Hay diferentes detalles que se van descubriendo, si a eso le podemos llamar ‘focos rojos’, llamémosle ‘focos rojos’ en términos operativos, pero no son los focos rojos que normalmente el área de seguridad maneja”, argumentó la consejera presidenta del INE.
Durante el evento celebrado en la sede nacional del órgano constitucional autónomo, Taddei Zavala conminó a los partidos políticos a no permitir la entrada de recursos “no correctos” a las campañas electorales.
Sin embargo, ante los señalamientos del bloque opositor en el sentido en el sentido de que el protocolo de seguridad era insuficiente y que podría darse una nulidad de la elección por la intervención del crimen organizado, la consejera presidenta del INE pidió no prejuzgar.
“No prejuzguemos, veremos cómo se desarrolla el proceso electoral y cómo se desenvuelve la jornada electoral. Eso sería prejuzgar. Por supuesto que siempre tenemos que estar con esa preocupación, todas y todos. Todo el país hay que estar atentos de que eso no suceda, que no forme parte de la jornada electoral, pero no podemos prejuzgar de manera anticipada qué va a ocurrir, si se va a dar nulidad. Sería muy irresponsable”, anotó Taddei Zavala.
La consejera presidenta del INE señaló que durante la mesa de seguridad instalada quedó claro que el protocolo podría ser enriquecido e incluso dijo que “se aceptan propuestas”, pero recordó que el Instituto Nacional Electoral no contaba con atribuciones de vigilancia e investigación, pero sí de acompañamiento.
“A qué se refieren cuando dicen que es insuficiente [el protocolo]. Ellos establecen que no solamente es a los candidatos a los que hay que generarles un protocolo sino a toda la ciudadanía”, expuso Taddei Zavala, quien también resaltó que esa era una tarea que no le competía al INE, pero que estaban en toda libertad de hacer dichos posicionamientos.
“Es decir, no está en riesgo la seguridad de sus candidaturas. No, eso no porque ya existe, al menos, de nuestra parte [el INE], el protocolo presentado para ellos”, enfatizó la presidenta del órgano constitucional autónomo.
En su turno, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Antonio Cortés Mendoza y José de Jesús Zambrano Grijalva, definieron dicho protocolo como “insuficiente” e incluso pidieron incluir mapas de riesgo y filtros de investigación.
“Debo decirles que, hasta hoy lo conocemos (el protocolo), haremos una retroalimentación puntual, pero de entrada a mí me parece que es insuficiente porque no se está cubriendo los cinco momentos en los que el crimen organizado se ha involucrado y ha intervenido en los procesos democráticos, y me refiero desde la postulación de candidatos”, dijo el político michoacano y líder panista.
Cortés Mendoza recordó que durante el proceso electoral de 2021, varios candidatos fueron amedrentados y amenazados, para que no aceptaran ser postulados a un cargo de elección popular. También comentó que durante la reunión solicitaron al INE “que haga responsable” al Gobierno Federal de un proceso violento y con inseguridad.
“Le queremos pedir al INE que no solo nos diga las medidas que va a tomar, cómo va a evaluar, si estas medidas están dando resultados. Están evitando la intervención del crimen, porque no basta poner medidas que no den resultados, tienen que ser evaluadas y corregidas con oportunidad”, acotó el dirigente nacional del PAN.
