Por ocho votos contra tres, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó, el 8 de febrero de 2024, un recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) que, alegando riesgos a la seguridad nacional, impugnó una orden dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en marzo de 2023.
Ello para que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) difundiera seis contratos de compra de potencia firmados en 2022, bajo protocolos de emergencia de energía eléctrica en Baja California, pero sin censurar el monto que se pagó a las empresas proveedoras.
Según detalló el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, tres de los seis contratos fueron firmados con una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, las dos partes involucradas fueron órganos del Gobierno de México, pero aún así, la CJEF pretendía mantener el monto bajo reserva durante cinco años.
No obstante, la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador alegó que publicar dichos precios, afectaría la confiabilidad del sistema eléctrico, facilitaría maniobras de colusión entre las empresas vendedoras y habría riesgos de sabotaje a la infraestructura. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, apoyaron esos argumentos.
“La divulgación de los precios de esos contratos no conlleva una amenaza a la seguridad nacional, en tanto que su conocimiento no interfiere con acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia de infraestructura de carácter estratégico o prioritario para la provisión de servicios públicos como el Sistema Eléctrico Nacional o el de Baja California […] No se dan a conocer detalles de la producción, servicio, costos internos o aspectos técnicos de operación o infraestructura”, dijo, por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales.
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Mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena destacó que la posible colusión entre empresas no era un problema de seguridad nacional, sino de competencia económica. En tanto que Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó que publicitar los precios podría incentivar que se realizaran ofertas más económicas al CENACE.
“Existen una gran cantidad de variables y requerimientos distintos para cada ejercicio, no se advierte una conexión directa para que el conocimiento del precio llegar a obstaculizar la compra de energía para futuras emergencias. Incluso, la publicidad puede permitir que los competidores pudieran hacer ofertas a mejores precios, o por competidores diversos”, explicó Pardo Rebolledo.
Asimismo, la ministra Margarita Ríos-Farjat señaló que el número de posibles participantes en una licitación o concurso, en el caso de Baja California, fueron 28, lo que no podía ser un pretexto para que las instituciones gubernamentales ocultaran los montos de sus contratos, Aunado a lo anterior, el ministro Javier Láynez Potisek sostuvo que el argumento de la CJEF podría usarse para opacar cualquier contrato público. También recordó que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y normas del mercado mayorista, establecían el principio de máxima publicidad en materia de contratos, a su vez regidos por las reglas de difusión del artículo 134 de la Constitución.
La mayoría del Pleno de la SCJN desechó el fallo dictado en mayo de 2022, cuando el máximo tribunal constitucional confirmó la reserva de datos de la compra de vacunas contra la COVID-19, debido a que ello se trató de una situación excepcional de salud pública, y los propios contratos tenían cláusulas de nulidad, si se publicaban los precios.
