Luisa María Alcalde Luján, titular de Secretaría de Gobernación (SEGOB), detalló, el 7 de febrero de 2024, la forma en que se planteaba financiar la reforma sobre pensiones, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaría que el Gobierno Federal aportara recursos públicos, para que los trabajadores se retiraran con su último sueldo completo, pero el límite será el salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 fue de 16 mil 777 pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la funcionaria federal expuso que la iniciativa proponía que los trabajadores se retirarían con el 100 por ciento de su último salario.
“¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100 por ciento de su último salario, es decir con un complemento un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto del Seguro Social”, señaló Alcalde Luján.
La iniciativa de reforma propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal planteó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para lo cual utilizarían recursos del capital semilla de 64 mil millones de pesos, entre los que se encontrarían: recursos de las operaciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), así como la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Además de las utilidades de las operaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); el cobro de los adeudos de entes públicos y gobiernos estatales, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Asimismo, se utilizarían recursos de la aplicación de los artículos 302, de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley de INFONAVIT. También se plantan recursos complementarios tales como: de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Así como ahorros de la extinción de órganos constitucionales autónomos, además de 25 por ciento de las utilidades que generan las empresas paraestatales de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR); y, la capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Según lo explicó la titular de la SEGOB, los beneficiarios de dichas reformas serían los trabajadores de 65 años de edad, que cumplieran con los requisitos para obtener una pensión y que se pensionaran una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
“También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se puedan liberar estos recursos y que formen parte del Fondo para las Pensiones”, dijo la funcionaria federal.
“Número dos, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas tiene que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. [También se contemplaba] el 25 por ciento de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están cargo de SEDENA y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones. Y, finalmente, la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo”, agregó Alcalde Luján.
Las empresas que en la actualidad estaban a cargo de la SEDENA, eran: Grupo Aeroportuario, Ferroviario y Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V.; Tren Maya S.A. de C.V.; Aeropuerto Internacional de Palenque, Señor Pakal S.A. de C.V.; Aeropuerto Internacional de Tulum; Zamá S.A. de C.V.
Por su parte, la Secretaría de Marina, controlaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, pero también pidió mil 500 millones de subsidio en 2024, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) estaba en proceso de entregarle otras seis terminales aéreas, para lo cual creó la empresa Grupo Aeroportuario Casiopea.
Según Alcalde Luján, la iniciativa constitucional que el presidente López Obrador presentó el lunes 5 de febrero de 2024, buscaba contrarrestar los efectos de la reforma del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que en 1997 creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), un sistema privado, inspirado en el modelo de Chile.
La titular de la SEGOB recordó que en 2021 entró en vigor la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), desde 1997, que redujo el requisito de mil 250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) e incrementó la aportación total a la pensión de 6.5 a 15 por ciento, sin aumentar la cuota de los trabajadores. Con ello, según aseguró, los trabajadores pensionados con la última reforma percibirían el 64 por ciento de su salario, frente al 27 por ciento de la legislación de 1997.
Los mexicanos que se beneficiarían de la nueva reforma, que debía obtener la aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión, serían los trabajadores formales de al menos 65 años de edad, que cotizaran en el IMSS desde 1997 o en el ISSSTE, desde 2007. “Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, finalizó Alcalde Luján.
