El abuso policial es más frecuente de lo que la gobernadora Marina de Pilar Ávila quiere reconocer, independientemente de que exista corrupción dentro del Poder Judicial Federal
Óscar Molina Zavala y Rafael Saldaña Montiel, respectivos jueces de Control y de Juicio Oral en Mexicali, además de Fausto Rolando González Urzaiz en Tijuana, se encuentran en el radar del equipo jurídico del Poder Ejecutivo y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, como los togados con “criterios absurdos” que facilitan -por decirlo de alguna manera- la liberación de delincuentes.
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Desde la parte más alta de la mañanera, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda despotricó contra el Poder Judicial Federal, y de paso criticó a un grupo de policías municipales citados por un juez para declarar en el caso por el cual fue liberada Xóchitl Sánchez Félix, hermana de Jesús Alexander Sánchez Félix yo/José Ponce Félix alias El Ruso, líder del Cártel de Sinaloa en Mexicali y el Valle de San Luis Río Colorado, Sonora.
El mensaje fue muy bien respaldado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), por lo cual la mandataria forjó una red de apoyo con su gabinete y agentes, con quienes jugaron a una espiral de justificaciones en la cual resultó más conveniente respaldarse que analizar y comprender los motivos por los que se está liberando a criminales.
Todos en el gobierno respaldan la idea de que existe corrupción dentro del Poder Judicial federal, emulando el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene más un enfrentamiento político con un trasfondo de autoritarismo, y la no aceptación de errores de sus elementos de seguridad o de procuración de justicia.
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Lo que Marina del Pilar nunca analizó es que, más allá de asumir que pudo haber corrupción o malos criterios de los jueces, también pudieron registrarse abusos policiales, conducta tan normalizada y justificada, que hasta los medios de comunicación llegan a ser partícipes en el ocultamiento de información, en aras de “no arruinar la investigación” o el debido proceso.
Policías estatales, municipales e investigadores, recurren siempre a tácticas ilícitas para mantener cautivos a presuntos delincuentes, como sembrar droga o un arma blanca; simular una detención en vía pública cuando esta se suscitó dentro de una vivienda en la que se ingresó sin contar con orden de cateo; o argumentar una denuncia anónima para justificar la flagrancia.
Hoy en día, que los criminales cuentan con tecnología y una organización que sobrepasa la coordinación gubernamental, al instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para proteger droga, armas o mercancía ilegal e incluso se les pueden detectar modernos sistemas de comunicación para vigilar a los cuerpos de seguridad, las herramientas de las corporaciones policíacas son rebasadas.
Por ende, si un delincuente es detenido con armas y droga, pero la evidencia recabada fácilmente por sus abogados demuestra que los policías irrumpieron en un domicilio sin orden de cateo y causaron severos destrozos para capturarlos, el sujeto podrá ser un generador de violencia reconocido, pero hasta él cuenta con Derechos Humanos que históricamente han sido violados, ya que los elementos se enarbolan en una bandera de “justicia” para pasar por encima del Derecho, cuando -en teoría- las leyes deben protegerlos.
La gobernadora está obligada a presentar todas las denuncias correspondientes en contra de juristas que cometan irregularidades, pero también debe hacerse una introspectiva sobre el desempeño de sus policías para saber si algo están haciendo mal en sus intervenciones.
El argumento más sencillo para deslindarse de los errores es precisamente culpar a otros, pero a ninguno parece preocuparle que hubo omisiones tan graves que hasta uno de los jueces ordenó una investigación contra los agentes aprehensores por mentir en el Informe Policial Homologado.
Sí realmente es un tema de prioridad y si se cree que existe corrupción o malos criterios de los jueces, existen mecanismos para exhibirlos, los cuales deben seguirse en un ejercicio de responsabilidad. Pero de manera paralela, el Poder Ejecutivo debe revisar las malas prácticas históricas que se cometen para capturar a los criminales, pues en la actualidad es relativamente accesible obtener la real la información de los hechos.
El sistema acusatorio adversarial está por cumplir 14 años en Baja California y las fiscalías siguen recurriendo a parches o trampas para evitar que los casos se caigan, como si a pesar del tiempo, no se hubiera comprendido el funcionamiento garantista de un sistema judicial impulsado -precisamente- con la intención de que ya no haya inocentes en las cárceles.
