Legisladores de Morena, PVEM, Fuerza por México y parte de la bancada del PT votaron a favor de ampliar los supuestos normativos para que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda pueda hacer compras por adjudicación directa o invitación a terceros sin previa licitación.
El Dictamen 121 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales reforma entre otros artículos, el 38, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, para que dependencias del gobierno estatal y paraestatales puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin licitación cuando “no pueda existir bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables”. Supuesto que se acreditará con la investigación de mercado.
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En dicho artículo se agrega en la fracción II la posibilidad de que la adquisición sin licitación se haga cuando existan emergencias sanitarias, y en la XV cuando la contratación de servicios de difusión sea en plataformas digitales.
Adiciona tres fracciones (XVI, XVII y XVIII) relativas a que las adquisiciones sin licitación se hagan cuando algún proveedor con un contrato vigente derivado de una licitación pública en el ejercicio fiscal en curso o en el inmediato anterior, “acepte y sostenga otorgar las mismas condiciones del contrato vigente en cuanto especificaciones técnicas, de calidad, precio, alcances y demás especificaciones previamente ofertadas”.
Así como cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones y, cuando se trate de la suscripción de convenios específicos que deriven de un contrato marco, señala el Dictamen 12, que obtuvo 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
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En la sesión extraordinaria del pleno, celebrada virtualmente este 9 de febrero de 2024, ningún diputado que votó a favor y en contra justificó su decisión. Los votos en abstención fueron de las legisladoras del Partido Encuentro Solidario (PES) Rosa Margarita García Zamarripa y María Montserrat Rodríguez Lorenzo.
Al razonar el sentido del voto de la bancada del PES, Rodríguez Lorenzo señaló: “Si bien se considera que la reforma pretende clarificar los procedimientos de adjudicación como son contratos marco, las compras consolidadas y los contratos integrales que pudieran facilitar la adquisición de bienes y servicios, no se comparte la idea de incrementar los supuestos normativos para adquisiciones directas sin la licitación previa”.
Los legisladores del PAN, MC y parte de la bancada del PT votaron en contra. La emecista Daylín García Ruvalcaba indicó a ZETA que rechazó la iniciativa -impulsada por el Poder Ejecutivo- debido a que “el gobierno del Estado pretende eliminar licitaciones poco a poco para utilizar solamente adjudicaciones y también pretende ampliar contratos al siguiente ejercicio fiscal si se justifica que esa compra o servicio es ´indispensable´”
Lo cual es “un retroceso en términos de transparencia proactiva y combate a la corrupción. ¿Cuál es la razón de minimizar las licitaciones y los concursos para proveedores y optar mayormente por la adjudicación directa?”, cuestionó García Ruvalcaba.
En el último párrafo del art. 2 se establece que la Unidad Administrativa podrá adquirir bienes, arrendamientos o servicios a través de “Convenios Específicos” sin que exista una justificación para cambiar la palabra “contratos” por “convenios”, observó.
Tampoco fueron consideradas propuestas para modificar la iniciativa, como la de reformar el artículo 20 para que 30% de los proveedores sean estrictamente con arraigo local, añadió García Ruvalcaba
