Un total de 8 militares acusados del delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, salieron, alrededor de las 03:00 horas del 24 de enero de 2024, del Campo Militar 1-A, luego de que el día sábado 20 del mismo mes y año, Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, determinó que llevaran en libertad su proceso.
La juzgadora federal fijó a los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país, acercarse al estado de Guerrero, además de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Los militares liberados fueron Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
“En virtud del cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a todos estos requisitos y habiéndose cumplido con todas las exigencias del juzgado como fue la entrega de pasaportes, comprobantes de domicilio, pagos de fianzas, fueron saliendo de manera paulatina en el transcurso de la madrugada, pasando la media noche y hasta las 3:00 de la mañana”, detalló el abogado César Omar González Hernández
“Yo creo que en este momento ya están todos llegando a sus casas con sus familias y listos para enfrentar el resto de lo que viene, que ahora se viene el juicio y demostrar su completa inocencia”, indicó el litigante, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena Radio Fórmula.
Publicidad
__
Asimismo, González Hernández criticó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) haya enviado, el 12 de diciembre de 2024, una carta a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtiendo un riesgo de absolución de los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, debido a que, según consideró, “esa no es su atribución”.
“El hecho de que la Secretaría de Gobernación envíe cartas a la ministra presidenta, pues francamente no tiene ningún valor. Ella no es parte en el proceso entonces es un sinsentido jurídico”, apuntó el abogado defensor de los ocho militares, quien también indicó que quedaba pendiente la liberación de otros cinco militares.
Ellos eran el general Brigadier José Rodríguez Pérez, sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada; así como el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa; el sargento de Primera Infantería, Eduardo Mota Esquivel y el soldado de Infantería, Francisco Narvaez Pérez, quienes estaban acusados por los mismos delitos. “Vamos a pelear por ellos, la misma causa, que sea el cambio de la medida cautelar que debería seguir la misma suerte para todos”, insistió el litigante.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 23 de enero de 2024, la resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) y reveló que desde hace algunas semanas advirtió a la ministra presidenta de la SCJN, del riesgo de la absolución de los 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mismos que obtuvieron su libertad condicional el día sábado 20 del mismo mes y año.
El 22 de enero de 2024, el Gobierno Federal anunció que pediría a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de ser posible, se solicitaran, al PJF, nuevas órdenes de aprehensión en contra contra 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
