En los últimos cuatro años, los amparos para anular las infracciones de tránsito expedidas en los operativos de alcoholímetros en Ensenada han saturado el Juzgado Tercero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Los despachos de abogados en el puerto siguen tramitando amparos al por mayor debido a las lagunas legales detectadas dentro de los procesos de infracciones de Tránsito en los llamados filtros, donde los profesionales del Derecho han declarado que son inconstitucionales.
“El alcoholímetro es un operativo, y estos no están reglamentados, por eso es que los afectados tienen derechos a la nulidad de la infracción”, compartió a ZETA un grupo de abogados que mostraron oficio, infracciones y videos de servidores públicos, reservando su identidad con el argumento de que no hay quien garantice su seguridad.
Datos públicos del TEJA indican que en 2020 obtuvieron 52 sentencias firmes, la mayoría para anular las infracciones de tránsito, cifra que fue creciendo hasta llegar a 93 en 2023.
Lo mismo sucede con los amparos en general, pues los procedimientos en contra de servidores públicos, como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), pasó de 139 asuntos en 2020 a 898 en 2023.
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Las principales causas que han llevado a los ciudadanos ensenadenses a recurrir a un recurso de amparo, se deben a que agentes policiacos se negaron a leer los derechos, no están identificados o se niegan a especificar cuál es la violación que cometieron.
GRÚAS, AYUNTAMIENTO, POLICÍAS Y ABOGADOS: EL NEGOCIO DEL ALCOHOLÍMETRO
En noviembre de 2023, Luis Carlo, un ciudadano de 45 años de edad, fue intervenido en un filtro policiaco por no aprobar los límites permitidos del alcoholímetro instalado en el Bulevar Costero, frente al Centro Cultural Riviera, constató ZETA en el lugar del operativo.
Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) le informaron sus derechos y, antes de que subiera a la unidad conocida como pandita para trasladarlo a la Estación Oriente, le permitieron a un pasante de abogado ofrecer los servicios profesionales.
La oferta consiste en un pago de 3 mil pesos para obtener una liberación de entre tres a seis horas, con posibilidad de anular la infracción que oscila entre 12 mil y 20 mil pesos, así como apoyo para liberar el vehículo tras el pago de entre 2 mil 500 y 4 mil pesos por el arrastre de la grúa, más el piso de unos 500 pesos diarios.
Las cuatro empresas que colaboran con el gobierno municipal son Corralón Núñez, Avanti, Arrastres de Ensenada y Chapultepec.
Al mismo tiempo, por la noche, los operadores de las grúas llevan a cabo, junto con la Policía Municipal, redadas para detectar unidades presuntamente mal estacionadas en espacios céntricos y calles cerradas donde el Ayuntamiento de Ensenada realiza obras, como en la Ruiz, Gastélum, Obregón y Moctezuma.
Llegan a las zonas de bares y restaurantes y extorsionan a los ciudadanos, pidiendo los policías de 3 mil a 4 mil pesos para no expedir la multa y que el pago sea para el conductor de la grúa, por ello no otorgan ni recibo ni factura.
“No te iba a multar, pero ahora sí lo voy a hacer por andar pidiendo recibo”, dijo un agente de Seguridad Pública a Ericka, conductora estacionada en Obregón y Séptima, a un costado del Parque Revolución, alrededor de las 22:00 horas en la Zona Centro, junto a otros diez conductores que se encontraban en un restaurante bar. La mayoría pagó.
DENUNCIAN A POLICÍA POR ALCOHOLÍMETROS ALTERADOS
Un ciudadano, quien mantiene un proceso legal con elementos de la DSPM, compartió con este Semanario su recurso de amparo, el cual se encuentra en proceso desde octubre de 2023 y donde presentó argumentos para invalidar la multa impuesta por conducir en estado de ebriedad incompleto, con un resultado de 0.65 miligramos por litro de aire expirado, de acuerdo a como la Secretaría de Salud mide el grado de alcohol en el cuerpo.
En su caso, aseguró no haber bebido esa noche con las cantidades marcadas en el alcoholímetro, aun así, le aplicaron el Artículo 239 del Reglamento de Tránsito, que menciona, los oficiales podrán retirar un vehículo si está mal estacionado o cuando sean requeridos legalmente por la autoridad.
“Lo anterior sin decir la motivación de cuanto es lo menos o más de ese grado de alcoholemia, tampoco dice la fecha de calibración o quien calibró el aparato que se usó para tomar la muestra de aliento, y tampoco el equipo tenía cadena de custodia”, indicó el denunciante.
Agregó que esa noche no fue canalizado con un juez, “nunca me dieron oportunidad de mi derecho de audiencia previa, violentando así un principio rector del debido proceso y de mis derechos fundamentales”, acusó.
El Artículo 4 del Bando de Policía y Buen Gobierno indica que se aplicará “multa o arresto”, pero le dieron ambas más una amonestación. “Me privaron de mi derecho fundamental de poder presentarme con la autoridad administrativa como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está el policía demandando, esta demanda de nulidad, ya que no se encuentra calibrado el aparato utilizado para tomar la muestra, ya que no reúne los parámetros requeridos; aunque pedí una segunda prueba con un médico, no hay ese derecho”, alegó el hombre inconforme con el resultado.
De acuerdo con la boleta, el policía que los arrestó omitió colocar sus datos.
DERECHOS HUMANOS DIO TRÁMITE A 105 QUEJAS EN DOS AÑOS
En 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) procesó 35 quejas, 70 en 2023, todas en contra de la DSPM. Los motivos fueron distintos actos que los ciudadanos consideraron una violación a sus derechos.
Sobre los alcoholímetros, la institución informó que el organismo registró durante 2023 una queja relacionada con alcoholímetros en Ensenada. El principal derecho humano presuntamente vulnerado fue el Derecho a la Seguridad Jurídica. La autoridad señalada fue la DSPM Ensenada.
AUMENTAN SENTENCIAS EN EL TEJA
El número de sentencias relacionadas con la anulación de una multa de Tránsito Municipal de Ensenada ha incrementado en el Juzgado Tercero del TEJA, además de los procesos administrativos en contra de la autoridad municipal y estatal, incluyendo policías.
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