Como un acto político y carente de un sustento jurídico, calificó la coordinadora municipal del Partido del Trabajo en Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones, su inhabilitación por un año promovida por Sindicatura Municipal, derivado de lo que calificó un convenio de colaboración para “prestarle” dinero al Poder Ejecutivo, entonces dirigido por Jaime Bonilla Valdez.
Como es conocido, Mora Quiñones fue alcaldesa de Mexicali durante siete meses en 2021, en sustitución de la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien rompió relación y se acercó al grupo político del ex mandatario que hoy dirige las acciones en el PT.
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El 21 de diciembre de 2023, Lupita Mora -como es más conocida- fue notificada por Sindicatura Municipal de la determinación para inhabilitarla del cargo durante un año, lo que -en teoría- le impediría buscar un cargo de elección popular, pero el 9 de enero, tras un análisis jurídico, inició un litigio que le otorgó una suspensión de la sanción en su contra, la cual prevalece hasta el cierre de edición, jueves 18 de enero.
“Ese convenio lo signó también el tesorero municipal Víctor Amador, que hoy es secretario del Agua y que lo consultamos y son frecuentes entre las dependencias; me extraña que el síndico no lo sepa y se cumplió en tiempo y forma. No hubo un agravio al Ayuntamiento porque se regresó (el recurso) y hasta incluso se cobraron intereses por él por los dos meses y medio de reintegrarlo por el Estado”, argumentó Mora.
El proceso judicial emprendido por el síndico Héctor Israel Ceseña se originó de una denuncia presentada por el entonces regidor del PAN, Héctor Ibarra Calvo, el cual planteó que había una ilegalidad en el hecho que el Ayuntamiento de Mexicali “prestara” las participaciones federales que le competen al gobierno municipal para cubrir pagos del Poder Ejecutivo.
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En junio de 2021, Mora Quiñones hizo un convenio con Jaime Bonilla Valdez, para que el segundo liberara participaciones federales superiores a 200 millones de pesos que tenía pendiente de pagar, a cambio de que se los “prestara” para cubrir un adeudo con Issstecali, con la promesa que los devolvería antes de concluir la administración.
“Lo que quieren impedir es que yo tenga la posibilidad, sí así se decide, que participe como candidata a la presidencia municipal, que sí lo haría, por supuesto, y lo voy a hacer. Estos son temas legales, ellos saben que es improcedente”, refirió la ex morenista -ahora petista-, agregando que Sindicatura tiene 30 días para resolver su impugnación y, de resultar contraria la demanda, podrá seguir a través del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Con la suspensión, dijo, ella se puede registrar como aspirante cuando los tiempos del PT lo permitan (tentativamente hasta la primera semana de marzo). “Saben perfectamente que Netzahualcóyotl Jáuregui tiene demandas ante la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), y la verdad es un tipo que ahora ante la sociedad y los ciudadanos no es bien recibido. Entonces, ven que tengo la invitación del PT y la verdad puedo decir que en el corto tiempo que tuvimos y estuvimos, dimos la cara, a pesar de que teníamos un Cabildo en contra, porque oían el canto de las sirenas, pero nosotros nos dedicamos a trabajar”, afirmó Lupita.
Por su parte, el síndico procurador Ceseña Mendoza afirmó que la determinación se dio solamente por el tema del mal ejercicio de sus funciones como funcionaria, pues la alcaldesa no puede disponer de recurso federal para “prestarlo”, menos sin el aval del Cabildo de Mexicali.
El funcionario municipal agregó que estarían próximos a notificar la decisión al Poder Ejecutivo para que haga lo propio para una inhabilitación de Jaime Bonilla Valdez o de los funcionarios involucrados en aceptar dicho acuerdo que pudo ser irregular.
El síndico procurador refirió no poder hablar mucho sobre el caso, debido a que todavía es un proceso abierto, pero también porque se tiene otra investigación relacionada con el destino del recurso y si realmente se pagó.
Para concluir, respecto a la tardanza del caso y que la inhabilitación se dé justo antes del proceso electoral, indicó que las diligencias dentro de Sindicatura llevan su tiempo, aunado a que no responden a agendas o tiempos políticos.
