Como cada año, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur realizó el cambio de la presidencia. Y con la salida de Alma Lidia Cota, Elidé Salvatierra asume la titularidad de este órgano.
En su discurso de toma de protesta, Salvatierra enfatizó que parte de su trabajo este año se enfocará en perfeccionar la plataforma digital que crearon como un sistema de recopilación, sistematización y procesamiento de información de datos abiertos.
En este sitio se albergan evaluaciones patrimoniales, declaraciones de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos de la entidad y municipios.
“Tenemos temas claves, como la plataforma digital estatal. Nosotros no concluimos, pero avanzamos bastante en el funcionamiento de esta herramienta; el ciudadano tendrá una plataforma con mucha información clave, en donde podrá hacer el cruce”, reiteró.
Al ser el fortalecimiento de esta plataforma uno de los ejes de su gestión como presidenta, recordó que también incluye información sobre funcionarios y particulares sancionados por responsabilidades administrativas.
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Asimismo, Elidé Salvatierra agregó a su lista tener una mayor incidencia de encuentros con la Red Ciudadana Anticorrupción. En este escenario, recordó la importancia de que haya coordinación entre autoridades y ciudadanía.
“Yo sé que se van a poder hacer muchas cosas porque me siento muy cerca de las autoridades del Comité Coordinador; hemos tratado de hacer una alianza tal y como debe de ser porque el sistema debe ser una sola porque perseguimos un sólo objetivo. Yo creo que en un nivel de importancia todos somos importantes, pero el ciudadano es clave de este sistema”, expresó.
Con la salida de Alma Lidia Cota, se cierra un ciclo de la primera generación de integrantes del CPC. En estos cinco años lograron avances como la creación de la política estatal anticorrupción, así como el programa de implementación de la misma, esto tomando en cuenta que el Sistema de Baja California Sur era el que menos presupuesto tenía en el país.
El CPC gestionó y presionó para que el Congreso del Estado designara al primer fiscal Anticorrupción, siendo Lenin Ortiz Amao el elegido por la XVI Legislatura en abril de 2023.
