El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 15 de enero de 2024, que el 5 de febrero del mismo año enviaría un paquete de iniciativas al Congreso de la Unión -que incluyen salarios, pensiones, lo electoral y al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otros-, aunque reconoció que no contaba con los votos suficientes para sacar adelante reformas a la Constitución.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño defendió por anticipado las iniciativas de reformas. Al hablar respecto a los grupos legislativos de oposición en el Congreso de la Unión, reconoció que tenían los votos suficientes para bloquear cualquier cambio a la Carta Magna.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que trabajaba en la redacción y las corridas financieras de los proyectos que, una vez en las cámaras -tanto en la de Diputados, como en el Senado-, prácticamente serían discutidos de manera paralela a las campañas electorales.
“Luego los mandones de la oligarquía tienen el control de los medios de información, o sea, los tres poderes antes, ahora ya el Ejecutivo no lo tiene, y tampoco el Legislativo, una parte, sólo para bloquear porque cuando se quiere hacer una reforma constitucional bloquean, no es posible porque no se tiene mayoría calificada, se tiene mayoría, pero no calificada”, reconoció el mandatario nacional.
“¿Aún así las va presentar?”, le preguntó un reportero. “Sí, sí voy a presentarlas”, respondió López Obrador, quien, al abordar la reforma al sistema de pensiones, adelantó que el Gobierno Federal pretendía asumir “parte del desequilibrio” que implicaría aumentar las jubilaciones a los afectados por la reforma de 1997.
“En un acuerdo con empresarios y trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, indicó el presidente, quien dejó entrever de que no todas las reformas serían discutidas en el periodo ordinario de la Legislatura saliente. Explicó que, en el caso de la electoral, corresponderá a los nuevos diputados y senadores procesar la propuesta, una vez pasados los comicios del 2 de junio de 2024.