Supuesta falsificación de documentos, indolencia en torno a decisiones dentro de los comisariados ejidales y una enorme lista de inconformes que acusan corrupción en casos relacionados con la repartición de tierras, son parte de la lluvia de señalamientos contra el titular de la Procuraduría Agraria de Baja California, cuyas oficinas ubicadas en el Centro Cívico de Mexicali tienen un plantón de inconformes desde hace nueve meses, sin recibir respuesta a sus demandas.
Instalados a las afueras de las pequeñas oficinas ubicadas en el cruce de las calzadas Anáhuac e Independencia, colocaron lonas y pancartas en todo el cerco perimetral del inmueble, donde externan su repudio hacia el actual delegado de la Procuraduría Agraria, Manuel Bautista Acuña, antiguo ex funcionario de administraciones panistas tanto federales como locales, detenido en 2012 por -presuntamente- participar en el secuestro de un individuo.
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El domicilio ubicado en Calle Río Nazas Norte, vialidad que divide los fraccionamientos Mirasol y Villa Verde al Oriente de Mexicali, fue cateado por elementos estatales y -según antiguos reportes de prensa- se capturó al actual titular de la Procuraduría Agraria acompañado de Abraham Aguilera Bautista, de 23 años, y Héctor Ulises Rosales Flores, de 45; los tres fueron posteriormente procesados y absueltos tras un juicio que se recurrió en instancias superiores.
Según el reporte emitido aquel año por la corporación, los sujetos fueron capturados tras fugarse del domicilio donde fueron liberadas tres personas secuestradas.
Bautista Acuña, quien formó parte de la administración pública desde la gestión de Eugenio Elorduy Walther y de Vicente Fox Quesada, cuenta con muchos años de experiencia en materia agraria (Procuraduría y Tribunal Agrario), hasta que dejó el cargo en 2010 y desde 2021 volvió a la administración pública federal como subjefe en la Procuraduría Agraria, para luego ascender a la delegación.
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Han pasado nueve meses y las oficinas de la Procuraduría Agraria albergan un plantón permanente donde un grupo de personas -algunos más numerosos que otros- continúa protestando y exigiendo la salida del titular y de la coordinadora de nombre Armandina Contreras Valdez, a quien además de acusar de déspota con los afectados, refieren que ha modificado documentos e incluso se le ha instado a resolver temas que no ha concretado.
ZETA acudió a las instalaciones de la Procuraduría Agraria para solicitar entrevista con el titular o con algún representante, pero quedaron en comunicarse con este medio de comunicación. Sin embargo, al cierre de la edición esto no había ocurrido.
ACUSACIÓN TRAS ACUSACIÓN
Desde que se llega a las oficinas de la delegación de la Procuraduría Agraria se observan las lonas y carteles contra varios de sus funcionarios y de los comisariados ejidales de diversas comunidades rurales.
“Fuera funcionaria corrupta protegida por el Gobierno Federal. Lic Armandina Contreras Valdez”, se lee en una de las lonas, en la cual también se aprecia una imagen caricaturizada de la trabajadora federal.
La Procuraduría Agraria es considerada un ente encargado de la protección de los agricultores y vigilante de que las actividades de los comisariados ejidales se hagan conforme a la Ley Agraria, además de fungir como intermediario entre conflictos entre propietarios.
Esto dista mucho de la realidad para el señor José Reynoso Solano, presidente del Consejo de Vigilancia y representante de la Asociación Regional Campesina que aglomera a agricultores de Ensenada, San Quintín y Mexicali, pues -a su juicio- la Procuraduría Agraria ha engañado y malinformado a residentes de comunidades para que vendan sus propiedades a menor costo del que pudieran percibir, permitiendo además abusos por parte de comisariados ejidales en las decisiones de las comunidades rurales.
Diferentes luchas y conflictos, pero todos los presentes reclaman la inactividad de quien debería ser ombudsperson de los agricultores.
Uno de los casos más importantes podría ser el de la señora Imelda Ramírez Rubio, residente del Ejido Matomí, quien, según su declaración, sostiene un enfrentamiento desde hace muchos años contra nada menos que Hotel Roma, propiedad de la familia de Carlos Slim Domit, el cual -según comentó- realizó una serie de compras de propiedades en toda la zona Sur de San Felipe.
Imelda dice ser residente desde hace 30 años de su propiedad ubicada en dicha comunidad, donde tenía más de 700 hectáreas, pero la irregularidad de gran parte del inmueble de dichos terrenos.
El comisariado ejidal y el Gobierno de México iniciaron un proceso de regularización de la zona donde su familia tenía una gran extensión de tierra pegada a la playa, pero por una aparente confusión, su propiedad se la dieron a su hermano, aparentemente por un error topográfico.
La señora Imelda continúa residiendo en dicha comunidad, pero su propiedad se redujo a 15 hectáreas de playa. Sin embargo -aseguró- Hotel Roma, comenzó a comprar propiedades en la zona. Por allá de 2013, observó que trabajadores de dicha empresa comenzaron a realizar trabajos de movimiento de tierra en la zona que a ella corresponde, por lo que intentó detenerlos.
Luego de un conflicto, la mujer fue detenida y procesada por presunta intromisión en una propiedad que no le correspondía, pero luego de pagar una fianza y pelear jurídicamente con el emporio Slim, logró recuperar su libertad de manera absolutoria.
Sin embargo, aún padece las omisiones de la Procuraduría Agraria y del Comisariado Ejidal que no le han brindado certeza de su propiedad y que los trabajadores continúen laborando en la zona que -asegura- le corresponde. Nadie le da certeza y nadie la ha podido apoyar con su problema.
CONFLICTO CON EL REACOMODO
La señora Alma Maricela Aguilera Rodríguez refiere ser propietaria de seis hectáreas de un terreno ubicado en la colonia Abasolo.
Su abuela era dueña de un terreno en el Indiviso, pero luego de una serie de gestiones con el Gobierno de México -a través de la Comisión Nacional del Agua- reubicó a gran número de propietarios de terrenos en los años 70, ubicándolos en el Ejido Oviedo Mota Reacomodo y algunas otras partes del Valle de Mexicali.
Refiere que el Gobierno de México nunca culminó el proceso para escriturar la propiedad federal a su familia, pero cuenta con un documento que acredita la cesión debido a los permisos de agua.
El documento indica claramente que sus abuelos son propietarios de la parcela 73 y, por petición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su propiedad fue reubicada en la parcela 76 de la colonia Abasolo.
Aunque el Gobierno de México nunca concretó la titulación, documentos de Conagua acreditan la propiedad del inmueble, misma que sería cedida de manera directa a sus familiares directos, en este caso su madre y finalmente la señora Alma Maricela, quien dice haber vivido ahí desde su nacimiento.
Por cuestiones que aún no comprende, aunque sugiere fue por un acuerdo con el comisariado ejidal, la propiedad se la dieron a otro familiar, el cual no es residente del domicilio, lo que la ha encausado a una batalla legal en la que consideran que la Procuraduría Agraria ha sido inoperante.
“Luego de tres meses, nos dicen que finalmente es en la Procuraduría Agraria, porque el comisariado te la va a vender”, cuando ella tiene toda su vida residiendo en dicha propiedad que ha sido traspasada por generaciones.
A su juicio, la intención de la Procuraduría Agraria y del Comisariado Ejidal de dicha comunidad, pretenden que nada se regularice para así hacerse de las tierras ante la falta de datos registrales de la propiedad.
LA UNIDAD AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA MUJER CAMPESINA
La señora Ana Xóchitl Contreras Plascencia es hija de Ángela Plascencia Heredia, quien en los años 70 fue promotora de la lucha campesina de la mujer en el Valle de Mexicali y durante ese periodo buscó el beneficio de su gremio.
Durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, se emitió un decreto para la creación de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer Campesina, la cual fomentaría la intervención activa de la mujer en el campo.
Luego de una serie de gestiones en 1974, iniciaron la búsqueda de un terreno para instalar una sociedad con la que mujeres pudieran realizar actividades productivas en el Ejido Plan de Ayala, en el Valle de Mexicali.
El terreno, que se encontraba abandonado, fue rehabilitado por las residentes del mencionado ejido y prepararon todo para hacerlo productivo. Se convocó a una asamblea para que todas las mujeres mayores de 16 años acudieran junto con autoridades del Comisariado Ejidal para iniciar con el trabajo específico de la delimitación y oficializar la entrega de dicho terreno.
En aquella época se dio un movimiento rápido del caso cuando el presidente del Comisariado Ejidal era Jesús Plascencia Heredia y la jefa de Servicios Públicos Ejidales era Irene Contreras Plascencia.
En 2007, cuando ya el terreno era considerado un parque con áreas de capacitación para la mujer agrícola, se les impidió el nuevo ingreso a interesadas en participar en los trabajos de la unidad. Fue así como -aseguró- un trabajo comunal de los años 70, se volvió un beneficio de unos pocos.
Contreras denunció que la profesora María Lilia Pelayo Mendoza, presidenta del Consejo de Administración y todo el comité conformado por Verónica López Morales, María Piedad Sonia López Toledo, Verónica Oseguera Meza, Carmen Vera Meza, Jesús Contreras Tolento, María Crecencia Conteras Tolento, María Morales Mangue, Rosa López Toledo y Consuelo Meza Chávez, han impedido que más mujeres participen en dicha propiedad, ya sea para integrarse o recibir cualquier tipo de apoyo.
En ese momento, el delegado era Ismael Chacón Güreña, quien de acuerdo con la entrevistada, no hizo un sólo movimiento para tratar de mediar el problema.
Desde ese entonces, el conflicto prevalece y la Procuraduría Agraria no ha realizado gestiones ni cabildeo para poner orden.
DENUNCIAS POR OMISIONES EN CNDH
Gricelda Ochoa Domínguez, residente del Ejido Morelia, es una de las más combativas en el tema, debido a que llevó su caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual a su vez turnó la información al Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, instancia donde también presentó una queja formal.
Su caso data desde 2022, a raíz de una asamblea realizada para la definición de planillas del Comisariado Ejidal. Dos planillas se registraron para dirigir la nueva mesa directiva y administración del Comisariado Ejidal de dicha comunidad, pero durante el proceso de elección, el visitador Luis González González, acudió a una asamblea para dar fe del proceso de selección.
El funcionario intentó dar celeridad, pero la primera planilla notó que se habían suscitado una serie de irregularidades como el hecho de que la contraria contaba con personas repetidas o incluso residentes de otras comunidades.
Luego varios procesos de votación y de plantear las irregularidades, el visitador decidió retirarse del lugar, dejando todo sin efecto. Sin embargo, cuando solicitaron un informe sobre lo ocurrido, se dieron cuenta que la licenciada Armandina Contreras Valdez no realizó las modificaciones que se habían planteado en la asamblea, ni modificó las planillas como se había referido inicialmente, lo cual fue considerado una irregularidad, dado a que no hubo constancia detallada de lo que había ocurrido.
Lo interesante es que en su informe, el visitador refirió que la Planilla 2 estaba bien requisitada -según el documento en poder de ZETA– cuando la situación tuvo que votarse tres veces debido a este problema y antes de que se terminara por “romper” la sesión.
Situación similar le ocurrió a Matías Hernández Sandoval, quien aseguró que en una sesión realizada en 2013, cuando el Comisariado Ejidal del Ejido San Marcos, ubicado en Valle de Guadalupe, llevó a cabo una asamblea para la repartición de tierras de dicha zona ejidal.
En aquel momento, el presidente del Comisariado Ejidal, José Refugio Torres Villavicencio y su hermana Gloria, quien es su secretaria, llevaron a cabo una asamblea sin quórum legal ni previo aviso a los integrantes de dicha comunidad.
En el documento de la convocatoria se falsificaron documentos y se tergiversó información para que se pudiera llevar a cabo una asamblea extraordinaria en la que un grupo de ejidatarios se apoderó de gran cantidad de terrenos de la zona.
Matías asegura que no fue informado sobre dicha convocatoria-a su juicio- irregular, que terminó por beneficiar a un grupo de residentes afines a los Torres Villavicencio.
“Tuvimos una comparecencia conciliatoria con el ejido, donde dije que la repartición del comunal siempre y cuando me presentaran todo y bien hecho, nunca me presentaron y en una junta me dijeron que el Comisariado no era nadie, que había grupos familiares que tendrían que hablar conmigo, pero la Ley no menciona a grupos familiares para una repartición, sino que es el Comisariado para la repartición, parte del trabajo. Y pues sí estoy muy molesto porque estoy perdiendo mi patrimonio, no hubo reparto, en ese tiempo era Torres Villavicencio, pero hay una bola de implicados, al grado que ellos escogieron sus parcelas”, sentenció.
Como estos casos, hay muchos más que reclaman la inactividad dolosa de la Procuraduría Agraria, pues la incertidumbre en la tenencia de la tierra beneficia a personas que buscan apoderarse de las mismas.
