Hubo una etapa en que había liderazgos en la sociedad civil que se oponían -o por lo menos denunciaban- medidas que consideraban autoritarias o abusivas para su sector. Hubo una vez, porque actualmente ni en materia de seguridad, ni en cuestión económica o social, hay liderazgos independientes en Baja California. De alguna u otra manera, sea por apapacho, por acuerdos, por negocios o puro servilismo, terminan los dirigentes sociales o empresariales entregados al gobierno de Morena. Ahí está el caso de la presidencia del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que pregona lo bien que está Baja California en materia de seguridad por lo menos en las estadísticas, aunque el ciudadano no lo viva de esa manera. Y ahora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Jaramillo, quien presume de traer a la gobernadora en el celular, es decir, para llamarle cuando se le ofrezca, se ha quedado callado ante los incrementos de impuestos y los nuevos cobros que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda propuso a través de la Ley de Ingresos. El Impuesto sobre Nómina, que tanto afecta al sector que se supone representa Jaramillo, ya quedó en 4.25% (cuando inició era del 1.8%), y cuando se le pregunta a Jaramillo qué opina, simplemente responde que “está pensando”, procesando la información de los incrementos para dar una opinión. Pero bueno, no vaya a ser que, si se queja, como muchos hombres y mujeres de negocios que pagan impuestos, la gobernadora deje de responder. Del incremento del 17% a la tarifa de agua, ya mejor ni hablamos. Ahora sí que con esos representantes…
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