El 1 de diciembre el presidente de la empresa Consolidated Water aceptó la oferta hecha por el gobierno de Baja California, que consiste en comprarle el proyecto de la desaladora de Rosarito y el predio donde se construiría, a valor del avalúo del gobierno federal, que es quien pagará.
“Al momento de realizarse la transacción, la empresa se está obligando a cancelar la demanda” que presentó por 51 millones de dólares cuando fue cancelado el proyecto por la administración estatal anterior, dijo Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda.
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“De esa manera vamos a iniciar el 2024 con la posibilidad de articular rápidamente una reestructuración del proyecto, donde participe Fonadin con el 50% de los recursos de inversión. Con eso el proyecto se hace totalmente viable”, afirmó el funcionario.
Durante su comparecencia ante el Congreso, Moreno Mexía aseguró que el gobierno del Estado “no va a poner los recursos para la compra del proyecto, los recursos ya están autorizados por el gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”
Aunque dijo que aún no podían darse a conocer los detalles, los tres grupos de abogados (de la empresa, del gobierno estatal y federal) están trabajando en un acuerdo lo antes posible, para iniciar los procesos de relanzamiento de la licitación.
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“Estamos muy animados que será un proyecto muy importante para los siguientes años. No es un proyecto de ejecución inmediata, es un proyecto que va a tener su estructuración, inversión, en un proceso del orden de los tres años, pero con esto estamos seguros que estamos en posibilidad de avanzar de manera importantísima en el tema de suministro de agua para la zona Costa”, agregó.
