La Procuraduría Fiscal de Baja California estimó que 112 millones de pesos siguen en litigio por la presentación de 282 juicios de amparo contra la sobretasa del 1.25% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo (conocido como Impuesto a la Nómina) que se estableció en octubre de 2022 para fortalecer la infraestructura y seguridad en la entidad.
Al 13 de diciembre de 2023, el gobierno estatal había ganado 32 juicios, cuyo monto equivale a 10.6 millones de pesos, precisó la dependencia a NEGOCIOZ en el marco de la discusión de las reformas a la Ley de Ingresos 2024 y la Ley de Hacienda para que la tasa ordinaria del Impuesto a la Nómina pase de 1.80 a 4.25% y dejen sin efecto las sobretasas.
De acuerdo con la procuradora fiscal Olga Alcalá Pescador, se han presentado 500 juicios amparo contra las sobretasas en los últimos años y el Estado ha devuelto 100 millones de pesos por los juicios contra la sobretasa del 1.20% presentados en 2019 y 2020.
Esto, porque “en aquel momento a juicio de los juzgadores no se justificaba el fin extrafiscal” de la sobretasa. Cuando entra la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se reforzaron todos estos elementos, estableciéndose a qué va destinada una sobretasa. “Ya se justificó y hemos seguido avanzando en el proceso jurídico”, expuso Alcalá.
En ese sentido, refirió que la actual administración ha ganado 70% de los juicios de amparo presentados durante 2021 y 2022, donde incluso “ya traemos dos resoluciones del Colegiado, donde ya declaró constitucional la sobretasa y los demás procesos siguen en revisión en segunda instancia”.
Interrogada respecto a si la consolidación de las sobretasas en la tasa ordinaria del Impuesto a la Nómina evitará los juicios de amparo, manifestó que de “cualquier manera el contribuyente siempre tendrá su derecho de un medio de defensa”.
A su vez, aseveró que los juicios de amparo han sido atendidos por personal de la Procuraduría y Consejería Fiscal, sin que ello implique erogar un recurso adicional por parte del gobierno.
Cinco días después de que el secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, presentara el proyecto con las modificaciones a la Ley de Ingresos 2024 y la Ley de Hacienda, el sector empresarial emitió un pronunciamiento para rechazar la modificación de la tasa ordinaria del impuesto, así como el aumento de hasta 17% en las tarifas de agua.
Dichas modificaciones provocan que el Estado pierda competitividad e incentiva la informalidad. Además, existirá menos transparencia en el ejercicio de los recursos al eliminar las sobretasas que etiquetaban los fondos a educación, infraestructura y seguridad.
Para Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, las presiones en la recaudación en el Estado se deben a que cada vez se reciben menos fondos de la Federación.
Se pronunció en favor de que la administración estatal gestione los recursos ante la Federación y en el Presupuesto de Egresos del Estado haya “efectividad, eficacia y transparencia”, puesto que sigue aumentando el gasto operativo del gobierno.
Aunque se argumente que el impuesto propuesto es igual al impuesto original más las sobretasas que actualmente se pagan de 4.25%, “se debe reconocer que no es así”, pues llevar el impuesto a un incremento generalizado también descarta “cualquier posibilidad de eliminar las sobretasas una vez cumplidas las necesidades para las cuales fueron establecidas”, añadió.
En la misma conferencia de prensa, Jaramillo dijo que el sector empresarial “no estaba para defender” al Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) con relación a que en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año también se plantea que el fideicomiso reciba 1.5% de la tasa ordinaria del Impuesto a la Nómina, una vez que se consoliden las sobretasas en la tasa ordinaria del 4.5%
No obstante, a pregunta expresa de NEGOCIOZ, desde el CCE reconocieron lo manifestado por Moreno Mexía en el sentido de que alrededor de 500 millones de pesos no se pueden ejercer, pero aclararon que los recursos están congelados, “porque desde los gobiernos de Kiko Vega y (Jaime) Bonilla se dejaron de depositar los recursos al fideicomiso” pese a que se recaudó el impuesto. Por esta razón, son cerca de 212 millones de pesos.
“Parte de ese recurso, el gobierno de Bonilla en sus últimos días decidió unilateralmente que lo iba a pagar con terrenos”, pero “nunca” se recibieron los terrenos y no pueden recibirse por no ser compatibles con la estructura del FIDEM, de modo que la deuda persiste, señalaron los empresarios.
En los primeros meses del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se omitió depositar recursos por 30 millones de pesos y en 2022 la actual administración creó unilateralmente el FIDEM 2, dando origen a un amparo del sector empresarial tras establecerse que sólo un lugar de siete en el Consejo Técnico sería para la iniciativa privada, aunado a que se cambió al banco fiduciario. Por esa disputa, a julio de 2023 se acumularon 251 millones de pesos que no se han podido ejercer por “temas de falta de identificaciones y comprobantes de domicilio de funcionarios que están dentro de ese Comité, esas cosas son burocracia, y por eso están atorados los recursos”, puntualizó Salvador González, vocero de los Consejos de Desarrollo.
