Los 14 detenidos en la manifestación de taxistas Rojo y Negro no saldrán de la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana para Navidad. La esperanza de madres, hermanas y esposas se diluye en el peregrinaje diario, a ciegas, por los saturados sistemas penitenciario y judicial.
La mayoría, con poca escolaridad y recursos económicos limitados, mantiene contacto con el abogado que lleva el caso de su detenido, sin tener claridad sobre la ruta jurídica que sigue, ni sus repercusiones.
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Joaquín Baltazar Sanabria, líder de los transportistas, aseguró que la organización a su cargo erogó 40 mil pesos en la defensa legal de diez choferes, pero se sabe que al menos dos familias aportaron en conjunto 15 mil pesos en un galimatías entre dos abogados que se dividieron la defensa de los diez detenidos para la primera audiencia, aunque en papel todos eran representados por Raymundo Rojas Naranjo.
El 26 de octubre, Carolina Cataño, jueza de Control, determinó que los 14 fueron detenidos legalmente, los vinculó a proceso y concedió a la FGE la medida cautelar más restrictiva: permanecer en prisión preventiva el tiempo que dure el proceso judicial, pese a que solamente uno tenía antecedentes penales y la mayoría acreditó su domicilio para garantizar que no existía riesgo de fuga.
La juzgadora consideró que los acusados representaban un riesgo para la comunidad por la violencia durante la protesta suscitada contra el Corredor Agua Caliente en el Bulevar Gustavo Díaz Ordaz el 23 de octubre de 2023.
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En opinión de Fernando Bárcena, coordinador jurídico del despacho De la Peña Rivera, la prisión preventiva “pudo ser excesiva” al ser un caso mediático y político. Consideró que Cataño pudo determinar otras medidas cautelares que permitieran a los acusados enfrentar el proceso legal en libertad, habida cuenta que los delitos que les imputan (ataques a vías de comunicación, resistencia a la autoridad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena) no ameritan prisión oficiosa.
Algunas de esas medidas serían acudir a firmar cada determinado tiempo, prohibición de acercarse a las víctimas y/o de presentarse a manifestaciones o causar un daño adicional.
DISCREPANCIAS ENTRE FGE Y OFICIALÍA MAYOR
El 13 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una audiencia para pedir prórroga en el plazo de la investigación complementaria que había concedido la jueza de Control, que originalmente fue de un mes.
Al cierre de edición, jueves 30 de noviembre, representantes legales de al menos once detenidos no habían sido notificados de la solicitud de la FGE, según lo manifestado por dos abogados. Cabe señalar que podría pasar hasta un mes para que se celebre la audiencia en la que la juzgadora determinará si concede o no la prórroga, ya que agendar la audiencia depende del espacio que tenga el Poder Judicial.
Se sabe que un abogado se acercó de manera “informal” a Oficialía Mayor para buscar un acuerdo reparatorio del daño. Sin embargo, la información obtenida de esa dependencia y la FGE es contradictoria en cuanto a la posibilidad de que se concrete antes de que termine el año.
Oficialía Mayor señala que estaría “en la mejor disposición” de llegar al acuerdo reparatorio “exclusivamente” sobre los daños a un chaleco balístico, un casco y dos escudos antimotines, así como la avería a una patrulla de la Secretaría de Seguridad, siempre que se cubra el monto, por lo cual ha proporcionado “toda la documentación y avalúos correspondientes respecto a la totalidad de la cuantía a la que ascienden los daños ocasionados a los bienes del Estado, quedando en facultad de la Fiscalía citar a audiencia si los imputados buscasen una salida alterna a través de un acuerdo reparatorio”, pero no se ha convocado tal audiencia.
Por el contrario, en la FGE aseguran que a la fecha “no se cuenta con presupuesto de valoración de daños”, en espera del presupuesto de la Oficialía Mayor y de los expedientes clínicos de los oficiales lesionados para su remisión al área médica de sanidad y tasación.
ONCE CHOFERES Y TRES TRANSEÚNTES SIN RELACIÓN, DETENIDOS
Raymundo Rojas Naranjo, abogado de diez detenidos bajo el cobijo de la agrupación de taxistas Rojo y Negro, asegura que Alonso Jiménez, de 32 años, es uno de los tres transeúntes que no pertenecen al gremio transportista y fueron detenidos por estar en el lugar y hora incorrectas. Sin embargo, ni Rojas ni su socio esgrimieron argumentos relativos a esa situación en la audiencia inicial.
Por otro lado, el abogado descartó que Alonso -de origen indígena y habla Tzeltal- necesite un traductor. “Las veces que he ido a la penitenciaría en ningún momento he considerado que la persona no entienda. Al menos las pláticas que yo he tenido, él habla muy bien el español. No digo que sea mentira, pero él habla y entiende perfectamente el español”, dijo.
Perspectiva en la que difiere Petrona, quien asegura que su hermano no habla bien el español. La joven, quien trabaja como empleada doméstica, relató que Alonso llegó a Tijuana recientemente y antes de su aprehensión trabajaba en la tienda La Favorita, en las inmediaciones de la 5 y 10.
Fue aprehendido cuando se dirigía a su empleo, no tiene relación con los taxistas Rojo y Negro, por lo cual “no es justo que a los 15 días de haber empezado a trabajar lo tengan encerrado como un ladrón, como un asesino”, reclama Petrona, con un español menos fluido que el de alguien que siempre ha hablado el idioma.
Cuenta que su hermano vino a buscar una mejor vida para sus dos hijos, uno de 2 años y otro de cuatro meses, y en su natal Tenejapa, Chiapas se dedicaba a sembrar milpa y a trabajar de albañil.
“No lo he visto. Ya tiene un mes, nomás lo ando depositando su dinero, sólo que no lo he podido preguntar si lo ha podido retirar. Sólo nada más me habla que él está bien, sólo nada más cinco minutos, así nada más: ‘Hermana, no te preocupes, aquí estoy, cómo está mi mamá, cómo están mis hijos’. Yo le digo que ellos están bien para que no se preocupe, pero la verdad ellos no están bien”, refirió la joven.
Personal de la tienda de uniformes confirmó a ZETA que Alonso trabajaba en mantenimiento, acomodando y limpiando de diez de la mañana a siete de la tarde, “era puntal, responsable, muy serio, no se metía con nadie”. Como ya no regresó, tuvieron que contratar a otro muchacho.
Por su parte, la madre de Abraham Cadena, de 19 años, afirma que su hijo “no es taxista, ni estaba involucrado” y también fue apresado cuando se dirigía a trabajar en Los Pinos.
El joven “no quiso estudiar más que la secundaria”, antes trabajaba en empaquetado en el mismo lugar donde ella es costurera y considera que con su aprehensión “todo se perdió”, lo que más le duele es no poder verlo a un mes de ser detenido.
LOS CHOFERES
Aunque Esteban Jiménez no es el padre biológico de sus dos hijos, una niña de 8 años con autismo y un menor de 3 años, él ha visto por ellos desde que comenzaron su relación. Que siga en prisión los afecta “emocional y moralmente, porque ya están acostumbrados a él”, dice Perla Sánchez, pareja sentimental del chofer detenido.
Esteban trabajaba de Uber de lunes a viernes, y los fines de semana era checador en la base de taxis Rojo y Negro en Avenida Revolución. Esteban acudió a la manifestación, pero sólo estaba grabando con su teléfono, el cual no fue devuelto por la autoridad.
“Le quitaron su bolsa donde llevaba sus cosas, una pila portátil. Nada de eso me entregaron más que las puras credenciales. La ubicación del teléfono marca que está en el C4, con la Policía estatal”, afirma Perla.
Con secundaria terminada, ella tomó el lugar de Esteban como checadora en la base de taxis. Los fines de semana trabaja de nueve de la noche a seis de la mañana. Ahí también vende pan y café para tener otra entrada de dinero, mientras sus hijos se quedan al cuidado de su abuela materna.
“Desearía con todo mi corazón que saliera antes de Navidad, porque es una persona trabajadora”, expresa la mujer que sabe que poder visitarlo en prisión llevará más tiempo al no estar casados y no tener hijos en común.
Mario Sánchez Caballero, representante legal de la asociación civil Uperat BC, manifestó su apoyo a Víctor Juvencio, uno de los choferes que le rentaba una camioneta de la ruta Rojo y Negro. La aprehensión de Víctor Juvencio pone en “riesgo” su casa y su familia, pese a ser un hombre de 55 años, “humilde y sin vicios”, afirma Sánchez Caballero.
Narra que Víctor Juvencio fue criado por una persona ajena a su familia al ser abandonado. “No tiene primaria”, llegó a la ruta muy joven y desde entonces ha trabajado de chofer. Con la única oportunidad laboral que ha tenido, ha hecho sus aportaciones voluntarias al Indonavit para pagar su casa en Santa Fe.
En entrevista, Rosalba Flores y Jessica, madre y esposa de Guillermo Corona, respectivamente, defienden el derecho del chofer detenido a protestar por “la desaparición de su fuente laboral”. Jessica relata que ese día estaba con él, vendiendo burritos, porque no iba a trabajar por la manifestación.
“Cuando empezaron a llegar los policías antimotines, mi esposo me dijo: ‘Vete de aquí, porque se van a poner feas las cosas’, y me fui con mi hija en la camioneta que rentaba. Minutos después supe que lo habían detenido y lo habían golpeado”, expuso. Ambas acusan el uso excesivo de la fuerza de la Policía contra Guillermo.
El deseo de las familias entrevistadas, es que los detenidos salgan de la penitenciaría lo antes posible. Ante la prisión preventiva determinada, algunos de los acusados promovieron amparos para cambiar la medida cautelar y llevar su proceso legal fuera de prisión. Pero la resolución del amparo podría llevar dos meses, según el litigante Rojas Naranjo, quien no ha tenido acercamientos ni con la fiscalía u Oficialía Mayor para buscar un posible acuerdo de reparación del daño.
Entretanto, las familias han tenido que sufragar entre uno y tres depósitos semanales de mil 200 pesos para que los detenidos adquieran productos de higiene personal y una tarjeta telefónica dentro de la penitenciaría.
MARINA ENDURECE POSTURA
“Van a salir (…) seguramente pronto”, expresaría la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a una mujer que, a gritos, buscaba la atención del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Baja California.
Dos semanas después, el 28 de noviembre, aseguró que ya había escuchado parte de las quejas de las esposas de los detenidos en el recorrido del mandatario en Tecate: “Iban a quemar una gasolinera. Incendiarla, hay periodistas lesionados, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad lesionados, entonces hay un proceso judicial. Nada tiene qué ver aquí el Ejecutivo del Estado”.
Sin embargo, durante la glosa del Segundo Informe de Labores, el diputado Marco Antonio Blásquez acusó al director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, de filtrar “de manera maliciosa” la versión de que los taxistas querían incendiar la gasolinera en su protesta.
En diferentes ocasiones la gobernadora ha señalado que su administración es respetuosa de la Ley en el caso de los transportistas, lo cierto es que no en todas las investigaciones es tan eficiente. Un ejemplo es la liberación de cinco detenidos, a quienes presuntamente se les encontró en posesión de droga en un hangar del Valle de Mexicali, luego de detectarse inconsistencias en el Informe Policial Homologado.
Más allá del proceso judicial, es claro que el Corredor Agua Caliente “arrancó” sin contar con los camiones necesarios, el sistema de pago de tarjeta, las paradas fijas con cordones de ascenso y descenso, ni el ordenamiento prometido. Todo, responsabilidad de Gutiérrez Topete y la empresa operadora de Verde y Crema, quienes aseguran que en los siguientes meses serán subsanadas esas deficiencias.
