Un grupo de homicidas al servicio del Cártel de Sinaloa, presuntamente traídos del interior del país, tienen instrucciones de asesinar a los agentes ministeriales Óscar Gauci Orozco y Melissa Ramos Curiel, al igual que el policía municipal de Tijuana, Martín Carrillo Grande y los seis elementos asignados a la unidad de la Guardia Nacional numerada GN 303307, y a todos los que presuntamente participaron en el robo de droga perpetrado la tarde del viernes 17 de noviembre en Privada Altitud 58 del fraccionamiento El Lago en Tijuana, video grabado por cámaras de seguridad.
Lo anterior, de acuerdo a investigaciones internas de corporaciones, luego que los agentes referidos fueron identificados por sus jefes y delatados ante los criminales por sus compañeros, como quienes hurtaron la droga del cártel (Se presumen inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
La jornada de ataques armados, que inició con una balacera contra la fachada de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana el sábado 18 de noviembre, continuó el viernes 24 a las 12:20 horas: se reportó la agresión a balazos contra un elemento de Robos Domiciliarios que manejaba la unidad pick-up Ram numerada FGE 635. La balacera se suscitó cuando llegó a las instalaciones de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros, en la que no hubo lesionados; las balas sólo se dirigieron a la patrulla y a las oficinas municipales.
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Una hora después, a las 13:36 horas, sobre la calle Cristóbal Colón del fraccionamiento El Mirador, se reportó el asesinato del policía municipal León Bueno Loreto, de 51 años, quien iba de copiloto con su compañero Martín Carrillo Grande a bordo de la patrulla pick-up municipal BC585A-1, unidad que también había sido grabada cuando estuvo presente en la escena del robo de droga.
El asesinato del agente ministerial Salvador Vargas Ruiz, de 40 años, fue reportado a las 18:06 horas del lunes 27 de noviembre, lo acribillaron en su vehículo Ford Fusion color blanco, mientras esperaban para cargar gasolina en un expendio en la colonia Las Torres sobre el Bulevar Terán en el Distrito Centenario. Había sido presuntamente identificado dos días antes por el agente Gauci como su cómplice en el robo, usando la unidad FGE 218.
“Lo extraño fue que se hayan quedado después que les pusieron la cruz, que los delataron y que se subió a redes sociales el video del robo. Los municipales fueron identificados y lo sabían desde el jueves 23 de noviembre, cuando les quitaron la patrulla y los mandaron a Puntos Fijos a cuidar edificios, pero siguieron asistiendo tres días; el lunes que mataron a Bueno Loreto había dejado su turno a las cinco de la mañana, y fue hasta ese día que se desapareció Carillo Grande”, expuso un investigador.
“Lo mismo con el agente Vargas, él sabía desde el sábado 25 de noviembre, cuando le iniciaron procedimiento administrativo y lo suspendieron, que lo habían identificado. Estaba asignado a Tijuana, pero tenía su casa en Mexicali. ¿Por qué esperó hasta la tarde del lunes para irse a la Capital? Eso es extraño”, reflexionó.
En el caso de los elementos asignados a la unidad de la Guardia Nacional GN 303307 ubicada en la sustracción de la droga, será más complicado para los criminales y para la FGR, instancia que encabeza la carpeta de investigación, conocer las identidades de los participantes.
“De entrada, lo más probable es que ya los mandaron a México y no van a revelar nada hasta que ellos completen su investigación interna, la experiencia en casos anteriores indica que pueden tardar tres o más meses en enviar su carpeta a la FGR”, explicaron desde la Mesa de Seguridad para luego justificar: “Pero sí la envían”.
“Otro problema es que hubo participación de agentes federales, pero en la delegación se niegan a admitirlos en lugar de jalar al Comandante Ibarra”, expuso un integrante de la Mesa de Seguridad.
EL FEDERAL: MÍNIMO 18 MESES ORGANIZANDO BAJES DE DROGA
Lo apodan El Federal o Alfa. Es robusto, moreno claro, de aproximadamente 1.75 metros de estatura. Debido al sobrepeso, lo describen entre 25 y 35 años. Lo señalan de coordinar el robo de droga perpetrado la tarde del viernes 17 de noviembre en Privada Altitud 58 del Fraccionamiento El Lago por un grupo de policías de todas las corporaciones.
No es la primera vez que este sujeto es descubierto delinquiendo junto a policías. La tarde del 27 de julio fue detenido en Ensenada acompañado de dos civiles y un agente de la FGR en la delegación Santo Tomás, después de que huyeran de la Guardia Nacional, provocando un accidente en el Kilómetro 71 de la Carretera Transpeninsular.
Para las autoridades locales que asisten a la Mesa de Coordinación por la Paz Seguridad de Baja California, se trata de un policía de la FGR corrupto, sin embargo, la fiscalía federal lo niega. Otros lo identifican como ex militar, pero de acuerdo a reportes de Inteligencia de las diversas policías, es un criminal-informante que opera con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas, a quienes facilita direcciones de dónde encontrar droga o delincuentes para que mejoren sus estadísticas.
De acuerdo a la versión de algunos de sus policías cómplices, desde hace por lo menos 18 meses reclutó a varios elementos corruptos de todo Baja California, registró sus teléfonos y con ellos ha ejecutado una serie de robos de cargamentos de enervantes en los municipios de la Zona Costa bajacaliforniana, pagándoles con droga.
Extraoficialmente, las versiones recabadas en la calle por investigadores de las áreas de Inteligencia indican que este sujeto sirve al ala del Cártel Arellano Félix (CAF) aliada con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sigue instrucciones de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito; Héctor Manuel Gil García el Kado y James Brayan Corona el Apache.
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En el caso del robo en Altitud 58, las autoridades no han podido definir cantidades ni el tipo de droga presuntamente sustraída. Lo que se ve en los videos del robo, es que decenas de bolsas negras cuyo contenido no se aprecia en las imágenes, fueron cargadas en las patrullas pick-up municipal BC585A-1, de la fiscalía FGE-378 y de la Guardia Nacional GN 303307; otro pick-up Ram, una Silverado -ambos vehículos blancos-, un sedán rojo y una camioneta tipo van.
La experiencia en aseguramientos previos permite a los investigadores determinar que cada auto puede llevar un promedio de 300 kilos de enervantes. El cálculo es que por lo menos pudieron llevarse dos toneladas.
Según versiones de la calle, “por lo menos entre 800 y 900 kilos eran cocaína, el resto metanfetamina y una cantidad importante de dinero, que pertenecían a tres grupos diferentes del Cártel de Sinaloa, del lado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, comentó un investigador.
DELATADOS
ZETA fue informado que el pasado fin de semana, las fiscalías estatal y federal empezaron a recibir llamadas anónimas de quienes se identificaron como policías, delatando ante sus superiores a compañeros que presuntamente habían participado en la sustracción de enervantes.
Las delaciones iniciaron después que mataron al policía municipal, explicaron que los criminales andaban preguntando por los responsables y amenazando si no conseguían lo que buscaban con la posible muerte de inocentes.
Pero en Mexicali circuló también la versión de que a los agentes que están en la nómina de Sinaloa les advirtieron que “no habría aguinaldos” de parte del narco si no entregaban a los ladrones… y los nombres empezaron a salir.
Acusaron su participación en el robo, pero en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana y en Asuntos Internos de la FGE sólo iniciaron expedientes administrativos, y la Guardia Nacional, una indagatoria interna, argumentando que la carpeta de investigación la tenía la FGR tras la balacera a sus instalaciones.
EL ROBO
Aunque los ministeriales identificados fueron delatados por sus compañeros, Asuntos Internos corroboró otros elementos de prueba para ponerlos en la escena del robo, y de acuerdo a la revisión de GPS e historiales, la unidad FGE-378 se ubicó en las inmediaciones de la Privada Altitud 58 la tarde del robo.
Oficialmente, el pick-up está asignado a la Unidad de Procesamientos de Tijuana a un jefe, pero el registro -que no fue expuesto- da cuenta que ese día le fue asignada a la pareja de agentes integrada por Óscar Gauci Orozco y Melissa Ramos Curiel; en la FGE aseguran que requirieron al agente masculino y, al ser interrogado, confesó su participación en los hechos.
De acuerdo a esta versión, el viernes 17 la pareja andaba en la calle atendiendo diversos incidentes cuando recibieron la llamada del apodado El Federal, a quien el oficial conoce desde hace año y medio, y aseguran, es elemento activo de la FGR, quien como en otras ocasiones en ese periodo, los “invitó” a “aventarse un jale”.
Los citó antes de las siete de la noche en el estacionamiento del restaurant Carl’s Jr. sobre Bulevar Agua Caliente 4501, Colonia Aviación frente al Grand Hotel, supuestamente ahí llegaron también patrullas de la FGR y de la Policía Municipal. Sin embargo, de acuerdo a los primeros reportes, hasta el cierre de edición de ZETA -jueves 30 de noviembre-, ninguna de las autoridades manifestó tener en su poder los videos que acreditaran el hecho.
Las supuestas declaraciones indican también que el comando negro se trasladó al estacionamiento del restaurante Burger King Macroplaza -de nuevo no existe evidencia en video- en Avenida Insurgentes número 18015, Tercera Etapa del Río Tijuana, muy cerca -alrededor de un kilómetro- de Privada Altitud 58. Ahí los esperaba la unidad GN 303307 de la Guardia Nacional.
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Aproximadamente a las siete de la noche de ese viernes ingresaron sin orden de aprehensión a la casa marcada con el número 55 de la mencionada privada.
Como parte de las inconsistencias de esta primera versión, Gauci supuestamente declara primero que cuando se reunieron en el primer punto, ya había patrullas municipales balizadas. Sin embargo, presuntamente refiere que la unidad municipal llegó después, lo cual se acredita con los videos del fraccionamiento.
Lo extraño es que afirma que los oficiales de la patrulla municipal BC585A-1 no eran parte del comando organizado para el robo, que llegaron porque recibieron un reporte de riña en la zona, pero a su arribo, El Federal les dio instrucciones de entrar y cargar la unidad con droga, y lo hicieron.
Consultados los reportes al Centro de Control, Comando Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), no existe denuncia a esa hora, ese día, en la zona mencionada, ni los agentes reportaron la supuesta intervención. “Está muy canijo si no había un acuerdo previo, los policías llegaran de repente y se dejaran cargar de droga”, mencionaron los compañeros de los municipales.
La droga extraída fue entregada en dos puntos: en un lote baldío en Calle La Flamita del fraccionamiento Guaycura y en el estacionamiento de un edificio de condominios que se localiza en Bulevar Agua Caliente número 10617. La carpeta tampoco incluye videos de este hecho.
Este operativo delictivo de policías inició alrededor de la 18:40 y concluyó a las 20:00 horas.
FISCAL ANDRADE
Pese a tener estos datos en su poder, la fiscal estatal María Elena Andrade no procesó a sus elementos, ni la Policía Municipal entregó a sus policías por los delitos cometidos, como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos contra la inviolabilidad domiciliaria, abandono del servicio y uso criminal del equipo en custodia.
En una entrevista informal con representantes de la prensa el martes 28 de noviembre, la fiscal fue cuestionada respecto a la muerte del agente Navarro y el robo de droga:
“Lamentablemente, este agente y otro grupo aparecen en una posible intervención de actividades ilícitas, los cuales está llevando a cabo la investigación la FGR y no puedo proporcionar más datos, porque le dimos vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de hechos con apariencia de delitos del fuero federal.
“Puedo comentar que en base a videos, incluso notas periodísticas, la Fiscalía del Estado inmediatamente procedió hacer la… a darle la intervención a la Dirección de Visitaduría de Asuntos Internos”, por lo cual decidieron no investigar los delitos del orden común.
“Se llevó a cabo inclusive la suspensión de los agentes de manera inmediata, así como la vista a la Fiscalía de la República para la investigación que es fuero federal”, dijo la funcionaria.
El video circuló el 23 de noviembre y los suspendieron el sábado 25.
Al referirle los asesinatos del municipal, su agente y el ataque a las instalaciones, Andrade reconoció que “sí pudieran estar vinculados”.
Respecto al móvil de los ataques, “el video que está circulando en redes, que ya es de dominio público, pudiera estar vinculado y es la principal línea de investigación”, mientras que de la posibilidad de que los agentes identificados como presuntos participantes del robo de droga sean atacados, los medios reportaron que Andrade aseguró que les ofrecieron protección, pero la rechazaron.
INDAGATORIA DE LA FGR
A partir del 23 de noviembre que los traficantes publicaron en redes el video del robo, la Fiscalía General de la República se concentró en este hecho como móvil único del ataque a sus instalaciones. Al no existir flagrancia, la tarde de ese jueves tramitaron y elementos en 13 patrullas ejecutaron un cateo en Privada Altitud, recopilaron diversos videos, realizaron entrevistas con testigos, identificaron varias de las unidades policiacas que participaron y videos de las caras de algunos de los agentes y otros sujetos aparentemente civiles.
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Esta información se acumuló a los cuatro cateos realizados previamente en domicilios relacionados con Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art.13, CNPP), dos de los autores materiales de la balacera contra el edificio de la FGR capturado en flagrancia criminal el mismo viernes, en el que fueron detenidos y vinculados a proceso por posesión de droga y armas de fuego, el papá de Lara, una joven y otro masculino.
Lara y Rodríguez también quedaron vinculado en prisión preventiva, con tres cargos de intento de homicidio en su contra -dos empleados de la FGR y los municipales que los persiguieron-, y por posesión de uno de los rifles usado en el ataque a las instalaciones.
Informes de la Mesa de Seguridad indican que esta semana les habrían remitido los reportes de los procedimientos administrativos -no carpetas de investigación- de la FGE y la Policía Municipal iniciados en contra de los agentes involucrados, lo que concentrarán con el expediente del cateo oficial realizado por la Fiscalía Estatal de Narcomenudeo al día siguiente del robo en el mismo domicilio, en el cual reportaron el aseguramiento de 16 kilos de cocaína y siete4 de comprimidos de fentanilo.
De nuevo, pese a tener a algunos de los presuntos responsables identificados, ante la falta de flagrancia, no serán requeridos hasta que la FGR tenga en su carpeta declaraciones formales, todos los videos y demás elementos de prueba para acreditar los señalamientos, proceso que llevaría más de seis meses.
Los federales aún no han definido si dentro de esa carpeta considerarán o atraerán los otros tres ataques relacionados con el robo.
