Tras manifestación y gresca, arrestaron a once taxistas para detener y presionar a los opositores del proyecto Corredor Agua Caliente
El sábado 2 de diciembre, la Policía Municipal de Tijuana detuvo en posesión de dos fusiles, cuatro chalecos balísticos, cartuchos y cargadores, a Edgar N, de 17 años; Rodrigo N, de 38; y Carlos N, de 31 años, luego que agredieran a dos mujeres y un hombre a balazos en la colonia Camino Verde, relacionado con el homicidio de un policía. Sin embargo, el día 6, el juez Lauro Vizcarra, quien los vinculó a proceso, les permitió llevarlo en libertad.
Al participar en un robo de droga el 17 de noviembre, dos elementos identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) cometieron los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, abandono del servicio y uso criminal del equipo en custodia, pero la titular del organismo, María Elena Andrade, decidió no procesarlos penalmente.
Antes, el 16 de noviembre, liberaron a cinco detenidos en posesión de droga en un hangar del Valle de Mexicali.
Estos son apenas tres ejemplos recientes, pero la lista de perpetradores de delitos mayores a los que se les permite llevar su proceso en libertad se engrosa todos los días.
Ninguno de los criminales antes mencionados intentó boicotear un proyecto de gobierno de facto, aun cuando su impune actuar criminal es muestra de la falla en la estrategia de seguridad no sólo de la administración bajacaliforniana, también la de la República.
Los hechos y la posterior libertad de cada uno muestran que, o la fiscalía no se aplicó al momento de armar la carpeta con los delitos más graves, o el Poder Judicial tampoco se esforzó por determinar la prisión preventiva como medida cautelar.
Sin embargo, la carpeta en la que sí decidieron trabajar coordinadamente Gobierno, FGE y Poder Judicial y presumir músculo, fue una en la que la administración encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene intereses políticos mediáticos: el caso de los once taxistas que bloquearon el crucero de la 5y10 en Tijuana el 23 de octubre, porque al ser dejados -sin su usual sustento- fuera del proyecto Corredor Agua Caliente, participaron en una manifestación que se tornó violenta luego que policías municipales usaran gas lacrimógeno para contenerlos.
Los detenidos permanecieron en prisión preventiva más de 40 días, hasta que el Estado decidió acordar con los abogados y familias de las víctimas y pedirle a la FGE liberarlos.
Aplicaron en exceso la medida cautelar para controlar, detener y presionar a los opositores del proyecto estatal Corredor Agua Caliente.
Con peor suerte corrieron tres ciudadanos que no son trabajadores del volante, pero tuvieron el infortunio de estar en el lugar y a la hora equivocada: se los llevaron en la bola y los acusaron de perpetradores. Todos fueron denunciados por ataques a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad, daño en propiedad ajena y lesiones calificadas. La FGE los acusó de haber lesionado a pedradas a cuatro policías, también daños a un chaleco balístico, un casco, dos escudos antimotines y a una patrulla municipal.
La gobernadora, quien al principio dijo que serían liberados inmediatamente, después los señaló, sin presentar pruebas, de haber intentado quemar una gasolinera.
No hubo sugerencias de acuerdos reparatorios.
Para justificar la prisión, hablaron de “lesiones, amenazas y caos”, de riesgo latente, porque quien agrede a la autoridad se atreve a más y “se debe salvaguardar la integridad de todos”, dijo la jueza Carolina Cataño.
Según la Ley, la prisión preventiva se aplica sólo en caso de excepción, el Ministerio Público sólo podrá solicitarla, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
Entonces, si la prisión preventiva no aplica para algunos policías corruptos, violadores, feminicidas, traficantes de armas, de personas, tampoco a los sujetos detenidos con fusiles después de atacar a balazos a un grupo de personas, ¿por qué se considera “proporcional, idónea y necesaria” para un grupo de taxistas armados con piedras, plenamente registrados e identificados, representados por un abogado sindical y a ciudadanos que ni siquiera tenían interés en la gresca?
Hubo obstrucción de vías, se dificultó el servicio, también actos vandálicos y ataques a la autoridad cuya gravedad se ignora. Es un hecho que los participantes que sean plenamente identificados e imputados con base a pruebas sólidas pueden ser sentenciados, sin embargo, también es un hecho que las medidas cautelares en el caso de los taxistas y ciudadanos afectados, se aplicaron a contentillo del Poder Ejecutivo bajacaliforniano.
Si alguna duda quedaba de este abuso de poder, el pasado fin de semana, después que el secretario general de Gobierno del Estado habló con representantes de los detenidos, a petición de la FGE, la jueza de Control, Elizabeth Delgado, decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada e impuso la firma catorcenal para que los imputados enfrenten el proceso en libertad.
Lo hizo, aunque le causaba inquietud que se hubiera llevado a cabo un consenso entre todas las partes pese a que, según ella, “no hay razón de peso” que confirme que dejó de existir el riesgo para la sociedad.
