Este viernes 3 de noviembre se llevó a cabo el foro de “Seguridad total” en el que participaron como expositores el general Alfonso Duarte Múgica, el teniente coronel Julián Leyzaola, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano y la directora de Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, para plantear cuales son las dificultades en materia de seguridad que enfrenta Tijuana ante la nula estrategia para combatir los índices de criminalidad.
En su intervención el teniente coronel Julián Leyzaola fue tajante al señalar que “no existe la voluntad política, no se da la intención gubernamental por lo menos en el municipio -Tijuana-. No existe hoy, por lo menos en el área policiaca, el personal técnico especializado que tenga el conocimiento y experiencia necesaria para contener y atacar el problema”, comentó y agregó que una estrategia de seguridad toma en cuenta tres factores: la voluntad política, el personal técnico especializado y los recursos, pues si uno falta la fórmula no tendrá éxito.
La periodista y actual directora de Semanario ZETA, Adela Navarro hizo hincapié en que hoy el país está peor en materia de seguridad, comparando el sexenio de Felipe Calderón contra el de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora hay 76 por ciento más homicidios dolosos mencionando que a la fecha van más de 168 mil.
Lo anterior se lo atribuyó a que las corporaciones de seguridad no cuentan con áreas de inteligencia que ayuden a hacer un análisis y llevar a cabo investigaciones para hacer frente a los criminales.
“Estamos viendo en el ámbito nacional una Fiscalía General de la República totalmente omisa, que no está persiguiendo al crimen organizado, que no tiene aquellas áreas que existían como la SEIDO que tenía áreas de inteligencia que nos decían cómo estaban estructuradas estas redes criminales en México. Eso que está sucediendo en la Fiscalía General de la República también está sucediendo en Baja California”, expresó.
Navarro Bello apuntó que hoy no se tiene confianza en las autoridades debido a la falta de estrategia en materia de seguridad, señalando que la actual gobernadora carece de liderazgo en dicha área.
“No hay confianza en nuestras autoridades, no hay confianza hacia quien encabeza la Fiscalía General del Estado, la Licenciada María Elena Andrade, hacia el secretario de seguridad, porque no se muestran unidos, porque no están encabezando una estrategia de coordinación entre todos para defender a la ciudadanía bajacaliforniana de los criminales, porque no tienen un liderazgo, en este caso la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda”, dijo.
Por su parte Roberto Quijano ejemplificó la falta de acción en seguridad con cifras, mostrando que durante el año 2008 se cometieron 69 mil 457 delitos, cifra que disminuyó a 49 mil en 2012 cuando al frente de la seguridad estaban el General Duarte a nivel estatal y el Teniente Coronel Leyzaola a nivel municipal; en comparación lamentó que actualmente se cometen has 46 mil delitos.
En el delito de homicidio resaltó que cuando los militares hoy retirados estuvieron al frente se cometían 811 homicidios en un periodo de 10 meses, logrando disminuir la cifra a 367; mientras que en la actualidad se registran dos mil 58.
“La incidencia delictiva en Tijuana se ha triplicado en los últimos 10 años, esa es nuestra realidad. Lo más importante es la prevención del delito. Del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aproximadamente el 1.2 por ciento se dedica a la prevención del delito, de dos mil 800 mdp al año se dedican 33 millones a la prevención del delito, ¿en qué se va el otro 98 por ciento?. En Tijuana el presupuesto para prevención del delito son 900 mil pesos al año, pero para promover la imagen de la alcaldesa se dedican 90 mdp al año”, destacó.
Finalmente, Duarte Múgica fue tajante en reiterar que no existe una estrategia de seguridad ni a nivel estatal ni a nivel municipal, por lo que sugirió hacer un llamado a las autoridades para que se coordinen y lleven a cabo su labor. También aconsejó a los titulares echar mano de los consejos estatales y municipales de seguridad para intercambiar información y elaborar estrategias para combatir la inseguridad.
