En el aire quedó el compromiso de María Elena Andrade Ramírez, recién nombrada fiscal general de Baja California en sustitución de Ricardo Iván Carpio Sánchez, de que durante su gestión la FGE sería “una fiscalía abierta y transparente”, pues a dos meses de estar en el cargo, la dependencia permanece con las puertas cerradas. Curiosamente la información fluye cuando se trata de temas considerados menores, pero si se pregunta por delitos más graves, por ejemplo, casos de trata de menores registrados en BC, la información jamás llega. El panorama es prácticamente el mismo que con el anterior fiscal, aunque se reconoce que Andrade sí atiende a los medios en persona y por teléfono; no es el caso de sus subordinados, pues pueden pasar semanas sin que la entrevista o siquiera una ficha informativa solicitada llegue a los medios, afectando el derecho de las audiencias a mantenerse informado. Se suponía que el cambio de gestión en la FGE -así lo argumentó la fiscal- traería propuestas positivas con el flujo de información, pero esto ha sido una falacia.
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