“Aquí estamos en un estado en el que hay corrupción y subsiste la impunidad”, dijo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Santa Alejandrina Corral Quintero, para luego cuestionar a la secretaria de Honestidad y Función Pública Rosina del Villar Casas “¿qué está haciendo?”
“Usted, ¿quién quiere que vaya a la cárcel, quién se enriqueció ilícitamente y cometió un acto de corrupción o que vaya a la cárcel las personas que dependen de usted porque no hicieron su trabajo’”, dijo la legisladora al referir el artículo 293 del Código Penal en el que se establece que hay una sanción para quien comete corrupción y para quién no sanciona “porque se le caduco o prescribió”.
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En respuesta Del Villar Casas se “lavó las manos” sobre la impunidad, y acusó que la Auditoría Superior del Estado le envío 248 observaciones de 2020, durante el periodo septiembre a noviembre sin dar un respaldo, ni presentar documentos certificados, “sólo nos dio una especie de vista y así no podemos sacar adelante esa responsabilidad de 248 observaciones, con un tiempo mínimo para atenderlas”
“La Auditoría tiene la obligación de presentarnos un informe de presunta responsabilidad donde calificó una falta como no grave, que es la competencia de la Secretaría”, pero no lo hizo y ya se habló con el auditor (Luis Gilberto Gallego Cortez) “porque no se vale que no nos hagamos responsables de la función que se nos asignó”, aseveró Del Villar Casas.
Durante su comparecencia ante la Comisión Fiscalización del Gasto Público con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Labores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Del Villar Casas afirmó que “tuvo que hacer un análisis exhaustivo” sobre qué se hizo con todas esas observaciones
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Recordó que empieza a correr tiempo para la prescripción cuando se determina que sucedieron los hechos. “Son observaciones de 2020 y en qué año estamos, 2023”, dijo al justificar que se quedó “en una situación de indefensión” ante tal situación.
Corral Quintero interrogó a la titular de la SHFP sobre las investigaciones sobre el presunto condicionamiento de programas sociales hecho por la entonces coordinadora de la Secretaría del Bienestar Valeria Oceguera a cambio de que retirara el apoyo a Adán Augusto López en sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena.
En respuesta, Del Villar Casas aseguró que se había abierto una investigación. “Ya lleva algunas actuaciones, vamos en buen camino en ese tema y se va a hacer lo conducente Yo ya les he comentado anteriormente: ´yo no vine a ser tapadera de nadie´”, dijo sin comentar algún plazo para que se presente alguna denuncia.
La legisladora panista observó que la “corrupción que es un lastre para la sociedad” ha sido latente desde años atrás sin que la Auditoría haya dado respuestas sobre lo que se está haciendo para sancionarla.
Expresó su preocupación porque son “mínimas” las muestras que audita el organismo fiscalizador, y reveló que se dieron 357 bases a personas el mismo día que ingresaron a trabajar al gobierno del Estado, aunque la ASE identificó 93 en 2020, 157 en 2021.
Por diferentes casos, la SHFP ha presentado 6 denuncias, 4 ante la Fiscalía General de la República y 2 en la FGE
