La Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California presentó ayer 20 de noviembre de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el posible delito de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades contra servidores públicos de Tijuana por un irregular uso de recursos de Fondos Tijuana.
Román Aboytes Hernández, presidente de esa agrupación social, señaló como posibles responsables al Comité Técnico del Fideicomiso de Fondos Tijuana, encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero, el secretario General de Gobierno Miguel Ángel Bujanda, el tesorero Raymundo Vega, el secretario de Desarrollo Económico Luis Antonio Cañedo Ángulo y a su antecesor Alejandro Mungaray.
Así como el coordinador de Planeación Económica Leonardo Hernández García, la regidora presidente de la Comisión de Hacienda Claudia Casas Valdes y el síndico procurador Rafael Leyva Pérez.
De los 76 millones 853 mil 809.54 pesos que se captaron en los Fondos Tijuana por la venta de pases de cruce ágil, 26 millones 079 mil 949.67 pesos les fueron otorgados a cuatro “empresas morales” de enero a diciembre de 2022; dos de ellas presuntamente factureras ya que no se encontraron registros de sus integrantes.
Otros 11 millones 465 mil pesos se adjudicaron al Patronato Cesun, en el que el director fue Ernesto Aello Fregoso, quien es cuñado de Óscar Martínez Garza, que a su vez es compadre del tesorero del Ayuntamiento Raymundo Vega Andrade. Por lo que en total se otorgaron de forma irregular 37 millones 544 mil 949.67 pesos; monto que pudo haber “beneficiado a 2 mil 502 familias tijuanenses que realmente lo necesitan”, aseveró.
El exsecretario de Movilidad detalló que se otorgaron 7.5 millones de pesos (mdp) a tres proyectos de la organización Baja California Avanza A.C., pese a que las reglas de operación indica que el crédito será por una vez. Dicha organización y Humanitaria Cruz Verde de B.C., A.C. a la que se le aprobaron dos proyectos por un monto total de 4.5 mdp fueron consideradas como “factureras” o “fantasmas”, porque no se encontró a nadie.
A MHClúster le aprobaron cinco proyectos por 6 millones 579 mil 949 pesos cuya directiva está relacionada con un grupo político de exfuncionarios panistas vinculado al ahora exsecretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Alejandro Mungaray, apuntó.
A Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos le aprobaron tres proyectos por 7 millones 500 mil pesos, infringiendo el artículo 19 de las Reglas de Operación que limitan a los beneficiarios a obtener recursos del mismo fondo.
“Es el caso que nosotros no encontramos ni rendición de cuentas, ni proyectos, entonces estamos preocupados y en función de eso” se presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Según Aboytes la denuncia se está haciendo ahora por un grupo de ciudadanos organizados que buscan transparencia en el ejercicio de recursos.
“No elucubremos, esto no tiene un fondo distinto a que un grupo de ciudadanos estamos buscando transparencia y aclarar los dineros que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, dijo cuando se le preguntó por el motivo de que se esté haciendo la denuncia al inicio de las precampañas electorales.
Aunque reiteró que la petición es para que la Fiscalía Anticorrupción investigue y los funcionarios municipales tienen la obligación de aclarar el ejercicio de los recursos negó que se pretenda que los funcionarios se separen de su cargo. “A nosotros no nos interesa más que la cuestión estrictamente que se aclare los recursos que se aplicaron y lo demás no nos interesa”.
