Atentado contra codirector fundador de ZETA suma 26 años de gobiernos que han provisto de impunidad a los autores materiales e intelectuales del crimen, en el que participaron nueve sicarios
“Nos dispararon, nos dispararon”, se escuchó la voz entrecortada de J. Jesús Blancornelas, codirector fundador de ZETA, en el radio comunicador instalado en el archivo de la oficina, a un costado de la hemeroteca, donde integrantes del Consejo Editorial y algunos reporteros cursaban clases de inglés.
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El lugar de los hechos estaba a menos de cuatro cuadras. En cuestión de segundos, empleados de todas las áreas usaron autos para llegar rápido, con la esperanza de ayudar a Blancornelas y a Luis Valero, ex policía que hacía las veces de escolta -quien también era amigo del personal- para que salvaran la vida.
La mañana de ese jueves 27 de noviembre de 1997, no era la primera escena criminal para los integrantes del Semanario, pero el impacto de ver a Valero sin vida frente al volante de la camioneta y a Blancornelas malherido mientras lo trasladaban al hospital fue devastador.
Viviendo el duelo por Luis, procurando apoyar a la familia y conocedores de la gravedad del codirector, personal de ZETA tenía claro que, para enfrentar la impunidad, era crucial el trabajo de investigación periodística que se hiciera en esas primeras 15 horas del crimen, mismo que se publicó en la edición 1235 de este Semanario, correspondiente al viernes 28 de noviembre de 1997.
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Tirado en la calle, con una esquirla de bala que le atravesó el ojo y se le incrustó en la cabeza, había quedado el cuerpo de David Corona Barrón alias El CH, cabecilla de una banda de delincuentes en el Barrio Logan de San Diego, California. Estaba drogado.
Resultó ser jefe del grupo de nueve sicarios enviados por Benjamín Arellano Félix y su hermano Ramón -detenido el primero y muerto el segundo, ambos en 2002-, quien instruyó usaran armas nuevas para privar de la vida al periodista.
El mismo día del atetado, la redacción de ZETA pudo saber que en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por José Luis Anaya Bautista, supieron con antelación del ataque. Y lo que decidieron hacer, fue retirarle la guardia de policías judiciales que a Blancornelas le habían asignado semanas atrás, para que no corrieran riesgo.
En poco tiempo, el trabajo de investigación e inteligencia de corporaciones en ambos lados de la frontera, permitió identificar a todos los presuntos participantes en el asesinato de Valero y el intento de homicidio de don Jesús.
Alejandro Weber Barrera y Michael Anthony Jarboe, ambos desaparecidos hace veinte años; Alfredo Araujo Ávila el Popeye, Isaac Guevara Hernández y Antonio Peña Huerta o Adelaido Reyes, presos por otros delitos, sólo el primero continúa privado de la libertad y los otros dos fueron liberados sin mayores problemas; Alberto González Ortega, asesinado en 1998 en Rhode Island, Estados Unidos; Fabián Martínez el Tiburón, quien se suicidó en Jalisco el mismo1998 y José Alberto Márquez el Bat, extraditado a Estados Unidos, tampoco fue imputado.
Marco Antonio Quiñones el Pato resultó ser el único acusado por el atentado, pero fue declarado libre de culpa en 2013, debido a la ineficiencia criminal de una Procuraduría General de la República que no supo armar la carpeta ni defender el caso. Tranquilamente, este traficante regresó a las calles sin mayores conflictos en octubre de 2016, tras cumplir su sentencia por delincuencia organizada.
Al final, todas las áreas de inteligencia, corporaciones y todos los gobiernos supieron quiénes fueron los responsables, pero por miedo, corrupción o por dinero, nada hicieron.
Don Jesús sobrevivió nueve años a la impune balacera, dirigió el Semanario y continuó con su trabajo periodístico e informativo de investigación, exhibiendo a integrantes de la mortífera dupla resultante de la colusión de cárteles criminales con las corporaciones. Advirtió de la peligrosa operatividad de funcionarios mezquinos, corruptos, integrados a narcogobiernos que envenenan, que empobrecen a la sociedad, mientras toman a la comunidad de rehén de sus delitos, de sus intereses económicos y reprimen el desarrollo de las ciudades, de los estados y del país.
Lo hizo padeciendo los efectos secundarios de las balas, una que le provocó la pérdida de oído, otra que se alojó a milímetros de la columna vertebral, afectando su movilidad. El mismo proyectil que le perforó un pulmón, dejándolo sin posibilidades de luchar cuando el segundo sucumbió ante el cáncer el 23 de noviembre de 2006.
Desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador, cinco presidentes de México. De Héctor Terán a Marina del Pilar Ávila, siete gobernadores de Baja California. De Guadalupe Osuna Millán a Montserrat Caballero, 13 alcaldes de Tijuana con sus respectivas policías y fiscalías.
Para Blancornelas, su esposa, sus hijos y la familia ZETA, suman 26 años de gobiernos que han hecho gala de una cobarde ineficiencia que ha provisto de impunidad a los autores materiales e intelectuales del crimen, identificados desde las primeras indagatorias.
Por eso, hoy, desde esta página, como se ha hecho durante casi tres décadas a los gobiernos del PRI y PAN, ahora exigimos a los de Morena -quienes en cinco años no han actuado-detener, procesar y sentenciar a los responsables del ataque al codirector fundador de ZETA y su escolta.
Para el Presidente López Obrador y su fiscal Alejandro Gertz Manero, para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su fiscal María Elena Andrade, el olvido no es opción. Ante la impunidad, el reclamo de justicia es permanente.
