Para enfrentar los compromisos de fin de año, principalmente el aguinaldo de la burocracia y los docentes, el Gobierno de Baja California está gestionando ante la Federación un recurso extraordinario por 3 mil millones de pesos.
El secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, expresó su confianza en que sí llegarán esos recursos, aunque “si no se logra el apoyo extraordinario”, de todas formas, el 5 de diciembre se cumplirán los compromisos y se cubrirán las prestaciones a la burocracia y los docentes en activo y jubilados.
Así, dejó abierta la posibilidad de que se contraten créditos de corto plazo. “Si llegado el momento nos hacen falta recursos para cumplir con los compromisos de gasto de cierre de año, desde luego que lo vamos a hacer de forma responsable”, aseveró.
El gobierno estatal tiene como monto límite de deuda de corto plazo 4 mil 500 millones de pesos, actualmente ha contratado mil 600 millones. No obstante, la primera intención es no utilizarla, ya que el uso recurrente de deuda de corto plazo ha hecho que las agencias calificadoras limiten la posibilidad de que el Estado tenga una calificación tipo A.
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Los aguinaldos representan una erogación de 2 mil millones de pesos y existen pasivos acumulados pendientes derivados de otras administraciones, indicó el funcionario sin precisar el monto total de estos, ni de qué administraciones datan.
La deuda directa del gobierno estatal (sin contar empréstitos de paraestatales ni ayuntamientos) asciende a 16 mil 063 millones de pesos, que es “una deuda completamente manejable” en cuanto a su capacidad de repago. Mientras que la deuda directa e indirecta del Estado suma 21 mil 929 millones de pesos, considerando también el endeudamiento de paraestatales, mil 329 millones de pesos; ayuntamientos, 3 mil 994 millones de pesos; y organismos estatales, 542 millones de pesos.
Respecto al financiamiento de largo plazo (30 años) denominado Bono Verde por 3 mil millones de pesos contratado por la actual administración, Moreno Mexía mencionó que ya se dispusieron mil millones de pesos y se tienen 48 proyectos hídricos autorizados.
El recurso que no se ha utilizado (2 mil millones de pesos) está generando un rendimiento con una Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 11.50%, mayor a la de los intereses que se están pagando por ese financiamiento, por lo que “no hay un impacto financiero en este momento”.
El crédito de género por 500 millones de pesos a 15 años, ya fue licitado y se está en proceso de firmar los respectivos contratos, agregó durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Segundo Informe de Labores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Adelantó que se está buscando renegociar la sobretasa de los intereses con los dos bancos (Multiva y BBVA) que otorgaron un financiamiento por 3 mil millones de pesos (a pagarse en 20 años) al gobierno de Jaime Bonilla Valdez, sin cambiar la estructuración del contrato.
DIPUTADOS SIN PROFUNDIZAR
En sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto celebrada el 22 de noviembre, la mayoría de los legisladores participantes aprovecharon su intervención para hacer preguntas relativas a rubros que impulsan y/o pedir fondos para las causas que encabezan, desechando la oportunidad profundizar en temas relevantes por su impacto en las finanzas de la entidad.
El más claro ejemplo es la situación del (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y la operatividad del sistema de pensiones, que en palabras del propio titular de la Hacienda estatal, representa “el reto estructural más importante de las finanzas públicas del Estado”.
Pese a que el funcionario señaló desde el inicio de su comparecencia que el déficit del Issstecali “no ha sido resuelto por completo” y obliga al Gobierno del Estado a contratar créditos de corto plazo en determinados momentos para tener liquidez, sólo el presidente de la Mesa Directiva, Manuel Guerrero Luna, buscó que se precisara el monto de los pasivos “heredados”; dato que no fue puntualizado por Moreno, con todo y que este es “recurrente y en crecimiento”.
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La Secretaría de Hacienda debe “tener la habilidad de generar superávit suficiente” para atender el déficit del Issstecali, ya se habló con todos los tesoreros municipales “dándoles las cifras de lo que tendrán que incorporar en su presupuesto de Egresos en el próximo año vinculado al déficit que les corresponda”, expuso.
Se estima que la administración central necesita recursos “del orden de 4, 5 mil millones de pesos” para solventar esa deficiencia de flujo en el sistema de pensiones, indicó Moreno Mexía. Sin profundizar más, Guerrero Luna pidió que antes del cierre de año sea firmado el nuevo Contrato Colectivo de Issstecali.
Por otro lado, ante las interrogantes sobre el uso de la sobretasa del Impuesto sobre Nómina de la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, Moreno Mexía informó que se han captado 2 mil 270 millones de pesos al 31 de octubre de 2023. De ese monto, mil 249 millones de pesos se destinaron a infraestructura y mil 301 millones de pesos a dependencias de Seguridad.
“Al Poder Judicial 88.7 millones de pesos; a Secretaría de Seguridad Ciudadana, 689.1 millones de pesos; Fiscalía, 30 millones de pesos; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, 214.2 millones de pesos; y Centro de Justicia para las Mujeres, 9.3 millones de pesos”, resumió el funcionario.
Asimismo, dijo que se tienen 120 acciones a infraestructura en el programa normal de obra del Estado, comprometiéndose a compartir la información con la legisladora.
Sin embargo, la emecista señaló un posible “jineteo” de los recursos captados por la sobretasa, ya que anteriormente se había dicho que sería para el repago del Bono Verde. Consideró que falta claridad respecto a si los proyectos de infraestructura ya estaban contemplados específicamente para la sobretasa.
Aunque en días pasados algunos legisladores asistieron a la comparecencia de la Secretaría del Agua, en la que se informó que sólo 14 de los 48 proyectos autorizados para el Bono Verde ya fueron contratados, ninguno preguntó al secretario de Hacienda el motivo del mínimo avance en la contratación.
Los legisladores panistas Diego Echevarría y Santa Alejandrina Corral Quintero tampoco hicieron señalamientos en su calidad de oposición a esta administración. Corral sólo pidió la intervención de la Secretaría de Hacienda para la adquisición de medicamentos, a fin de evitar lo ocurrido en años anteriores, donde predominaron adjudicaciones directas, sobrecostos y caducaron medicamentos.
Marco Moreno respondería que el tema es responsabilidad de la Secretaría de Salud, aunque se comprometió a revisar el planteamiento en la medida de sus atribuciones. Aclaró que, desde el inicio de la administración, Oficialía Mayor dejó de pertenecer a la Secretaría de Hacienda para pasar a la oficina de la gobernadora. Ningún legislador preguntó sobre los recursos que se asignarán a la Secretaría de Salud al implantarse el IMSS-Bienestar.
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ACUERDO CON EMPRESA DESALADORA DE ROSARITO
A pregunta expresa de la morenista Rocío Adame sobre el avance de la planta desaladora de Rosarito, Moreno Mexía estimó que al cierre de 2023 podría formalizarse el acuerdo con la empresa Consolidated Water, que reclamó 51 millones de dólares una vez que el contrato fue cancelado de forma “unilateral” y “torpe” por el gobierno de Bonilla Valdez.
“Ya llegamos un punto de acuerdo en una discusión con Consolidated Water. Nos pusimos de acuerdo y hubo un apretón de manos con el presidente de la compañía, pero mientras no se materialice en un acuerdo jurídico, formal, firmado por ambas partes, es difícil asegurar que el proyecto no es un factor de riesgo para el Estado”, advirtió el funcionario.
Aunque refirió no se podían ventilar públicamente los detalles de la negociación, esbozó la idea de reactivar el proyecto de la planta desaladora a un menor tamaño, fuera del ámbito de la empresa.
Interrogado por Juan Manuel García Molina sobre los recursos federales que Banca Afirme retuvo para el proyecto de la planta fotovoltaica, cuya concesión fue otorgada por la administración de Bonilla, el titular de la Hacienda estatal manifestó que la institución financiera sigue sin devolverlos y que el monto retenido (123 millones) a valor actual ya asciende a 143 millones de pesos; 20 millones de rendimientos.
