Durante la madrugada del sábado 21 de octubre, el huracán “Norma”, de categoría 2, impactó la zona de Plutarco Elías Calles y El Pescadero, muy cerca del pueblo mágico de Todos Santos en el municipio de La Paz. A la fecha no hay una cifra contabilizada oficialmente sobre los daños.
Al respecto, Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, estimó alrededor de 200 millones de pesos en daños a la infraestructura urbana, pero las lluvias intensas evidenciaron las necesidades generales en la Capital del Estado.
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“Los daños son muy aislados en infraestructura urbana son más de 200 millones. De lo que se presupuestó (para 2024), más de mil 500 millones tendríamos que invertir para resolver los problemas de infraestructura apenas aquí en La Paz de todas las calles”, indicó Castro Cosío.
Tan sólo en la remoción de tierra en las más de 134 avenidas afectadas -y que aún no terminan- estimó Castro 100 millones de pesos, mientras están operando con el fondo de desastres sudcaliforniano, creado mediante el impuesto sobre el hospedaje, con esos excedentes “ahorita de recursos de nuestro fondo destinamos 63 millones de pesos”, expresó.
Por ello, hay mucho descontento entre las familias paceñas que quedaron incomunicadas, con severas afectaciones en sus viviendas y la pérdida de algunos de sus muebles; y es que acusan de negligencia en la forma de tratar de emergencia. Ni siquiera les avisaron que debían desalojar sus casas en zonas de alto riesgo.
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“No hay damnificados. Sí hay gente que le voló el techo; por ejemplo, ayer que no habíamos podido pasar a Vista Hermosa que fueron a llevarle algo de mandado a la gente, abrieron paso y fuimos a ver el trabajo. Tenemos que dejarle la calle pavimentada para dentro de dos años tenerles un circuito a la gente ahí”, comentó el gobernador.
Hasta ocho días después del impacto del huracán “Norma”, el Gobierno del Estado abrió paso a la colonia Vista Hermosa que estaba incomunicada, la cual estaba cubierta de tierra y piedras que impedía el tránsito.
Aun así, Víctor Castro minimizó la problemática por la que pasan los habitantes de La Paz, principalmente las colonias de escasos recursos y de riesgos de inundación, pues indicó que “en La Paz no hay problemas tan agudos”.
“Abrimos paso donde no había; no hay ni una colonia incomunicada, no hay problemas tan agudos, pues allá se quedaron sin nada. Aquí hay gente que se quedó sin nada, pero son los menos a los que podemos ayudar este equipo; ahora lo que necesitamos es la solidaridad. Para toda la gente de La Paz, hoy Guerrero nos ocupa, hoy la solidaridad va para nuestros hermanos de Guerrero”, comentó Castro.
Esto se contrapone al panorama de la ciudad, donde las calles quedaron cubiertas por arena y lodo, pero no fue lo único: a la fecha siguen habiendo lagunas de aguas negras, el drenaje está colapsado en la mayoría de las colonias y ya hay confirmación de personas enfermas por los malos olores y el polvo contaminado.
Por ejemplo, en la primaria Celerino Cano en la colonia Antonio Navarro Rubio en el municipio de La Paz, al menos 15 alumnos y docentes resultaron con problemas en la piel, dolor de cabeza, diarrea y conjuntivitis debido a los fuertes olores a drenaje y el polvo con heces fecales en el ambiente.
“Dijimos que La Paz se iba a parar después de un huracán de categoría 2, en menos de 10 días, y La Paz está trabajando casi a la normalidad. Llegó la solidaridad para ver el asunto del drenaje, para ver lo más grave que tenemos de alcantarillado y demás llenos de tierra, de lodo, para que en unos días todo vuelva a la normalidad. Ya tenemos prácticamente logrado un porcentaje elevadísimo de servicio eléctrico, de agua potable y por supuesto, ahora nos toca la limpieza”, añadió el gobernador.
Ante la necesidad, se requirieron cinco máquinas vactor a los estados de Sonora, Baja California y Nayarit, las cuales llegaron durante la semana para desazolvar los drenajes; estarán trabajando aproximadamente 10 días hasta darle funcionamiento regular al drenaje de La Paz.
Según el gobernador Castro, con las campañas de limpieza en las calles de la capital pudieron ahorrarse entre 2.5 y 3 millones de pesos del programa de empleo temporal (PET). Antes dicho programa funcionaba para ayudar a las familias afectadas por fenómenos tropicales.
“Más de cinco mil salieron a limpiar de la Mesa de Seguridad, dependencias de Gobierno, Policías, Marina. Los compañeros que trabajan viernes y sábados, se destacaron por miles, se desplegaron en todas las calles de La Paz y hoy continúa la tercera etapa, que es recoger todo lo que las brigadas levantaron, y que tenemos que como límite toda esta semana para que en 15 días nuestra ciudad haya quedado mucho mejor”, comentó Castro Cosío.
LA MANO DE NARCISO AGÚNDEZ
Debido a las severas inundaciones, el congestionamiento vial y vialidades llenas de lodo, el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente (SEPUIMM), determinaron aperturar el segundo carril de circulación del bulevar Agustín Olachea a la altura de Tiburón y Tenochtitlan, que es el lado izquierdo de rozamiento.
Lamentablemente la vialidad está incompleta, y es que debió abrirse a la circulación el 9 de octubre y a pesar de estar retrasada por más de 20 días. Recientemente comentaron autoridades que la obra sigue su curso.
“Se dio apertura vial a la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar Agustín Olachea, en el tramo de Tenochtitlán a avenida Tiburón, para dar una mejor movilidad en la zona; es importante destacar que se continuarán con los trabajos finales de la obra”, dijo el Gobierno de Baja California Sur.
El segundo cuerpo de rodamiento es construido por Construcciones y Urbanizadora Lizárraga García, y su monto de ejecución fue de más de 31 millones 466 mil pesos por la pavimentación de ocho mil 700 metros cuadrados, costando cada uno tres mil 616.78 pesos.
El primer cuerpo, el del lado derecho de norte a sur fue pavimentado por la empresa HEMASE, S.A. de C.V.; el costo total de obra de los seis mil 50 metros cuadrados y su costo fue de 11 millones 136 mil 637.49 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del Ejercicio Fiscal 2022, costando mil 840.7 pesos cada metro cuadrado (prácticamente el doble).
Sin embargo, esta última empresa es utilizada por Narciso Agúndez Gómez, director de la Administración Portuaria Integral (API), para hacerse de recurso público, pasando por encima la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Baja California Sur.
Según el Artículo 68: El conflicto de intereses es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero.
Sólo hay una manera de confirmarlo, y se trata de una factura emitida por Teléfonos de México (TELMEX), el 22 de enero del 2023 pasadas las 19:39 horas, cuando Narciso Agúndez Gómez (con RFC AUGN8803032N7), pagó una línea telefónica a TELMEX (con RFC TME840315KT6), solicitó facturación; y en la factura entregada “no cancelable” con folia fiscal 6D89BA29-B56D-4CFB-B586- 73622875790E, aparece como beneficiario “HEMASE S.A. DE C.V.”.
Dicha factura no es cancelable y es una de las pruebas fehacientes que confirman que Narciso Agúndez está detrás de obra pública con la que se está beneficiando siendo servidor público de Baja California Sur. Según la Ley, la Contraloría debería sancionar, también inhabilitarlo y enviar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
En otra factura en poder de ZETA, aparece como fuente emisora Narciso Agúndez Gómez (con RFC AUGN8803032N7), emitiéndole una factura por un millón 15 mil pesos a “HEMASE S.A. DE C.V.” (con RFC HEM130221N52) con el uso CFDI de construcciones.
El concepto fue “arrendamiento de camión de volteo. Incluye operador. Renta de camión de volteo Kenworth modelo T800. Incluye operador del mes de enero a mayo del 2021 para realizar trabajos en el relleno sanitario de La Candelaria en Cabo San Lucas”.
El propio director del API simula rentas de maquinaria a su propia empresa, y es que hace suponer que es su empresa, ya que él mismo paga el teléfono de la S.A. Sus socios en HEMASE son: Carolina Vizcarra Ruiz y Gerardo Franco Rivera; además sumaron a Adolfo Félix Ojeda e Ismael Correa Maldonado, también Alejandra López Camilo, además de Yaxahira Márquez Favela.
Actualmente está en manos de la Contraloría General del Estado y de la propia Fiscalía Anticorrupción, más ahora con la nueva reforma aprobada, que consiste en eliminar como requisito la procedibilidad la declaración previa de la Contraloría en el delito de enriquecimiento ilícito.
“Eliminar la declaración previa de existencia de enriquecimiento ilícito emitido por la Contraloría General del Estado, con el fin de evitar que queden excluidos de ser investigados servidores públicos de los poderes Judicial y Legislativo, así como de los ayuntamientos y órganos autónomos”, dio a conocer el Congreso de Baja California Sur.
VAN POR LA RECONSTRUCCIÓN “SIN CORRUPCIÓN”
Después de presentar el caso de HEMASE, S.A. de C.V. empresa vinculada directamente al director del API en Baja California Sur, el ejecutivo estatal sigue valorando si las pruebas son suficientes para sancionar a su funcionario estatal.
Castro Cosío sostuvo que se mantendrá firme para erradicar la corrupción, aunque es sabido que no ha tomado alguna medida para castigar la corrupción en su Gobierno.
“No es una obsesión, pero la lucha contra la corrupción es parte de esencial, es lo que tanto daño ha hecho a este país y hay gente que no le interesa desprenderse de nada para seguir teniendo privilegios; definitivamente es lo que vamos a seguir combatiendo”, sostuvo Víctor Castro Cosío.
Según el ejecutivo estatal, los daños ocasionados por “Norma” serán cubiertos con un fondo de desastres local y que actualmente fueron destinados 63 millones de pesos supuestamente.
Sin embargo, se informó mediante la secretaria de Administración y Finanzas, Bertha Montaño que habría un nuevo préstamo a un año, con el cual el Gobierno del Estado pretende librar los compromisos de fin de año.
“El equipo de Finanzas asumió el compromiso de tener a disposición del Gobierno del Estado 60 millones de pesos, y dejamos abierto 50 millones para cualquier contingencia de aquí a fin de año. Esperemos que no nos pase nada, pero ahí tenemos ese fondo para irlo utilizando en caso necesario; hasta ahorita es el corte que tenemos para invertir en lo que el huracán, incluido a la escuela Carranza, incluida las escuelas el Cet del Mar, que le quedó el sistema eléctrico destruido. También se va a invertir en la calle Gómez Farías de 5 de mayo a Morelos. Se va a invertir en la calle, que el agua nos la destruyó, en Morelos y Félix Ortega; también otra calle de Fidepaz que nos la destruyó, de nombre Ballena creo se llama”.
También habrá que poner atención en las licitaciones que pondrá a disposición el Ejecutivo Estatal, pues señaló a quienes les critican por entregar licitaciones de obra a empresas vinculadas con sus seguidores políticos; y reiteró que dará piso parejo a cualquier empresa.
Y es que Víctor Castro ha sido criticado por entregar diferentes obras de pavimentación de los recursos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) a la familia de los Agúndez, grupo que es liderado por su asesor político el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
“Va a iniciar la obra para el vado de la calle Colosio, entre Toronja y libramiento, ahí vamos a hacer un puente igual que el que estamos haciendo de cajones que se está haciendo para el arroyo El Cielo rumbo a San Juanico; es el primer puente que nos vamos a construir. Vamos a recuperar los vados que se quebraron, ya tenemos el recurso para iniciar”, finalizó Castro.
