El secretario de Hacienda Marco Antonio Moreno Mexía previó que este año pueda formalizarse el acuerdo con la empresa Consolidated Water, que reclamó 51 millones de dólares por la cancelación del proyecto de la planta desaladora de Rosarito.
“Ya llegamos un punto de acuerdo en una discusión con la empresa Consolidated Water. Nos pusimos de acuerdo y hubo un apretón de manos con el presidente de la compañía, pero mientras que, no se materialice en un acuerdo jurídico, formal, firmado por ambas partes, es difícil asegurar que el proyecto no es un factor de riesgo para el Estado”.
“Desde mi punto de vista hay un acuerdo que le conviene a la empresa cumplir y que nos conviene a nosotros y que tiene que ver con la posibilidad de reactivar el proyecto fuera del ámbito de esta empresa, buscando redimensionarlo a un menor tamaño”, probablemente al 50%.
Durante su comparecencia en el Congreso a propósito de la Glosa del Segundo Informe de Labores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el titular de Hacienda indicó que los detalles de la negociación “no pueden ser ventilados públicamente”, pero expresó su confianza que “en este mismo año estaremos en posibilidad de cerrar un acuerdo”.
De lograrse un nuevo proyecto hídrico con menores dimensiones a las originalmente planteadas, la Zona Costa tendrá una oferta que “le pudiera dar tranquilamente 20, 30 años de suministro adicional en condiciones de confiabilidad”, aseguró este 22 de noviembre de 2023.
Recordó que el gobierno pasado de Jaime Bonilla Valdez canceló de forma “unilateral” y “torpe” el contrato que había firmado la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid para la construcción de la desaladora, cuya capacidad de desalación sería de 4.4 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 140 millones de metros cúbicos. Prácticamente toda el agua que consume Tijuana (150 millones de metros cúbicos)
Al cancelarse el contrato, la empresa presentó una demanda de arbitraje por 51 millones de dólares y otros efectos, que representarían “un golpe tremendo a las finanzas del Estado”. A raíz de ello, cuando inició la actual administración se buscó la negociación con la empresa tratando de entender la dinámica del proyecto y la posibilidad de redimensionarlo para eventualmente llevarlo a su ejecución.
“La deficiencia del proyecto era por la estructuración financiera del proyecto, pero tenía sentido en cuanto a la dimensión del proyecto”, aseguró Moreno Mexía, quien señaló que en la negociación se cuenta con el apoyo del gobierno federal. “Estamos en la parte final de la negociación”, reiteró.
Sobre el tema de los recursos federales que no han sido devueltos por Banca Afirme por el proyecto de la planta fotovoltaica, cuya concesión fue otorgada por el gobierno de Bonilla Valdez, Moreno Mexía apuntó que la institución financiera sigue sin devolver el monto que, a valor actual, suma 143 millones de pesos.
Se está insistiendo en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una revisión al tener facultades para fiscalizar recursos federales, así como a la Procuraduría Fiscal, sin embargo, admitió que “lamentablemente” estos procesos a cargo de la Consejería Jurídica “van lentos”.
