El número de personas privadas de su libertad en prisiones del país incrementó en un 18.5 por ciento durante los últimos cinco años, producto del endurecimiento de la política criminal del Gobierno Federal, lo que ha provocado que más pobres y jóvenes terminen encarcelados, en muchos casos sin oportunidad de obtener su libertad mediante la exhibición de una fianza. El cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional del mes de agosto de 2023 así lo demuestra.
Al finalizar el octavo mes del año en curso, se contaba con 234 mil 561 personas presas distribuidas en 284 establecimientos carcelarios de territorio mexicano. De esa cantidad, 221 mil 241 de los reos son hombres (94.32%), mientras que 13 mil 320 son mujeres (5.68%). Muchos prisioneros más que los que había en diciembre de 2018, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo; entonces había 197 mil 988 privados de libertad en 308 reclusorios.
El problema del incremento de personas en contexto de encierro ha disparado los índices de sobrepoblación en el sistema penitenciario nacional, ya que el total de centros sólo cuenta con 218 mil 671 espacios, los que ahora se encuentran rebasados por más de 15 mil 890 reclusos que no cuentan con una estancia ni alojamiento dignos. Fenómeno que ocurre en 139 de las 284 cárceles. En 116 de esos penales existe población mixta de los fueros común y federal y otros 23 sólo tienen reos exclusivamente por delitos del fuero común.
El Gobierno Federal administra 14 centros penitenciarios, entre los que hay penales de máxima y mediana seguridad, así como un recinto de rehabilitación con atención psicosocial. Los gobiernos de los estados, incluida Ciudad de México, tienen la responsabilidad en otras 270 prisiones; 204 mil 043 personas (86.99%) están encarceladas por delitos del fuero común y 30 mil 518 (13.01%) del fuero federal. Por lo que ve a su situación jurídica, 141 mil 741 de los internos (60.43%) están sentenciados y 92 mil 820 (39.57%) son procesados.
El hacinamiento que presentan algunos de los reclusorios no sólo impacta al interior de los mismos, sino a una población estimada en casi 358 mil personas -familiares de los reclusos-, de acuerdo con datos que proporciona la asociación civil Documenta en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Familiares de Personas Privadas de la Libertad en México, obtenidos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre los principales problemas que enfrentan los parientes de los internos de los penales, se encuentra “su falta de visibilizarían, la violación a su derecho a la unidad familiar por la lejanía de los centros penitenciarios, el deterioro de su economía por, entre otras cosas, suplir las obligaciones del Estado en relación al alimento y productos básicos, la falta de medidas de protección y políticas públicas con enfoque diferenciado y la inexistencia de protocolos públicos y accesibles”.
SOBREPOBLACIÓN
Baja California es una de las tres entidades federativas con mayor número de personas privadas de la libertad en el país; sin embargo, no presenta sobrepoblación de manera global. Estado de México (Edomex) tiene el primer lugar en ocupación penitenciaria en el país, al albergar a 35 mil 484 personas en sus 23 saturados reclusorios; le sigue Ciudad de México (CDMX), con 25 mil 850; Baja California, 13 mil 828; Jalisco, 13 mil 470; Sonora, 10 mil 799; Nuevo León, 10 mil 455; Chihuahua, 8 mil 811; Puebla, 8 mil 065; Veracruz, 7 mil 923; y Michoacán, 6 mil 577.
De los estados antes referidos, sólo tres cuentan con sobrepoblación, empezando con Edomex, con capacidad instalada para 14 mil 327 internos y está rebasada en más de 147%, situación que se agrava al individualizar algunos centros penitenciarios en específico. Los demás penales sobrepoblados en el orden son Nayarit, con 123.7 % más reos; Morelos, 88.67%; Durango, 78.17%; Coahuila, 52.79%; Hidalgo, 46.61%; Tabasco, 37.48%; Sonora, 35.19%; Quintana Roo, 35.14% y Puebla, 20.07%.
Cinco de las diez cárceles más sobrepobladas a nivel nacional se encuentran en Estado de México, con un hacinamiento inhumano que en vez de reducirse va al alza. El Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco, donde caben 557 internos, tiene un total de 3 mil 630 para un sobrecupo del 551.71%. Así le siguen, el penal de Tlalnepantla, con 439.48%; Zumpango, 402.50%; la prisión de Jojutla, Morelos, 329.55%; Jilotepec, 274.42%; Cunduacán, Tabasco, 270%; CRS de Cuautla, Morelos, 268.06%; Ecatepec, Edomex; 237.62%; Playas de Catazajá, Chiapas, 236.67% y CRS de Huixtla, Chiapas, 230%
En Baja California la capacidad instalada en sus cinco centros penitenciarios es hasta para 16 mil 065 personas privadas de su libertad y actualmente hay 13 mil 828 reclusos, por lo que aún quedan espacios libres para 2 mil 237 (-13.92%), ya que los Centros de Reinserción Social El Hongo y El Hongo II prorratean las estadísticas al tener gran capacidad y albergar a menos internos, lo que no acontece en los casos de los penales de Tijuana, Mexicali y Ensenada, que presentan sobrepoblación, mas no la que llegaron a tener hace casi una década.
En el caso del CRS El Hongo, el más grande de los dos ubicados en Tecate, tiene capacidad para 5 mil 922 reclusos, con una ocupación de 5 mil 010, por lo que tiene más del 15% de lugares vacantes. El Hongo II tiene menos de la mitad de su cupo, pues hay espacio para 4 mil 608 presos y sólo tiene 2 mil 134 personas encarceladas.
En cambio, en Tijuana, en el CRS La Mesa hay 3 mil 104 internos, donde caben 2 mil 556 (21.44% de sobrepoblación); CRS Mexicali, donde debería haber no más de mil 780, tiene 2 mil 224 reos (24.94%); y CRS Ensenada, con celdas para mil 199 personas, alberga a mil 356 (13.09%).
EFECTOS COLATERALES
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Familiares de Personas Privadas de la Libertad en México elaborado por Documenta, AC destaca que en nuestro país existen muy pocas políticas públicas y normativas que reconozcan los efectos que la privación de la libertad tiene sobre las personas familiares de aquellas privadas de la libertad. Las autoridades han sido omisas en reconocer la magnitud de los efectos de la privación de la libertad hacia terceros, en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes con familiares privados de la libertad que se enfrentan a discriminaciones interseccionales.
Pese a no contar con un número oficial de familiares de personas privadas de la libertad, “podemos saber un aproximado de las cifras considerando información que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)”, destaca el análisis que estima en 357 mil 997 a los parientes de los más de 234 mil presos. De estos reclusos, 79.6% contaba con dependientes económicos en la semana previa a su detención; el 60.7% de esos internos cuentan con hijos menores de 18 años de edad, con un promedio de dos hijos, casi 270 mil niñas, niños y adolescentes con un padre o una madre privadas de la libertad; 44.8% de esos presos reportó ser casada o estar con su pareja en unión libre.
Respecto al parentesco de personas con quienes vivían una semana antes de su captura, se tiene que 117 mil 045 eran esposo(a), parejas o novia(o); 89 mil 508, hijo(a); 57 mil 148, madres (tutoras); 34 mil 919, hermanos; 32 mil 339, padres (tutores); 5 mil 884, abuelos; y 21 mil 154, otros familiares. La suma de estas cifras implica aproximadamente 357 mil 997 familiares, esto es, 1.62 veces el número de privados de la libertad conforme a la ENPOL 2021, reflejado en el informe de Documenta.
En el caso de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), 91% de los familiares viven en una entidad diferente a donde se encuentra su consanguíneo recluido, existiendo un promedio de mil 557 kilómetros de distancia (aproximadamente 26 horas en automóvil) para poder visitarlo. En el caso específico de mujeres privadas de libertad, solo existe un centro penitenciario federal femenil -Cefereso Número 16 CPS Femenil Morelos- en Coatlán del Río, Morelos. Tal prisión cuenta con mujeres de todos los estados, y a pesar de ser federal, sólo 53% están ahí por delito federal, lo que vulnera el derecho de las familiares a mantener el contacto con las internas, destaca el documento.
La lejanía de los Cefereso es otra de las situaciones que afecta a los familiares, pues aumenta el gasto destinado para visitar a su preso. Al respecto, 85% de las personas encuestadas que visitan a sus familiares al menos una vez al año indica que, por cada visita, destinan más de mil 500 pesos. Sobre la cantidad de dinero que gasta la persona en cada visita, la ENPOL 2021 señala que el 32.5% invierte entre 101 y 500 pesos; el 23.5%, de 501 a mil pesos; 18.9%, de mil 001 a 5 mil pesos; 8.6%, más de 5 mil pesos; sólo 4.1%, gasta menos de 100 pesos.
