Recientemente dio inicio el proceso electoral federal 2023-2024. En poco más de un mes habrán de arrancar los procesos locales, como es el caso de Baja California. Afortunadamente, las únicas precampañas procaces (por no decir: “descaradas”) se están dando entre las dos coaliciones de facto y a nivel presidencial. Por un lado, la oposición compuesta por los tres partidos políticos más antiguos de México: PAN, PRI y PRD; la derecha, centro e izquierda (por lo menos en teoría), unidos como mazacote. Mientras, la alianza oficialista la integran el Partido Verde, PT y Morena.
La realidad es que los procesos alternativos de ambos bandos no fueron fortuitos. Conocedores de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), los correligionarios de las no-candidatas, impulsaron dichos “movimientos” para evitar la violación del artículo 3ro. de dicha norma, el cual define a los actos anticipados de precampaña como: “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.
Asimismo, el artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que, para efectos de fiscalización, “El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a (sic) la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos”; es decir, la autoridad electoral les hizo lo que el viento a Juárez con respecto al uso de recursos públicos destinados a la promoción de las no-candidatas.
Lo cierto es que, con la entrega del nombramiento que acredita a Claudia Sheinbaum Pardo como la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación; y la designación de la (aún) senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como responsable de conducir los trabajos del Frente Amplio por México, se contraviene lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente, y de acuerdo con lo dicho por el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, de continuar como hasta ahora, para el árbitro electoral será muy complicado pasar de la condescendencia a la sanción.
Y es que hay una realidad innegable: los ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme, ya que no se trata únicamente de cumplir con nuestra obligación de “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato”, tal y como lo establece la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de concientizar a nuestros compatriotas de la importancia de informarnos y ejercer nuestro voto con conciencia, no con fanatismo ni animosidad. Además, es preponderante acompañar y exigir a nuestras autoridades electorales, no sólo al INE, sino al Tribunal Electoral, en sus salas superior y regionales.
Consideremos que, como señaló el también académico, nuestra democracia es el resultado de la pluralidad y ha estado bajo un riesgo latente desde 2019 con las constantes intentonas por reformar a modo, así que, sin duda, podemos estar mucho peor. Por ello, los ciudadanos debemos hacer valer nuestro sistema democrático mediante el cabal apego a Derecho. ¿O preferimos que “el fin justifique los medios”?
Nuestra más grande responsabilidad legal y moral, desde la más discreta hasta la más pública de las trincheras, es continuar preparándonos para la elección de 2024, cada vez con más ímpetu y menos pifias.
Post scriptum: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”, Theodore Roosevelt.
Atentamente,
Francisco Ruiz; escritor, catedrático, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
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