Durante la sesión número 35 del Cabildo de Tijuana llevada a cabo este miércoles 11 de octubre se “aprobó” un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la creación de un campo de tiro de residuos de construcción de las obras de la ciudad, sin embargo este punto de acuerdo generó oposición de parte de algunos regidores al considerar que no hay suficiente información sobre las implicaciones y condiciones de dicho convenio.
El punto de acuerdo fue propuesto por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, y establece que:
“Para lograr la legal operación y funcionamiento del proyecto denominado “Almacenamiento, Disposición y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial (Banco de Tiro)”, se pretende convenir la mutua cooperación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y adherirse a su “Plan de Manejo de los Residuos de la Construcción y la Demolición”, para lo que se realizará la afectación al predio identificado como el Lote 009 de la manzana 309, clave catastral SU-309-009 del fraccionamiento Hacienda Las Delicias II en la delegación Cueros de Venado, cuya superficie es de 141,860.71 metros cuadrados.
Para lo anterior la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica deberán llevar a cabo mesas de trabajo con representantes de la CMIC para, a penas, establecer las condiciones y contraprestaciones de cada una de las partes, así como la vigencia del convenio de colaboración, contrato de concesión o el instrumento jurídico que se elija, pues sólo se menciona que este podrá ser hasta por 20 años, algo que molestó a varios ediles quienes mencionaron la falta de información sobre la propuesta para someterla a votación.
Fueron los regidores Edgar Montiel, junto a la fracción del PAN quienes votaron en contra del acuerdo alegando que:
“Son varias las inquietudes de cómo se tienen que llevar a cabo los procesos, antes de llegar a una votación de una concesión a mí me hubiese gustado que el secretario de Desarrollo Urbano hubiera llevado a cabo esas mesas de trabajo con los integrantes para tener nosotros una amplitud de información”, expresó Edgar Montiel.
“No es estar en contra del proyecto, sino que son las formas de cómo se está dando, es algo que se debe madurar en Comisiones para llegar a la Sala de Cabildo y después aprobarlo. No es el tiempo necesario para autorizar una concesión”, señaló el edil Enrique Anaya.
Por su parte Georgina Arana mencionó “lamentó profundamente en esta ocasión no poder apoyar este proyecto tan importante para la ciudad debido a que en este documento lo único que se está acordando para que se autorice aquí es un convenio de colaboración, un contrato de concesión o cualquier otro instrumento jurídico; no podemos estar dando un cheque en blanco con proyectos que sí son buenos. No podemos aprobar ahorita sin conocer las condiciones, contraprestaciones y beneficios totales para el Ayuntamiento”.
Sin embargo, aunque el punto de acuerdo únicamente obtuvo 10 votos a favor este fue “aprobado”, con todo y a pesar de que el artículo 67 del Reglamento Interno del Cabildo señala que se debe contar con la mayoría calificada, es decir 12 votos.
Lo anterior debido a que la misma alcaldesa argumentó “nos remitimos al artículo séptimo del Órgano Ejecutivo del Ayuntamiento… que no es otra cosa que cuando exista una duda la interpretación queda en manos de su servidora, entonces mi interpretación es que se aprobó”, zanjó.
“Aquí no hay lugar para la interpretación, están disponiendo de bienes públicos y el contrato o concesión trasciende la duración de la administración, por lo que requieren las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo”, refutó la regidora Sandra Betzaida.
