La madrugada del 18 de octubre, miembros de la delincuencia colocaron 10 narcomensajes en diferentes puntos del estado, sitios emblemáticos y que se encuentran a la vista de todos. Cada manta fue colocada sin que una sola fuerza de seguridad interviniera.
Quienes se hicieron llamar miembros de “La Plaza”, lanzaron un mensaje en contra de quienes comercialicen, distribuyan y fabriquen el fentanilo. Amenazaron con atacar con fuerza a quien viole el acuerdo. En las mantas se leyó lo siguiente:
“Hace 5 años nos unimos al CDS facción chapitos para una tregua y al día de hoy ahí están los resultados y ahora con esta epidemia nos volvemos a sumar para erradicar el FENTANILO y a sus precursores no habrá atenciones para nadie sea quien sea. ATTE: LA PLAZA”. [sic]
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aperturó un número igual de carpetas de investigación; a decir de las fuerzas de inteligencia, las cámaras de seguridad captaron en todo momento a los elementos, desde que bajaron de sus unidades para colocar los narcomensajes.
Dijeron que se llevaron sorpresas y que se está recabando toda la información necesaria para castigar a los responsables de las amenazas.
“Se aperturaron no sólo una carpeta, sino que se aperturaron 10 carpetas de investigación, porque fueron 10 lugares y 10 hechos. Se aperturan por amenazas o lo que resulte. Por supuesto que traemos líneas de investigación ya específicas, pero tienen que seguirse desarrollando para no caer en ninguna imprecisión o subjetividad. Estamos trabajando de acuerdo con lo que se está llegando a las propias carpetas donde se han venido realizando los actos periciales y todo lo que concierne a la investigación”, indicó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia en el Estado.
Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, confirmó que las narcomantas estarían ligadas a miembros de la delincuencia organizada, pero que aún era incierto el grupo que las había colocado.
Presuntamente en la última narco-guerra librada en tierras sudcalifornianas hubo participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGJN), los informes más recientes refieren que la presencia criminal estaría relacionada al Cártel de Sinaloa con los Chapitos y los Mayos, información que el Gobierno Estatal desconoce.
“Estamos investigando de parte de quién, porque no sabemos cuál es el origen; pero pues mientras todos sumemos, no queremos que la maña también se solace también con un tema tan grave como lo es el fentanilo. Lo estamos combatiendo en todo el país, aquí no tenemos antecedentes, salvo el médico que fue judicializado que se le encontró fentanilo en su casa. Lo más importante es que estamos haciendo la investigación”, apuntó Víctor Castro.
Ante los hallazgos y que amenazan a quienes participen en la distribución del fentanilo, la PGJE dio a conocer que se aperturaron las capetas de investigación por el delito de amenazas y lo que resulte. Pero el gobernador reiteró que se encuentran en “alerta roja” y amenazados por un grupo criminal que estaría tomando el control en la entidad.
“Vamos a analizar en la mesa de seguridad ya con mayor información, pero claro que todos estos hechos, como estábamos tan tranquilos, que de pronto aparece eso es una señal que a mí particularmente me ponen alerta roja. No sé a qué nivel, si fue nacional el asunto, pero miren, aunque haya sido local, aunque haya sido sólo en un municipio, nos debemos de preocupar porque firma la Plaza”, concluyó Castro Cosío.
LOS MENSAJES DEL NOROESTE
El Cártel de Sinaloa marcó terreno, presuntamente, colocando narcomantas en estados en donde tiene intervención, pero que también son los más contaminados por el flujo de fentanilo históricamente. Colgó mantas en cuatro estados: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
El pasado 2 de octubre, Sinaloa fue el primer estado. Se localizaron narcomantas en establecimientos comerciales, bardas, puentes, así como otra clase de medios físicos; los municipios donde aparecieron son Ahome, Salvador Alvarado, Angostura, Culiacán, El Rosario y Mazatlán.
Tres días después, un segundo caso fue documentado en Sonora. El 5 de octubre, las mantas aparecieron en un puente de la Carretera Internacional México 15 o Carretera México-Nogales; otra más en la calle Obregón y avenida “N” del centro de Caborca, también en la frontera de Sonoyta, muy cerca del muro divisor entre México y Estado Unidos.
El 13 de octubre, el estado vecino en Baja California también fue escenario de narcomensajes. El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó que fueron localizadas 14 narcomantas, en los municipios de San Quintín, Mexicali y otro tanto en Tijuana, casualmente terrenos donde el Cártel de Sinaloa lleva una guerra encarnizada en contra de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El último estado en que se registraron los narcomensajes fue Baja California Sur. La madrugada del 18 de octubre fueron colocadas lonas blancas con letras negras con rojo, cuatro en La Paz, dos en Los Cabos y una en Comondú (particularmente en el municipio de La Paz, cada sitio como puentes y el kiosco del Malecón tienen cámaras de vigilancia). El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Alfredo Cancino Vicente confirmó que fueron un total de 10 narcomensajes, considerando también Santa Rosalía en Mulegé y Loreto.
“Se localizaron 10 mantas en total en los cinco municipios; fueron cuatro aquí en La Paz, dos en Los Cabos, dos en Mulegé, una en Loreto y otra más en Comondú. Ya se ordenó que se haga presencia en los mayores puntos de afluencia de personas y se está trabajando el tema. Si están activas todas las cámaras del C4 y la información que se recabe será compartida con procuración de justicia para llegar a buen fin dentro de la investigación”.
De acuerdo al último informe presentado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) en Estados Unidos, que data de finales del 2021, con información recabada a través de investigaciones de código abierto y entrevistas con periodistas y analistas en México y que viven de cerca la violencia, colocan al CJNG al frente de las operaciones en Baja California Sur.
Sin embargo, a decir de las fuerzas de inteligencia local, los grupos locales operan con quien brinde mayor seguridad al destino y que supuestamente les dé mayor estabilidad sin tanta violencia, aunque implique la entrada de grupos de extorsionadores de otras células en la región.
TEMEN LOS EMPRESARIOS
Cuando Víctor Manuel Castro Cosío dijo que para brindar mayor seguridad a los comerciantes, empresarios y a los mismos ciudadanos que visitan la zona centro de La Paz, esto en referencia a las supuestas quejas por cobro de piso en la zona, lanzó el operativo Bitácora contra estos delitos en agosto de 2022.
El mandatario buscaba un diálogo directo entre los afectados y el personal de seguridad a diario para evitar que esto se diera, pero sin conceder que existiera el cobro de piso y/o extorsiones.
“Esto no significa que se reconozca la presencia del delito porque no hay denuncias”, señaló Castro.
A decir de los propios empresarios de la zona, la situación cambió por semanas, pero los policías dejaron de asistir a la zona dorada de La Paz; descuidaron el cuadro y la situación se puso peor.
Ahora no sólo son los comercios, como bares y restaurantes, pues dijeron que también las tiendas más chicas, donde ya hay imposiciones de venta y que los comerciantes no están dispuestos a seguir soportando.
“Está más que claro: cuando nosotros alzamos la voz de lo que pasó, las autoridades mandaron el operativo bitácora. ¿Cuánto duró el chiste?, bueno proactivamente nada, estamos en las mismas, tenemos miedo; y al contrario, los delincuentes mostraron musculo, y que tienen el control de las propias autoridades. Eso nos da más miedo porque seguimos con la preocupación, de que un día ocurra algo que no sea reversible, como un asesinato dentro de algún local y que le pegue directo al destino; nadie va a querer venir al centro”, denunció uno de los empresarios de la zona centro de La Paz.
Para los afectados, la impunidad reina en esta clase de giros, pues si no atienden las peticiones, el propio Ayuntamiento de La Paz a través de personal de comercio les restringe los horarios y los permisos para operar.
Reconocen que quizá los trabajadores municipales, así como algunos elementos de seguridad son obligados a participar, pero que algo se tiene que hacer porque la situación se podría salir de control en cualquier momento.
“Si tú me preguntas quiénes son los encargados de distribución de drogas, bueno hagámoslo más sencillo: la autoridad es la que regula quién la vende, cómo la vende y donde la vende, eso es lo más preocupante. Nosotros como empresarios hemos dado a conocer el temor por el que pasamos, lo hemos denunciado en reuniones privadas, y aun así, siguen operando, siguen vendiendo droga en los centros de trabajo; y lo que es peor, ahora cada vez son más frecuentes los locales vinculados a la trata de personas. ¿Y esto qué tiene que ver?, pues en todo. Recordemos que la venta de alcohol, droga, en este caso particular de mujeres, hablando de sexo, pues también lo tienen los criminales; el crimen organizado está apoderado de todo esto, y tiene que venir una denuncia anónima al Gobierno Federal para que puedan actuar”, expresaron a ZETA algunos de los afectados de la zona centro de La Paz.
El pasado 23 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon una barbería de la zona centro de Cabo San Lucas, en la cual además del servicio de corte de cabello y barba, ofrecía servicios sexuales, mujeres que supuestamente eran a obligadas para cubrir una cuota para pagar a sus captores. Durante el operativo se aseguraron dos camas de masajes, preservativos y otros objetos relacionados.
En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han aperturado 38 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en Baja California Sur, de las cuales 17 siguen activas bajo investigación; el resto o fueron descartadas o no se ejerció acción penal.
En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 600 sudcalifornianos entrevistados para conocer la percepción de inseguridad, 50 dijeron haber sido víctimas, testigos o conocer a alguien que padece o padeció del cobro de piso.
“No podemos vivir en un estado en el que los propios agentes de seguridad pública son quienes se informan con narcomenudistas para detener a otros criminales, como el robo, a los rateros u otros delitos. ¿A qué me refiero?, a que utilizan a los narcomenudistas, a los encargados de los picaderos, los usan como medios de información para detener a otros criminales; entonces es por ello, que el delito de narcomenudeo se ha ido a la alza, porque de alguna u otra manera, quienes prometieron protegernos, cuidan también a los delincuentes”, señaló el restaurantero.
