En sólo dos años de administración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha recurrido a diez préstamos a corto plazo a la banca privada, bajo el argumento de que no se cuenta con la liquidez financiera para cubrir los compromisos inmediatos de la administración. Es decir, no tienen dinero a la mano para cubrir las necesidades de funcionamiento y operaciones del Estado, por lo que recurren a compromisos bancarios inmediatos.
Esto representa que, en sólo un par de años, la deuda derivada de préstamos “cortos” alcance los 2 mil 200 millones 568 mil pesos al cierre de octubre de 2023, mismos que deben pagarse en un periodo menor a 12 meses.
En total son diez préstamos concertados con las empresas HSBC, Banorte, Santander y BBVA. Esta cifra es paralela a la deuda total del Poder Ejecutivo que, según Enrique Rovirosa, ex presidente del Colegio de Economistas, ronda los 22 mil millones de pesos, y de agregar todos los entes públicos, según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Sandoval López, en su último análisis se hablaba de 37 mil millones de pesos.
Sin embargo, la mayoría de esta deuda fue heredada a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien es responsable de los 3 mil millones de pesos derivados del Bono Verde y el de Género, y los 2 mil 200 de los préstamos a corto plazo. Es decir, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, es responsable de 5 mil millones de pesos.
El secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, reconoció que se ha recurrido a los préstamos cortos como una medida de cubrir necesidades inmediatas ante la falta de liquidez, pero aseguró que se han conseguido las mejores tasas del mercado, además de que no se ha pagado comisión por ninguno de ellos, lo que es un logro para la administración.
Sin embargo, existe la posibilidad de que, si no se cuenta con el recurso suficiente para el pago de aguinaldos y otros compromisos de fin de año, tenga que pedirse un nuevo préstamo, ya que diciembre representa un egreso de aproximadamente mil millones de pesos más que en el resto de los meses. Es decir, de 6 mil millones de erogación mensual, en diciembre superaría los 7 mil millones a causa de estos pagos.
Los tres representantes de diversos sectores refirieron que las condiciones de los préstamos son las mejores a como se encuentran los niveles en las tasas de interés, pero también fueron claros al referir que el Poder Ejecutivo gasta más de lo que ingresa, debido -principalmente- a los grandes compromisos generados por esquemas de pensiones y jubilaciones. Dos de ellos también le atribuyen el problema financiero a la obesa nómina y a la falta de un plan para mejorar la reducción del gasto operativo en nómina y otros gastos.
LOS PRÉSTAMOS
Además del Bono Verde y el Bono de Género, que tienen como objetivo incrementar la infraestructura en el Estado mediante proyectos hídricos y la construcción de inmuebles relacionados con los Centros de Justicia para la Mujer, Marina del Pilar Ávila Olmeda ha requerido préstamos inmediatos para cubrir las necesidades de su gasto corriente.
Para comprender, los préstamos cortos son compromisos obtenidos por el Poder Ejecutivo que deben cubrirse en un periodo de un año y pagarse seis meses antes de culminar la administración. Estos préstamos no requieren autorización del Poder Legislativo, por lo que son de libre adquisición por parte del Estado.
Según Marco Moreno Mexía, la deuda a corto plazo -que inició en 0 pesos- hoy alcanza los 2 mil 200 millones, mediante diez contratos con cuatro bancos de alto renombre. Si bien, es una deuda manejable debido a que el Poder Ejecutivo tiene como tope el 6 por ciento de su presupuesto anual para este tipo de empréstitos, no se ha llegado ni a la mitad del gobierno y ya se alcanzó la mitad del tope de la deuda.
“Tenemos derecho a mantener 4 mil 300 millones de pesos, y ciertamente, al inicio de esta administración tuvimos que tomar el monto total de acceso a líneas de crédito para atender los compromisos urgentes y hemos venido tomando financiamientos; quisiéramos nosotros dejar de utilizar para financiar mecanismos de corto plazo”, refirió el secretario de Hacienda, quien antes de ocupar el cargo público, fue contratado por los últimos gobiernos morenistas para apoyarlos en los financiamientos de deuda.
Los préstamos iniciaron durante el arranque de la administración y tuvieron como objetivo cubrir los compromisos de fin de 2021, los cuales la gobernadora anunció como una medida para responder a la grave situación financiera que dejó la administración de su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, para lo cual requirieron -según declaró ante medios de comunicación en noviembre de 2021- 2 mil millones de pesos.
Mediante esquemas de financiamiento y pagos mensuales de los compromisos, se logró controlar la deuda durante 2022. Sin embargo, a partir del 20 de octubre del año pasado, el Estado comenzó a solicitar una serie de préstamos, comenzando con el requerido a Banorte por mil millones de pesos en dos contratos diferentes.
Posteriormente, se requirió otro contrato con Banorte el 23 de noviembre por 250 millones de pesos. A este le siguió otro de 600 millones de pesos, un día después del compromiso con Banorte, es decir, el 24 de noviembre del mismo año.
El mismo día se autorizó otro préstamo por 440 millones de pesos para BBVA y una semana después con Santander, por un total de 700 millones de pesos, no conforme con ello, el 6 de diciembre se realizaron otros dos compromisos de 250 millones y otro de mil millones con Banorte.
De julio a octubre de 2023, el Estado contrajo deudas con las bancas Santander, BBVA, HSBC y Banorte por montos de 500 millones, 380 millones, 500 millones y 620 millones de pesos.
Evidentemente, el dinero de unos sirvió para cubrir los pendientes de otros, además, cada año se terminan por pagar algunos de los compromisos.
Según el propio análisis de la Secretaría de Hacienda, a la fecha se cuenta con datos que confirman la vigencia de diez préstamos a corto plazo con un monto de poco más de 2 mil 200 millones de pesos, con la posibilidad de que a fin de año se puedan requerir nuevos compromisos financieros.
Para empeorar el escenario, las tasas de interés en 2023 se encuentran por encima del 11.7 por ciento, lo que evidentemente se refleja en el pago de las mismas.
Moreno Mexía refirió que pese a ello han logrado negociar mejores beneficios en las condiciones crediticias a corto plazo, pues no se pagan comisiones por contratación, ni a ningún asesor externo, y -aseguró- se han tenido intereses mucho menores a los de la pasada administración.
“En el caso de Bonilla, las líneas de corto plazo -típicamente- las contrataban a un consultor para hacer el proceso de licitación, dos contrataban a comisiones del 3 por ciento de disposición y contrataban tasas del TIIE más 400 o 500 puntos. Nosotros tenemos una tasa ponderada de los 50 puntos básicos, sin ninguna comisión con la disposición a corto plazo”, refirió el secretario de Hacienda.
Agregó que la situación sería aún más complicada de no ser porque se logró una restructuración de la deuda de largo plazo que ronda los 16 mil millones de pesos, justo antes de que iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania.
En ese momento se logró fijar un acuerdo en torno a la deuda con un interés del 7%, cuando a raíz del conflicto bélico se superó el 11%.
Este movimiento generó que se obtuviera una liquidez mensual de 50 o 60 millones de pesos, mismo que es utilizado para cubrir en su mayoría compromisos a corto plazo.
“Hay dos factores estructurales que provocan requerimientos de flujo, es el gasto en educación, tenemos en términos comparativos con otras entidades, el mayor nivel de gasto en el país; el otro es el efecto del sistema de pensiones, las dos principales estructurales de las finanzas públicas estatales, un gasto en educación sustancialmente por encima de la media nacional y un sistema agotado por condiciones que tendrán que cambiarse, o será muy difícil mantener esas circunstancias en eso”.
De acuerdo con el funcionario, para 2024 no habrá nuevos compromisos de deuda pública y tratarán de contener los préstamos a corto plazo, pero de existir un retraso en el arribo de participaciones federales, no habrá otra opción para cubrir las necesidades de fin de año.
DEUDA DE BC HA CRECIDO CASI 100% EN 10 AÑOS
Si bien, reconoce que la deuda a corto plazo es manejable como se encuentra en estos momentos, Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex, consideró que es importante poner énfasis en lo mucho que ha crecido la deuda del Estado en los últimos 10 años.
Y es que, acumulando todas las deudas de los entes públicos del Estado, la responsabilidad de pago de los bajacalifornianos subió de 20 a más de 37 mil millones de pesos en sólo 10 años, según un análisis financiero que realizó el representante empresarial.
Reconoció que Marco Moreno Mexía ha obtenido las mejores condiciones posibles en torno a los préstamos de corto plazo, pero el problema de fondo es la necesidad del Poder Ejecutivo de pedir rescates financieros de este tipo para solventar gasto corriente.
A su juicio, el Estado tiene ingresos deficitarios desde hace cinco años a causa de malos manejos financieros, por lo que el actual gobierno “pagó los platos rotos” de administraciones desastrosas que -según dijo- cargan con un déficit de 12 mil millones de pesos, mismo que se agravará para 2024, debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación marca una reducción para BC de aproximadamente 1%, cuando los gastos -al menos inflacionarios- aumentarán un 5 o 6%, aunado al incremento salarial a los trabajadores.
“La deuda que sí se vale hacer, que está alineada a Redspira, lo que no se vale la otra deuda es que se use para gasto corriente del sistema de pensiones de Issstecali de 7 mil millones de pesos anuales; estamos tapando los huecos presupuestarios, se va a hacer más agudo en 2024 porque tiene planteado no darle más dinero a Estados y municipios”, indicó el presidente de Coparmex, quien agregó que con la tasa de interés como se encuentra en este momento, el Estado habría pagado alrededor de 300 millones de pesos sólo en intereses de las deudas a corto plazo.
Al igual que Sandoval López, Marco Moreno Mexía reconoció que una de las grandes soluciones para el boquete financiero sería una reforma al esquema de pensiones de Issstecali, aunque eso debe analizarse entre las fuerzas políticas involucradas en el tema.
En tanto eso no se resuelve, se buscarán otros esquemas y uno de ellos es muy claro para Moreno Mexía: la mayor recaudación del Impuesto sobre la Nómina.
El funcionario estatal indicó que con el Bono Verde y de Género, se tiene como objetivo mejorar la infraestructura del Estado, y con ello generar mayor inversión directa por parte de sectores empresariales, por ello se impulsan los programas como Redspira, pero también los trabajos de infraestructura hidráulica que pretenden acabar con el desabasto de agua, principalmente en Zona Costa.
De haber más empresas e inversión, existirían posibilidades para recaudar un mayor recurso de este impuesto de libre disposición. Sin embargo, para Octavio Sandoval López, podría ser una buena idea, aunque algo limitada para el problema que representa la carga de pensiones del Estado.
A lo mucho, consideró se podrían recaudar 4 mil millones de pesos que, si bien ayudarían, no resolverían el problema de fondo.
Por su parte, Enrique Rovirosa, ex presidente del Colegio de Economistas, comentó que al 31 de octubre de 2021 la deuda del Poder Ejecutivo era de 14 mil 450 millones de pesos y ahora de 16 mil 623 millones, una diferencia de mil 650 millones de pesos. En su análisis refiere que el incremento de la deuda directa es de 11.4% sólo en la actual administración.
“No es el camino endeudarnos, sino comprimir el gasto corriente y ampliar la base de ingresos sobre la base de compromisos específicos porque ahí hay otra crítica, sí se hace obra, pero cuestionable, como el Viaducto Elevado de Tijuana, que había otras opciones y más bien hasta parece que se hizo para dejar una magna obra que a lo mejor no era necesario”, opinó el economista.
“Obviamente no les alcanza, los gobiernos trabajan con un déficit que deben financiar con deuda, igual que el Gobierno Federal y los congresos lo autorizan. ¿En qué se usa ese dinero? La idea es que en inversión pública, pero el principio de la deuda pública debería incrementarse sólo para financiar obra pública porque así lo marca la Ley, no debe buscarse financiamiento para buscar gasto corriente”, advirtió el ex funcionario.
Para finalizar, dijo que Baja California tiene un severo rezago en materia de infraestructura que le está costando en materia de atracción de inversión, y ante la nueva oportunidad del nearshoring, el Estado debe acelerar el paso para atraer ese tipo de inversiones que son una alternativa muy atractiva. Etiquetas: Marco Antonio Moreno Mexía, Préstamos, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ISSSTECALI, deuda, Baja California, Octavio Sandoval López
