“Un instante aún y habrás olvidado todo; otro instante todavía y todos te habrán olvidado”.
-Marco Aurelio
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Nuestra historia nacional pasada y reciente nos da cuenta de una interminable lista de graves episodios de impunidad, que tiene su origen en un sistema de justicia pleno de corrupción y de una gran complicidad nacional; además de la falta de voluntad gubernamental que garantice sanciones para personas responsables de la comisión de delitos y en otro aspecto, la reparación integral a las víctimas del delito, que generalmente en el drama penal son las personas olvidadas. Estos capítulos de la historia que hablan de casos verdaderamente dramáticos de impunidad no sólo son del pasado, sino del presente más reciente, esto es, de nuestros días.
Son muchas las muestras y hechos de impunidad que podrían señalarse, además de los que diariamente se suman por las voces desconocidas de los ciudadanos, y tomaremos dos muestras para ello.
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Una de ellas se refiere al homicidio atroz de muchos estudiantes universitarios ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la Ciudad de México; la muerte de niños y niñas en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; la desaparición forzada de muchísimas personas durante la guerra sucia a lo largo de la geografía de nuestro país; el homicidio de una gran cantidad de mujeres por motivo de género en Ciudad Juárez Chihuahua; la desaparición en Guerrero de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; y finalmente -y hasta el momento de escribir las presente líneas- la muerte de más de 165 mil 590 personas en todo el país como consecuencia de la política de “abrazos y no balazos”, más las muertes que se sigan sumando hasta que finalice -y ojalá sea pronto- el presente sexenio, ya convertido en el de mayor muertes en las últimas administraciones federales.
¿Por qué han sucedido estos lamentables acontecimientos? La respuesta está en que prevalece la impunidad en el combate a los delitos. En cada uno de los amargos y lamentables ejemplos que hemos señalado, el Estado Mexicano, ya sea a través de las fiscalías federales o de las fiscalías estatales, viola de manera reiterada los derechos a la verdad, a la justicia y al pago de la reparación del daño que merecen todas las víctimas del delito.
Existen algunos Estados de la República en donde la autoridad ha pasado desapercibida, se esconde, no se sabe nada de la policía, de los fiscales, de los peritos. Esta situación es sumamente desafortunada ya que pone de manifiesto la imposibilidad, primero, de falta de voluntad del Estado en una decidida postura por aclarar los delitos que se cometen y se reafirma en cada momento el fracaso del antiguo sistema de justicia penal llamado mixto y del sistema acusatorio que empezó a operar en toda la República a partir del año 2016, pero que ahora revela un verdadero fracaso en la operatividad del sistema, ya que los jueces de control se han convertido en los socios de la abulia de las fiscalías: todos les complacen, todo le permiten; cambian los horarios y las fechas de las audiencias cuando quieren, sabedores que en los jueces de control de garantías encontraran un indiscutible respaldo a su falta de responsabilidad. Hay juicios que ahora duran más de ocho años y no se sabe cuándo van a concluir.
En suma, hay una gran inoperancia del sistema penal, un lamentable descuido desde hace ya varios años para proteger íntegramente a las víctimas del delito, llegándose a la conclusión que degrada la dignidad de los ciudadanos decentes en el país en el sentido de que la estadísticas dice que el 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México no se investigan adecuadamente… y nunca serán sancionados.
El lector debe saber que en nuestro país, por cada 100 delitos que se cometen, sólo un 6.4 por ciento se denuncian; pero vea usted estas lamentables cifras: de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 serán resueltos.
En parte esto representa el mayor estímulo para el delincuente, ya que las probabilidades de que un delito que se ha cometido sea resuelto en nuestro país es tan sólo de 0.9 por ciento y por esta razón hay una gran desconfianza hacia las fiscalías federales y estatales que están involucradas en una gran parte en estas cifras de impunidad y de injusticia. Si usted, por ejemplo, es abogado y ocurre a la Unidad Investigadora de Delitos Patrimoniales en esta ciudad de Tijuana, nunca será atendido por el fiscal, incluso ni por su asistente: llega usted a la barandilla y mediante WhatsApp le informan al encargado de la oficina que usted desea ver una carpeta o que quizá tiene la grave osadía de querer hablar con el fiscal; el encargado de barandilla le dirá que eso es imposible porque él está ocupado y seguramente no sabe, o lo ignora, o no le importa que el abogado también está ocupado porque anda revisando los asuntos que le han encomendado sus clientes. Si eso nos pasa a los abogados, qué no le sucede al ciudadano común, como usted.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
