Si eligen (los tijuanenses) a Catalino como presidente tienen que ser muy pendejos”, reclama enfurecida la activista Irma Leyva, mientras apunta con la mano hacia enfrente, dejando exhibir abiertamente su molestia por lo que califica tácticas emprendidas por el Poder Ejecutivo en torno a la atención de los casos de desaparición forzada.
A su estilo dicharachero pero frontal, la activista que lleva casi 20 años buscando a su hijo Diego Hernández Leyva, reclama el abandono total de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) en la última brigada de familiares de personas desaparecidas que arribó a Mexicali la madrugada del lunes 2 de octubre, y que de último momento les cancelaron el hospedaje en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali por cuestiones meramente políticas.
Los dejaron en la calle y tuvieron que solventar el hospedaje para 31 personas en un albergue en condiciones deplorables, además de riesgosas, puesto que había personas que contaban con medidas de protección por amenazas, pero nadie se acercó a cuidarlas hasta que hablaron directamente con Pedro Ariel Mendívil, jefe de la corporación municipal, quien -según dicen- no había sido enterado por parte de las autoridades estatales del arribo de la brigada.
Acompañada de Graciela y Martha, dos de las más cercanas compañeras de lucha en el colectivo Madres Unidas y Fuertes, Irma Leyva reclama que las autoridades no buscan a las personas desaparecidas, pero tampoco brindan el apoyo para que familiares puedan hacer el trabajo de campo.
Según la organización Elementa, que desde hace algunos años ha brindado los datos más cercanos a la realidad de la crisis de desapariciones en Baja California, dio a conocer su última actualización de casos, registrando -de 2006 al cierre de 2022- un total de 17 mil 306 carpetas de investigación inconclusas de personas desaparecidas.
Los datos surgen de las carpetas de investigación oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante peticiones de acceso a la información y reflejan una realidad que se vive en la entidad, donde además de las 274 fosas clandestinas localizadas en Baja California -en el mismo periodo-, sólo una ha sido localizada por trabajos de la autoridad; el resto fue hallado por colectivos o la propia ciudadanía de manera fortuita.
“Detectamos que el incremento que hemos estado viendo en las fosas clandestinas, es mucho mayor en los años anteriores, pero eso se debe a que hay más colectivos, búsqueda activa por parte del Estado como de los propios agentes”, refirió Renata Demichelis, quien asegura que la CLBP es la única que informó un hallazgo realizado por su cuenta.
“Y esa fosa, de seguro la hallaron porque nosotros les dijimos el lugar”, sentenció la activista que acusa a la subsecretaria Rebeca Vega y a Catalino Zavala, de ponerles zancadillas para que no se puedan llevar a cabo las búsquedas no organizadas por ellos.
17 MIL CARPETAS; AUMENTAN EN MUJERES JÓVENES
Entrevistada por ZETA, Renata Demichelis, representante de la organización Elementa, habló de las últimas actualizaciones realizadas por parte del organismo de la sociedad civil para estudiar el trabajo de las autoridades en la localización de personas desaparecidas en la entidad y llegó a una conclusión simple, sencilla: el gobierno no busca a las personas que nos faltan.
En el estudio se dio a conocer que la FGE cuenta con un registro de 17 mil 306 carpetas de investigación abiertas por desaparición, teniendo un pico en los años 2011 y 2012, para luego descender de forma sustancial. Sin embargo, se da un nuevo incremento a partir de 2018 y se ha mantenido hasta la fecha, incrementando de 39 personas por cada 100 mil habitantes, a 79, refiriendo además que sólo el año pasado se incrementó la cifra en un total de 2 mil 720 personas, es decir, 20 desapariciones al día en Baja California.
Una de las justificaciones que ofrece la autoridad en estos casos, es que la gran mayoría de estas personas vuelven con sus familiares y no informan al Ministerio Público o al agente encargado del caso. “Como todo proceso que iniciamos, deberíamos poder cerrarlo desde la ciudadanía, pero realmente es obligación de la autoridad, (esa justificación) es una prueba clara de que no están buscando, si dieran seguimiento a las carpetas abiertas, le llamaría a la familia, seguiría la investigación y esas carpetas tendrían reportes. Ahorita la diferencia entre reporte y denuncia, una vez más, las instituciones trasladan sus obligaciones a la ciudadanía”, expuso Demichelis.
Agregó que el registro que la FGE brinda a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) para alimentar la base de datos, son erróneos o no están actualizados, toda vez que oscilan entre los mil 800 y 2 mil 500, cuando sus propios datos oficiales arrojan más de 17 mil.
Los nuevos datos indican que en las fosas clandestinas referidas se han localizado 277 cadáveres y mil 200 restos, además de la cifra estimada de 11 mil cuerpos sin identificar.
César Raúl González Vaca, titular del (Servicio Médico Forense), refiere que sólo de 2010 a la fecha contabilizan más de 13 mil cadáveres en fosa común, mismos que cuentan con un perfil con fotos, odontología y huellas, pero no extracción de ADN, pues no se contaba con la tecnología para hacerlo.
Uno de los puntos más alarmantes para Elementa, es el incremento de los reportes de desaparición de jóvenes entre 12 y 18 años, es decir, niñas y adolescentes. El dato previo refería que alrededor del 28 por ciento de los reportes de desaparición eran mujeres, mientras que el 32% correspondía a hombres; el resto no contaba con información relacionada al sexo -otra de las deficiencias en las bases de datos de FGE y CLBP-.
En la última actualización, se pudo inferir que el 33% de las desapariciones fue de mujeres, mientras que el 24% corresponde a hombres en el último año.
“En números absolutos es mayor la cantidad de hombres, han desaparecido 5 676 hombres y 4 mil 110 y sin identificar 7 mil 520, pero la tendencia de mujeres va en aumento.
“Hay muchísimos registros de edad que no se tienen, pero ahí también, en mujeres el rango más alto de desaparición el rango es de 12 y 18 años; y en hombres, de 26 a 35 años.
Cuando ves esas cantidades, mujeres, entre 12 y 18, son mil 864 mujeres; esa es una tasa del 52.6 por ciento. Y los hombres que más desaparecen de 26 a 35, son mil 283 carpetas abiertas, es una tasa del 26.9 por ciento”, sentencia Renata Demichelis.
Agregó que existe una visión positiva de lo que planteó la fiscal estatal, María Elena Andrade Ramírez, sobre la creación de una Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada, debido a que es una deuda que el Estado tiene con la legislación que se planteó desde 2017, donde se busca hacer un trabajo más específico a esta gran problemática. Otro avance, asegura, es el inicio de la construcción de los panteones forenses en la entidad, de los cuales, según el director del Semefo, César Raúl González Vaca, el 18 de octubre podrían iniciar los trabajos de construcción en Tijuana.
Según el registro, en Mexicali eran 150 o 200 cuerpos; hasta el año pasado fueron 322 cuerpos, la cifra más alta de 2010, y hasta 2017, en Tijuana se manejó hasta 500 cuerpos por año, para pasar a 920 y ya no se ha bajado de los mil. En agosto es de 725.
NINGÚN ESTADO TIENE EL PROBLEMA COMO NOSOTROS: SEMEFO
El titular del Servicio Médico Forense consideró que, si bien la crisis de los desaparecidos es un tema nacional, Baja California tiene una situación aún más compleja en torno al manejo de cuerpos.
En septiembre pasado dio inicio la construcción del centro de resguardo forense en Mexicali, y en las próximas semanas se hará lo propio en Tijuana, lo que vendrá a poner cierto orden y un trato digno a los cadáveres sin identificar.
Sin embargo, existe un gran problema histórico que se ha dado a causa del poco control que se tuvo por parte de las autoridades en general en otros tiempos.
Actualmente cuentan en el registro con 13 mil cadáveres en fosa común en toda la entidad, y cada año se envían en Tijuana más de mil restos, mientras que Mexicali ronda los 2 mil 500 y Ensenada los 150.
“(En Baja California) Sabemos quiénes están, cuándo llegó, a quién corresponde, pero a nivel nacional muchos cuerpos de desaparecidos están en fosas comunes que no se les hizo la definición. ¿Cuántas veces por cuestiones de porque no vas y preguntas en este domicilio?”, cuestionó César Raúl González Vaca de forma retórica, para responder: “No, es un cadáver más que a nadie le importó. Este cadáver tiene hijos y hermanos, y aquí hay un tema de migración de muchas personas que no saben ni de dónde vienen”.
Como un esfuerzo aislado -incluso fuera de la Ley-, el Semefo hace circular en redes sociales y medios de comunicación las credenciales de personas que llegan a las instalaciones, con el objetivo de que la información circule y se logre dar con algún familiar, afirmando que en el 100% de los casos se tiene éxito y se entrega el cuerpo a sus familiares.
Sin embargo, los cuerpos no siempre llegan con alguna credencial, debido a que no contaban con ella; o bien, la FGE se las queda para que formen parte de la investigación.
Respecto a la posibilidad de cruzar datos de las carpetas de investigación de personas desaparecidas y los restos en fosa común, González Vaca, considero que sería un esfuerzo interesante. Sin embargo, recordó que la problemática del manejo de cuerpos es particularmente grande en Baja California.
Como ejemplo citó que en Coahuila, los cadáveres de fosa común pudieron ser enviados a los nuevos panteones forenses porque tenían entre 30 y 40 restos, mientras que en BC se cuenta con 13 mil, por lo que si bien es algo necesario, refirió que lo primero es poner en orden la problemática inmediata.
Agregó que uno de los grandes problemas radica en la FGE debido a que el área de Servicios Periciales se encuentra sumamente saturada en la extracción de perfiles genéticos, pues pueden llegar a tener lista de espera de hasta mil cuerpos y no siempre se logra extraer el perfil genético en la primera muestra, por lo que pueden pasar meses con un cuerpo retenido en el mismo Semefo.
GOBIERNO QUEDA MAL CON LAS VÍCTIMAS: IRMA LEYVA
La activista Irma Leyva reclamó que en la brigada realizada los días 2 y 3 de octubre, la Secretaría General de Gobierno les quitó el CEART Mexicali como un sitio para descansar durante la noche.
Desde un mes atrás, Madres Unidas y Fuertes solicitó el apoyo de la Secretaría General de Gobierno para que el CEART fuera utilizado por dos días para tener un sitio digno donde descansar, pero alrededor de las 15:30 horas del domingo, les informaron que no les prestarían el inmueble.
La situación generó gran molestia, debido a que pocas horas después se daría el arribo de las 31 personas que conformaban la brigada. De forma desesperada buscaron un lugar y encontraron un albergue de la colonia Pueblo Nuevo, llamado El Hijo Pródigo, utilizado principalmente para atender a personas migrantes, pero -según reclamaron- no era un espacio digno ni seguro para personas que buscan a sus familiares e incluso están bajo la protección de mecanismos de seguridad.
“Estuvo muy difícil, estuvo muy frío, heme aquí con mi tos, pero los animalitos (ratas) andaban ahí con nosotros, ya más noche la pobre gente que llegó ahí a dormir. No es justo que la gobernadora ‘no estaba enterada’, yo sí le digo que, sí tú no sabes lo que sucede al Estado, como gobernadora dejas mucho que desear. La señora se va muy mona a Japón, a Nueva York, a las Europas, ¿para eso va a ser una gobernadora, para qué chingados queremos gobernadora?
Acusó directamente a Rebeca Vega y a Catalino Zavala de dejarlos en el desamparo y afectar a víctimas de otras entidades que vienen a buscar a sus desaparecidos en zonas agrestes, haciendo el trabajo que la autoridad no realiza, y reclamaron que cuando la brigada se encontraba en Tijuana, los representantes de la CLBP no les permitieron ingresar al baño de las oficinas ni les proporcionaron ambulancia en caso de una emergencia en la búsqueda.
“Cuando hay una brigada que viene al Estado, el Estado debe responder, no quedamos mal nosotros como colectivos, ni como víctimas; es el gobierno el que está quedando mal”, recriminó Irma Leyva para, por último, reconocer que la FGE y la Policía Municipal atendieron el llamado cuando se les pidió, pero era una atención que la propia Secretaría General de Gobierno debió prever cuando se le notificó por medio de oficio.
