Tras la privación ilegal de la libertad de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán el pasado 23 de septiembre por presuntas amenazas del crimen organizado, los homicidios de 19 presidentes municipales, así como por lo menos 12 síndicos y 37 regidores asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, son evidencia de que ser funcionario municipal, e incluso ex servidor público a esos niveles, se convierte en una actividad laboral y política de alto riesgo en México.
Así lo reconoce Herminio Corral Estrada, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), quien desataca que lo que sucedió con la presidenta municipal de Cotija es una muestra de las condiciones que ediles del país enfrentan luego que el Gobierno Federal cancelara el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), que apoyaba a los ayuntamientos para reforzar sus cuerpos de policía, capacitar elementos y adquirir equipos para enfrentar medianamente los asuntos de prevención y criminalidad en sus municipios.
Corral lamentó que se batan récords de funcionarios y candidatos a puestos de elección asesinados o secuestrados antes o después de periodos electorales y que existan muchos otros casos que no trascienden, y que “no han denunciado por temor o por represalias a su familia, pero hay muchos alcaldes que son amenazados, inclusive, que no lo comentan en lo público porque tienen miedo verdaderamente; hay otros que dejan las alcaldías porque dicen ‘A ver, yo traía una intención y un propósito muy diferente, y no quiero, por un lado, ser cooptado o ser amenazado, o vivir con el temor, en el mejor de los casos ser privado de mi libertad, o en el peor de los casos, asesinado’”.
En entrevista con la cadena radial Notisistema, el ex diputado reveló que existen muchos territorios perdidos ante el crimen organizado y el tipo de eventos delictivos, y la falta de acción de las autoridades que permite su operación lo demuestra. Entre las entidades donde algunos presidentes municipales asociados han manifestado temor al poder de la delincuencia, se encuentra Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Estado de México y desde luego Jalisco, donde “los alcaldes verdaderamente se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad y con muchas más ganas que recursos, enfrentando y haciendo la parte que les corresponde”, expuso.
“Hay un avance tremendo del crimen apoderándose de todos los territorios y todo el país, haciendo tareas, en muchos de los casos, que superan lo que pudiéramos imaginar, cobrando piso en muchos casos. Algún alcalde, de alguna región, que omito su nombre, me decía: ‘Oye, ya hasta por cobro de obras o por las obras que hace la autoridad municipal pretenden cobrar un porcentaje para dejar que con tranquilidad se realicen las tareas’, y esto es verdaderamente delicado”, puntualizó el secretario de ANAC, que agrupa a 317 alcaldes del país.
Además de los alcaldes y quienes ejercen una función directiva en los gobiernos municipales, entre los funcionarios asesinados figuran fiscales, comisarios de policía, presidentes y ex presidentes de partidos políticos, instructores policiales, ex alcaldes y ahora hasta encuestadores, como dos del partido Morena privados de la vida en Chiapas y otro que está desaparecido, en hechos que acontecieron el 2 de octubre.
ALCALDESA DE COTIJA
El caso que recordó a los funcionarios municipales su vulnerabilidad fue el ocurrido la tarde del sábado 23 de septiembre, cuando Yolanda Sánchez Figueroa fue privada de la libertad por hombres armados en el municipio de Zapopan, Jalisco. Acudió de compras al exclusivo centro comercial Plaza Andares acompañada de otras dos mujeres; sin embargo, cuando regresaba al hotel donde se hallaban hospedadas, a bordo de un auto de alquiler, fueron interceptadas sobre Avenida Patria, cerca del cruce de Vallarta, por sujetos armados que circulaban en una motocicleta y otro automotor.
Mientras los criminales se llevaban por la fuerza a la funcionaria, las otras féminas solicitaron el auxilio de las autoridades zapopanas y posteriormente de la Fiscalía del Estado. Diversas dependencias coordinadas iniciaron la búsqueda de la privada de libertad y las investigaciones de rigor. También se estableció comunicación con el Gobierno de Michoacán, se catearon diversos inmuebles, entre ellos el hotel donde las víctimas registraron su estancia, y se inspeccionaron los videos de cámaras de vigilancia pública y privadas. A nivel nacional el escándalo fue mayor y el pronóstico muy pesimista del posible destino de Yolanda.
Se contaba con información de que la alcaldesa, de extracción panista, había recibido amenazas de muerte por negarse a incluir en la Comisaría a personajes recomendados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que le valió solicitar licencia sin goce de sueldo por 60 días al Cabildo cotijense, tiempo que no se cumplió porque regresó 20 días después. Para el lunes 25, la Fiscalía de Jalisco tenía identificados los vehículos que participaron en el evento criminal y el perfil de los autores materiales.
La madrugada del martes 26 de septiembre, Sánchez Figueroa fue liberada por sus captores en Michoacán, donde avisó a la Comandancia de Policía de su municipio y abordó un autobús con destino hacia Cotija, siendo interceptada en el camino por elementos policiales que la resguardaron hasta su domicilio.
El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la mujer estaba sana y ya se encontraba con su familia. Horas más tarde, ella se presentó ante el Cabildo y posteriormente ante medios de comunicación dio algunas palabras que no aclararon su encuentro con sus captores.
El miércoles 27, sin explicar el móvil de la privación de la libertad, la Fiscalía de Jalisco informó de la captura de tres personas como presuntas responsables de la desaparición de Yolanda Sánchez. Se trata de los michoacanos Raúl A, Adrián A y Luis Miguel D, quienes fueron trasladados al penal de Puente Grande, donde quedaron a disposición de un juez de control y oralidad por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, imponiéndosele a todos medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, una vez vencido el término constitucional ampliado de 144 horas, auto de vinculación a proceso.
PRESIDENTE DE TEOCALTICHE
Otro munícipe que no la ha pasado bien es el alcalde de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo Pedroza, después de que se conoció que en ladrilleras de esa demarcación se han incinerado durante los últimos años los cuerpos de personas que han desaparecido en la región Altos Norte de Jalisco por la disputa entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y CJNG. El sábado 3 de septiembre se registró un enfrentamiento a balazos antes del ingreso de la delegación Belén del Refugio, en el que perdieron la vida dos elementos de la Policía municipal. Vallejo Pedroza comunicó que se trató de un atentado en contra de su persona, sin que resultara lesionado.
La Fiscalía de Jalisco difirió sobre la versión del primer edil y las circunstancias de la balacera, señalando a través de un comunicado que las víctimas directas del ataque armado fueron los policías y no se tenía confirmada la presencia del presidente municipal en el hecho, sin que pudiesen localizar a Vallejo Pedroza para aclarar su dicho. Por el contrario, durante los siguientes días se negó a atender al personal del Ministerio Público y a elementos de la Policía Estatal, por lo que sería citado mediante cédula oficial sobre el supuesto atentado.
El municipio continuó caliente y autoridades estatales comenzaron a madurar la idea de intervenir la Comisaría de Teocaltiche. El 26 de septiembre, dos soldados del Ejército Mexicano resultaron heridos de gravedad tras detonarles uno de los artefactos explosivos asegurados dentro de una camioneta, donde también encontraron un arma larga, chalecos antibalas, cartuchos y cargadores. Tres días después, tanto la Secretaría de Seguridad estatal (SSPJ) como la de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron una inspección a las instalaciones de la Policía local, sin que se diera a conocer hallazgo alguno.
El lunes 2 de octubre, la Policía Estatal desmanteló dos centros de video vigilancia clandestinos que servían al crimen organizado para el monitoreo en tiempo real de las calles y la vida cotidiana en ese municipio alteño, siendo detenidas tres personas que habían escapado inicialmente de la presencia de los gendarmes. Uno de los centros de control se localizó sobre Calle Rosa del Oriente, mientras que el segundo estaba en la colonia El Tanque. En ambos sitios había pantallas, equipos de cómputo, antenas, motocicletas y automóviles sin placas, además de una chamarra con logotipos de la Guardia Civil de Nuevo León y otras dos prendas con sectores de la Policía de Zacatecas.
Un día después, fue descubierto un tercer punto de monitoreo donde había nueve pantallas que captaban imágenes de cámaras clandestinas instaladas en Teocaltiche, dos armas de fuego, 10 chalecos tácticos, ocho placas balísticas, un dron con cinco baterías, vestimenta táctica y 42 “poncha llantas”. Las sorpresas no concluyeron ahí, pues el miércoles 4 de octubre se informó del aseguramiento de un inmueble en la misma colonia El Tanque, donde había 40 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, 40 explosivos artesanales, 10 artefactos incendiarios y seis cajas de fulminantes, además de materia prima para elaborar explosivos. No hubo detenidos.
ALCALDES ASESINADOS
Durante el actual sexenio federal han sido asesinados 19 presidentes municipales, siete de ellos a partir del año pasado, registrándose el primero el 11 de enero de 2021 cuando sujetos armados ingresaron al domicilio del Benjamín López Palacios, elegido por la comunidad indígena bajo el sistema de Usos y Costumbres como alcalde de Xoxocotla, Estado de Morelos; le dispararon a mansalva. El 5 de febrero siguiente, fue privado de su libertad por individuos desconocidos el primer edil de Contepec, Michoacán, Enrique Velásquez Orozco. Dos días más tarde lo hallaron muerto en un predio del municipio.
El 10 de marzo fue victimado a tiros el gobernante municipal de Aguililla, Michoacán, César Arturo Valencia Caballero, un hombre muy querido por sus votantes. El emanado del Partido Verde Ecologista Mexicano fue acribillado por un comando armado que le disparó cuando circulaba a bordo de su camioneta a unas cuadras de la Presidencia local. El 8 de junio de 2022, sujetos empistolados aguardaron a que el alcalde de Teopisca, Chiapas, Rubén Valdez Díaz, saliera de su casa para cazarlo a balazos, sin que tuviera oportunidad de defenderse.
El primer edil de San Miguel Totolapan, Guerrero, Conrado Mendoza Almeda y su padre, tuvieron un trágico final el 5 de octubre de esa anualidad, al ser ejecutados junto a otras 18 personas en una finca cercana a la alcaldía. Los autores fueron identificados como líderes de La Familia Michoacana, apodados El Pez y El Fresa. El 24 de noviembre, fue asesinado a balazos el presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, Crispín Hernández Vásquez; y el 30 de diciembre último, mataron con armas de fuego al alcalde de Rafael Delgado, Veracruz, Isauro Ambrosio Tocohua, cuando acudió a dar el pésame a una familia.
Pero no sólo los presidentes en funciones son víctimas de criminales, también sus antecesores, los ex alcaldes. Así, entre 2022 y 2023 han sido asesinados 13 de ellos. El 30 de marzo de 2022, aniquilaron al ex edil de Villagrán, Guanajuato, Salvador Acosta Guerrero; el 1 de agosto de ese año, el ex presidente municipal de San Sebastián del Oeste, Jalisco, Luis Alberto Arredondo López; el 10 de agosto, el munícipe de Rafael Lucio, Veracruz, José Allan Libreros Alba; el 1 de septiembre, el ex alcalde de Yecapixtla, Morelos, José Refugio Amaro Luna; el 10 de octubre, el ex gobernante de Teotlalco, Puebla, Guillermo Cortés Escandón; y un día después, el ex presidente municipal de Comacalco, Tabasco, Gregorio Arias Pérez.
El 25 de octubre del año pasado también mataron al exalcalde de Ébano, San Luis Potosí, Crispín Ordaz Trujillo; cinco días más tarde, en su casa, fue privado de la vida el ex presidente municipal de Isidro Fabela, Estado de México, Leonardo Mondragón; el 15 de diciembre, en un velorio, asesinaron al ex mandatario de Texistepec, Veracruz, Saúl Reyes Rodríguez; el 2 de marzo de 2023, en un triple homicidio, fue muerto el alcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez; el 1 de mayo, sobre la carretera al Aeropuerto en Tijuana, cayó sin vida el ex alcalde de Tonaya, Jalisco, Librado Álvarez Vizcaíno; y el 12 de agosto reciente, fue acribillado a tiros el ex alcalde de Coatlán del Río, Morelos y ex diputado Germán García Reynoso.
En el hecho más reciente, miércoles 11 de octubre, fue privado de la vida el ex alcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, Wilman Monje Morales, quien recibió nueve balazos cuando dejaba a su hijo menor a las puertas del Colegio México. El político, que militaba en Movimiento Ciudadano y presuntamente participaría en las elecciones de 2025, era víctima de amenazas.
