Con cinco agentes del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Baja California está por recibir 15 expedientes de presuntas comisiones de delitos que ya fueron judicializados por los Órganos de Control Interno, con el fin de que les dé seguimiento.
Del total de expedientes, 14 corresponden al gobierno de Jaime Bonilla Valdez y uno al de Francisco Vega de Lamadrid, detalló el fiscal especializado, Javier Salas Espinoza.
Aseguró que ha habido avance en algunos de los casos que se han judicializado, pero se han presentado juicios de amparo por parte de ex funcionarios acusados para que no continúen, como el caso de las facturas irregulares por mil 200 millones de pesos en el que son señalados ex servidores públicos del gobierno de Vega de Lamadrid.
Caso similar al de la planta fotovoltaica de Next Energy, en el cual “los imputados tienen una suspensión para que no se inicie el juicio hasta que no se resuelva, (el juicio) ya llegó a la etapa intermedia, pero están suspendidos hasta que no se resuelva el juicio de amparo”, reiteró Salas.
A propósito de señalamientos a funcionarios de la actual administración, como el condicionamiento de apoyos sociales y conflictos de interés que pudieran ser objeto de una investigación de oficio, Salas Espinoza indicó que a partir de la creación de la Fiscalía Anticorrupción se deben recibir las denuncia o seguir de oficio si así procede, pero “no lo hemos hecho porque todavía no tenemos toda la infraestructura para llevarlo a cabo, pero en su momento lo vamos a hacer”.
En julio de 2023, Javier Salas fue designado al frente de la Fiscalía Anticorrupción y, a tres años de haberse creado la institución, el principal reto es que funcione en todos los municipios de Baja California, ya que actualmente sólo opera en Mexicali. De acuerdo con el funcionario, para instaurarla se requiere de 50 personas, entre otras necesidades, aunque destacó, existe voluntad para que la Fiscalía General del Estado asigne recursos suficientes para trabajar.
