Con el argumento de que pretenden incentivar la economía y la inversión, el Gobierno de Baja California emitió un decreto para exentar del 70 por ciento del cobro de agua a empresas multimillonarias del Estado, dedicadas al ramo aeroespacial y de microcircuitos, así como el 100% del cobro de derechos de conexión, hasta el 31 de diciembre de 2023.
A finales de octubre de 2022, diputados de mayoría morenista aprobaron un incremento en el cobro del recurso hídrico para la mayoría de la población, cuando, de forma paralela, el Estado preparaba un esquema de condonación del pago de agua a empresas de mayor poder adquisitivo del Estado, precisamente las que más consumen recurso hídrico en Baja California.
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Justificando que los bajacalifornianos somos “bendecidos con el bajo costo del agua”, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió el costo político e incrementó del 6 al 12% el costo del recurso hídrico, aunado a los aumentos naturales derivados de la inflación.
Lo que no se comentó es que se tenía previsto que el 22 de diciembre de 2022, mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, firmado por Ávila Olmeda y el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, prácticamente regalarían el recurso hídrico por un año, lo que evidentemente se contrapone a la realidad que se vive en la entidad, donde se cuenta con un estrés hídrico y anualmente se ha implementado una serie de medidas de reducción de la disponibilidad de agua para el Estado por parte del Río Colorado. Reducciones que han alcanzado hasta 128 millones de metros cúbicos de agua al año, es decir, más del consumo anual de toda la mancha urbana de Mexicali.
De acuerdo a información de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali (CDIM), son 28 empresas de la Capital bajacaliforniana que se dedican a la industria aeroespacial, además de otras 40 especializadas en la industria electrónica, entre estas, varias del ramo de microcircuitos y semiconductores.
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Para el doctor Alfonso Cortez Lara, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), esto representa lo contrario al discurso de “justicia hídrica” que supuestamente viene a ofrecer el Poder Ejecutivo durante la gestión de la morenista.
“Tu forma de promover inversiones, es regalar los recursos, lo mismo se hizo con Constellation Brands, no sé si eso es una buena manera, porque una vez que están aquí te mal acostumbras, sí tú a mí me regalas el año, el otro año te exijo que me la regales, a mí me la cobraste, por qué me la estabas regalando”, refirió.
ZETA buscó la versión de Armando Samaniego y Armando Carrazco, respectivos titulares de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), pero no ofrecieron información al respecto.
En un análisis realizado por este Semanario con especialistas e información disponible en estudios públicos, se constató que el proyecto pretende beneficiar a una empresa: Skyworks Solutions.
EL DECRETO
El 22 de diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que su título no precisaba muchos detalles, pero al estudiarlo con detenimiento, se pueden identificar cinco páginas en las que se pretende condonar el pago de recurso hídrico a las empresas de la industria aeroespacial y de microcircuitos.
El documento no menciona estudios específicos ni analiza a profundidad la situación hídrica de Baja California. Por el contrario, la única justificación es económica y pretende dotar de beneficios fiscales para promover la industria y la inversión en BC, además de reconocer que es facultad del Estado brindar condiciones para que eso ocurra.
“Las extensiones son una forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características y sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer finalidades de índole económico, político y social”, refiere el punto décimo segundo, en el que también se justifica que “evitan la aplicación de parámetros comunes de tratamiento que resulten excesivos e injustos”.
Si bien, existe un numeroso grupo de empresas que podrían ser beneficiadas en este contexto y justificación, el Poder Ejecutivo establece cuatro puntos como requisito para acceder a ese beneficio:
1. Se dedique al diseño, fabricación, manufactura y ensamble de microcircuitos y/o componentes aeroespaciales.
2. Cuenten con al menos un proyecto técnico o arquitectónico de planta de tratamiento de aguas residuales, donde la empresa las reutilice y/o disponga de ellas de conformidad con la normatividad aplicable al cuerpo receptor de donde se descarguen tales aguas.
3. Que la implementación de su proyecto de inversión de instalación y/o ampliación sea de por lo menos cien millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, dentro de las instalaciones, agencias o sucursales instaladas dentro del territorio del Estado de Baja California.
4. Generar cuando menos 300 empleos directos.
Para hacerse de este beneficio, la empresa deberá presentar documentación que demuestre a qué se dedica y cumplir con los requisitos. La información será revisada por la Secretaría de Economía y a su vez la turnará a Hacienda, no obstante, la entidad que hará efectivo el decreto será la Comisión Estatal de Servicios Públicos de cada municipio.
El documento refiere que los pagos de derechos realizados con anterioridad no podrán devolverse a la empresa y fija como plazo máximo para recibir el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2023.
Aunque el decreto es abierto a cualquier industria, algunos elementos sugieren el origen del planteamiento, como el hecho que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa Skyworks, ubicada sobre Bulevar Carranza de Mexicali y que cuenta con dos plantas con más de 6 mil empleados.
Por medio de un boletín de prensa hecho público el 5 de agosto de 2022, directivos de la empresa refieren su intención de invertir 100 millones de dólares para la ampliación de sus plantas.
“La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó su compromiso de apoyar a empresas como Skyworks, que, con más de 50 años de operación en la entidad y planes de crecimiento por 100 millones de dólares, buscan mantener y fortalecer su posición con nuevos proyectos. Así lo expuso la mandataria en una reunión con directivos de la compañía”, reza el comunicado enviado a medios informativos del Estado.
Según un estudio realizado por Contraloría del Agua de Baja California, Skyworks Solutions cuenta con dos plantas especializadas en semiconductores y, de acumular el gasto de agua en las dos instalaciones, se convertiría en la industria de mayor consumo de agua en la Capital bajacaliforniana.
El último estudio data de 2018 y la empresa no ha hecho ampliaciones, por lo que, de mantenerse en cifras similares, la primera planta erogaría un estimado de 249 mil 960 metros cúbicos al año; mientras que en la segunda planta se alcanzarían 244 mil 836 metros cúbicos en el mismo periodo.
En total, la trasnacional eroga 25 millones 958 mil 530 pesos por ambas plantas. De alcanzar un incentivo del 70%, la empresa ahorraría 18 millones 170 mil 971 pesos -según cifras reconocidas en 2018-, lo que evidentemente podría ser más debido al incremento de precios derivados de la inflación.
El documento brinda algunos indicadores sobre nueva inversión o ampliación, pero no especifica si el decreto sólo beneficiaría -en caso de ampliación- en el segundo supuesto o a toda la planta, lo que deja abierto el escenario para grandes condonaciones.
NADA MÁS ALEJADO DE LA JUSTICIA SOCIAL: CORTEZ LARA
El planteamiento del decreto es meramente económico, al no analizar la situación de estrés hídrico ni los recortes de agua anunciados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Curiosamente, sólo impone obligaciones de revisión a la Secretaría de Economía en los puntos 3 y 4. Es decir, en la inversión de 100 millones y la generación de 300 empleos directos, pero los otros dos puntos no son responsabilidad de nadie.
Un estudio de la CILA correspondiente a 2020 refiere que Skyworks emite descargas de volúmenes aguas residuales mensuales de 23 mil 260 metros cúbicos, aunque no especifica detalles para los centros de tratamiento de aguas de descarga, ni otros requisitos determinados.
“Voy a quitar recargos y multas a la gente común, pero que me paguen el agua. Te vas a ese sector, pero con el ánimo de un desarrollo sustentable y eso va en contra de los principios de mercado, cualquier agua que regales no vas a cuidar, no te interesa mucho el consumo porque no lo van a cobrar, ni conexiones ni nada; es un desincentivo para usar el agua”, advierte el especialista de El Colef, Alfonso Cortez Lara.
En entrevista con ZETA, aclaró que no hubo requisitos específicos para ese incentivo, salvo que generen una inversión de 100 millones de dólares y 300 empleos que, a su juicio, no son nada para el beneficio del ahorro de gasto de agua que recibirán.
Consideró que la Comisión Nacional del Agua y CESPM son frágiles para la revisión del manejo de descargas, por lo que duda que exista una revisión real sobre el tema.
A su juicio, un verdadero estímulo consciente sería brindar un crédito o algún tipo de aliciente para el arranque de un proyecto o la ampliación del mismo, pero no mediante la incentivación de la cultura del impago, pues mientras que a los ciudadanos se les ofreció un decreto para condonar multas y recargos, a las empresas se les regala el 70% de su consumo.
“Atraerlos es decir que no te va a costar nada, un recurso escaso, aunque digan que está asegurada el agua; hay una tendencia a la baja regional, global y en Baja California. Entonces, no se sí es un mecanismo congruente con el contexto de estrés hídrico, justicia hídrica”, reclamó el académico, quien dice no entender cómo una empresa que puede invertir 100 millones de dólares, no pueda pagar el agua en una zona como Baja California.
“No sé si eso sea adecuado ni de conexión, hay un gasto de inversión, de conexión, cuando van a tu casa y los que siguen, te están cobrando a la red, a la conexión que va por la calle y a tu casa, y una proyección de drenaje; hay un costo de inversión que lo absorbemos los otros usuarios, no lo hace Kurt (Honold) ni los empresarios de Tijuana”, recriminó el miembro de El Colef.
Por último, expuso que esa explicación debería darse a los sectores restauranteros, a los comerciales, que también generan empleos y se ven obligados a pagar el 100% del cobro de agua.
