En marzo de 2022, el 8% de la fuerza policiaca de Baja California estaba comisionada a la protección personal de funcionarios, hombres y mujeres de negocios. En total, 532 elementos asignados a resguardo.
En agosto de 20023, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, reclamó que gran porcentaje de su tropa se encuentra comisionada para la vigilancia privada, cuando se trata de policías con funciones públicas, lo que evidentemente genera una merma en la atención de delitos.
En la misma reunión, anunció que para 2024 pretendía retirar a todos los elementos estatales de la vigilancia privada, la cual limitaría sólo a funcionarios que por sus responsabilidades requieren de protección. A su juicio, sólo representantes populares como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda o los alcaldes, funcionarios encargados del manejo del recurso y de Seguridad Pública, además del secretario general de Gobierno, requieren de protección especial; el resto -consideró- no son prioridad.
Actualmente diputados, regidores, funcionarios de primero o segundo nivel, esposos (as) y hasta hijos que no sufrirían riesgo alguno, cuentan con vigilancia especial con cargo al erario, salvo las excepciones de empresarios que cubren el pago por contar con vigilancia especial.
El secretario de Seguridad ha advertido de la realización de 30 estudios de riesgo para determinar si una persona requiere vigilancia especial, pues incluso asignar policías a esa tarea está fuera de los ordenamientos de la Licencia Colectiva 186, que regula el uso de armas de fuego de las corporaciones de Baja California.
ASIGNAN ESCOLTAS SIN PASAR POR ESTUDIOS DE RIESGO
Peticiones de acceso a la información realizadas por ZETA confirman que se han realizado 35 análisis de estudio de riesgo para servidores públicos y empresarios, para lo que se requirieron 57 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) para los primeros, y cantidad similar para los segundos mencionados.
Sin embargo, las revisiones también han sido para retirar poco a poco a los elementos comisionados como escoltas y asignarlos a áreas operativas “para cumplir con la norma del armamento de Seguridad Pública, en septiembre retiramos nueve, en octubre diez, en noviembre servicios, cuatro, con nueve elementos, para poder reincorporar a todos a la institución de seguridad”, refirió el General Aguilar.
El funcionario aclaró que no desaparecerá el servicio de escoltas, pero se limitará a quienes sí se comprueba que corren un riesgo y para la atención de visitas diplomáticas, secretarios federales, entre otros. Tres periodistas y activistas cuentan con protección especial por situación de riesgo, lo cual continuará.
En dos años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha recaudado 20 millones de pesos por concepto de escoltas, recurso que es entregado a la Secretaría de Hacienda, no así a la de Seguridad.
Aguilar Durán reconoció que muchos funcionarios, empresarios y representantes populares no requerían escoltas, pero contaban con ellos, por lo que, tras suspender los servicios, les ofrecieron los datos de las empresas de seguridad privada avaladas para brindar protección. “No vamos por una recaudación de mantener un mercado que no nos pertenece, sino cumplir con la norma. En coordinación con Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y la licencia colectiva, se retirarán estos guardias porque no están dentro de la norma”, reiteró el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.
MUNICIPALES NO DEBEN SER ESCOLTAS
Las policías municipales también destinan elementos para la seguridad personal:
* Tijuana, 122 agentes
* Ensenada, 33
* Rosarito, 20
* Tecate, 19
* Mexicali, 17.
* San Felipe -según Transparencia- ninguno
* San Quintín se negó a proporcionar tal información.
El General Aguilar Durán sostiene que esto no debería suceder, al no haber “una reglamentación (para que policías municipales cumplan función de escoltas), ya hablamos con los municipios y esto aplica para todos; los municipios están adheridos a la licencia colectiva y debemos aplicarnos a los ordenamientos de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, debemos acatarla”, aunado a que en la última reunión del Consejo de Seguridad, se les solicitó regresar a los policías a la institución.
Por respuestas a solicitudes de Acceso a la Información en los ayuntamientos, se determinó que ninguna institución de Seguridad Pública Municipal ha efectuado estudios de riesgo para establecer si algunos funcionarios requieren escoltas; en algunos casos refirieron que es labor de la SSC.
